Conocer por causas, actuar por fines. Por Juan Manuel Casella

1.- Causas y fines. En la más esquemática y reducida de las definiciones, la política es el arte de organizar la convivencia en sociedades cada vez más complejas, donde existen intereses diversos, en la mayor parte de los casos legítimos pero al mismo tiempo contradictorios, generadores de situaciones y conflictos serios, dolorosos y destructivos que a menudo se platean como una cerrada defensa del interés sectorial y solo se pueden resolver a partir de un criterio integrador.
La solución de esos conflictos requiere la ejecución de dos movimientos sucesivos: en primer lugar, el análisis de las causas que los provocan y de sus consecuencias. A partir de esa determinación causal, el segundo movimiento consiste en la elaboración y aplicación de las líneas de acción concretas que nos sirvan para superarlos. Esos dos movimientos deberán ejecutarse a partir de una decisión estratégica de carácter previo que defina el fin último a alcanzar, el objetivo de fondo, el punto en el horizonte que asegure el destino cierto. La sustentabilidad del proyecto depende de que las soluciones elaboradas caso por caso sean compatibles con ese propósito final.
En una sociedad democrática, el objetivo consiste en diseñar un sistema institucional que asegure las libertades individuales y colectivas y el mayor nivel posible de igualdad en el acceso a los bienes materiales. El equilibrio social sólo podrá asegurarse cuando la libertad se apoye en la posibilidad real de que todos alcancen cierta calidad de vida, porque el orden republicano no debe ser solo una trama jurídico formal destinada a regular y limitar el poder del Estado, sino que también debe impedir la concentración patrimonial y la consolidación de privilegios económicos que deslegitimen la propuesta. La justa distribución del ingreso será entonces, garantía de libertad.
Queda claro que este objetivo final también debe articularse con la manera en que se resuelvan otras contradicciones, en este caso derivadas del tipo de conflicto que caracteriza a las sociedades capitalistas: en el plano político, la oposición entre orden y libertad; en materia económica, la relación Estado-mercado o la disyuntiva iniciativa: privada-planificación pública. La forma de saldar esos opuestos relativos influirá en la mayor o menor coherencia del modelo
2.- Democracia precaria y frágil. A comienzos de los años 80 del siglo pasado, el pueblo tomó una decisión histórica: terminar con cincuenta años de tutela militar que nos llevó a la tragedia. Lo hizo de la mejor manera posible, mediante elecciones de absoluta transparencia y sometiendo a la justicia ordinaria a quienes concibieron y ejecutaron la violación sistemática de los derechos humanos. Al mismo tiempo, resolvió incorporar a la memoria colectiva esas violaciones, para garantizar que no se reiteraran nunca más.
Han pasado treinta y siete años desde ese momento estelar de reconstrucción democrática. Evaluaremos los resultados, para saber si nos aproximamos al objetivo final de construir una sociedad libre e igualitaria. Ese examen demostrará que estamos lejos porque nuestra democracia exhibe defectos y omisiones de fondo que la colocan en situación precaria de extrema fragilidad.
El sistema político, tal como funciona hoy, ha descartado el valor de las ideas y la visión de largo plazo, reemplazándolos por un pragmatismo calculador y especulativo vinculado con intereses individuales.
Los partidos políticos han perdido representatividad social. El peronismo, porque sigue preso de sus reflejos autoritarios (“Vamos por todo”) y oscila entre la validez de la ley de autoamnistía, los indultos y la denuncia de la dictadura militar: entre el neoliberalismo privatizador y desregulador y la ficción especulativa de un progresismo izquierdoso; entre la verdad y el falso relato; entre la defensa del interés popular y la corrupción impune. El radicalismo, porque a partir de 1987, mostró dificultad para retener el poder que el pueblo le otorgó, porque da la sensación de no saber administrar la economía y porque su conducción actual decidió sacrificar su identidad y su autonomía, a cambio de algunas candidaturas sin contenido y algunos puestos sin importancia. La derecha conservadora, que se autocalificó de eficientista y gestionadora, porque fracasó cuando desde el gobierno debió demostrar esas virtudes y así confesó que su techo parecer ser el nivel municipal.
Subsisten los defectos tradicionales que entorpecen el funcionamiento democrático: la deformación corporativa, que implica la defensa absoluta del interés sectorial; la anomia, que lleva a concebir la ley como un obstáculo a superar y no como una regla objetiva de conducta; la ventaja personal a cualquier costo, por encima del interés colectivo y del compromiso ideológico.
Un Estado ineficiente, pesado y bobo (muchas veces a propósito) está lejos de representar un factor dinámico de administración de lo público y mucho más lejos de constituir el referente ético que teorizó Hegel. En estas condiciones, es un motivo central del atraso que nos agobia.
La realidad económica. El bajo crecimiento promedio que caracterizó al período en examen, se convirtió en estancamiento en el 2011 y en recesión lisa y llana a partir del 2019. Los problemas de fondo son siempre los mismos y parecen insolubles: la cuestión fiscal (un gasto público que no puede financiarse con recursos genuinos, generando endeudamiento para gastos corrientes e inflación) y el sector externo (que no produce las divisas necesarias, ya no para financiar el crecimiento, sino siquiera para pagar la deuda) provocan la reiterada ruptura de contratos, con la lógica consecuencia de inestabilidad que causa la caída de la inversión.
El campo, uno de los pocos sectores que protagonizó un profundo cambio tecnológico, con efectos directos en el nivel de producción, ya no alcanza para compensar el estancamiento del resto de la economía. La crisis recurrente es en realidad, siempre la misma, en episodios reiterados que tienen origen similar.
La economía informal, la evasión y la elusión impositivas, no solo desfinancian al sector público sino que además profundizan por izquierda la tendencia a la concentración del ingreso y consolidan los privilegios. El sistema bancario tiene un tamaño insuficiente, no genera el crédito productivo que podría impulsar el crecimiento, desprotege a las Pymes y termina prefiriendo al Estado como cliente.
La fractura social La cuestión más grave (y la más indignante) es la combinación de pobreza y exclusión social. Un tercio de los argentinos vive fuera del sistema o está al borde de la expulsión, sobrevive a partir de subsidio público y ha perdido (o corre el riesgo de perder) la confianza en su propia capacidad productiva, porque siente que no tiene salida laboral.
Una situación de esa naturaleza implica la existencia de dos mundos que solo se relacionan por el conflicto. El equilibrio social está roto, y esa ruptura implica un riesgo enorme para la convivencia pacífica. El mercado por sí solo, produce eficientemente pero no distribuye. Por el contrario, librado a su propia dinámica, tiende a concentrar el ingreso. Solo las políticas públicas podrán compensar esas desigualdades que el cuarenta por ciento de informalidad y desocupación estructural no hacen más que agravar.
De ahí, la precariedad y la fragilidad que sumadas a la falta de representatividad del sistema político, abren espacio para las aventuras populistas y autoritarias que, como lo indica la experiencia comparada, ponen en riesgo la continuidad democrática.
3.- La construcción del futuro. El futuro no depende de la suerte. El azar, entendido como la inmensa variedad de circunstancias imprevisibles, por supuesto que influye. Pero cada persona está en condiciones de orientar su propio destino a partir de una buena información, del análisis adecuado de los datos y de decisiones racionales tomadas con la perspectiva adecuada, en función del largo plazo.
La cuestión se complica cuando se trata del futuro colectivo, del futuro de la sociedad. Porque allí convergen miles de decisiones individuales descoordinadas, muchas veces discrepantes y a menudo irracionales, o adoptadas en función de criterios subjetivos cuyos motivos no se perciben ni se informan. Pero aún reconociendo esa mayor dificultad, una sociedad relativamente organizada está en condiciones de definir sus metas y buscar la forma de alcanzarlas.
Para hacerlo, necesita contar con un marco político institucional y económico social que acompañe y facilite ese intento, Las propuestas que siguen pretenden ser un aporte en ese sentido.
El marco político institucional. A partir del estado actual del sistema político, proponemos:
· En el corto plazo, fortalecer sus bases de sustentación, a partir de una convocatoria que incluya a los sectores políticos con representación parlamentaria, a los sindicatos, a la representación empresaria y a los intelectuales. Esa convocatoria tendrá como objetivo incorporar capacidad de análisis y propuesta, agregar nuevas visiones y revalorizar las ideas.
· Con carácter permanente, constituir el Consejo Político Económico Social como forma de institucionalizar el método de convocatoria y consulta. El Consejo funcionará sin afectar las facultades del Congreso y del Poder Ejecutivo y evitará las deformaciones corporativas. Su función básica consistirá en diseñar, consensuar y proponer acuerdos sobre políticas de largo plazo aplicables a aquellos sectores esenciales para el crecimiento del producto.
· Jerarquizar la función estatal de planeamiento a largo plazo, al estilo del Consejo Nacional de Desarrollo que condujo Roque Carranza.
· Incorporar el concepto de “Áreas de identificación intersectorial”, concebidas como el conjunto de metas y propósitos en los que coincidan los intereses objetivos de distintos sectores productivos y el Estado, con relación a ciertos resultados deseables para los grupos de interés convergentes en cada caso. Ejemplo: la mayor productividad de la empresa y el incremento del consumo son objetivos que interesan a los trabajadores, a los empresarios y al Estado, porque permiten mejorar el salario, garantizar la justa renta empresaria, incrementar la actividad económica general y elevar la recaudación impositiva.
· Impulsar la reforma del Estado. El funcionamiento del Estado en sus tres niveles constituye uno de los cuestionamientos centrales de la sociedad civil en su relación con el sector público. La sensación de ineficiencia y aún ausencia en la prestación de servicios básicos, de improvisación y descontrol en materia de gastos e inversiones, es un lugar común en la opinión general. La modernización de formas y procedimientos, la incorporación de tecnología, la transparencia en la disposición de los recursos públicos y la adjudicación clara y pública de responsabilidades funcionales concretas deben ser, junto con la dimensión del sector y su costo, contenido cierto de la reforma inevitable.
La economía
· Las dificultades estructurales de la economía –que siempre sin las mismas, pero con efectos que se agravan en el tiempo- requieren un plan integral y una ejecución coordinada que hoy no existen. El plan no puede limitarse a la renegociación de la deuda. Debe incluir ese tema por dos razones: porque sin refinanciación no tenemos otro destino que un nuevo default, pero al mismo tiempo, porque sin plan se dificulta la renegociación. La orientación general del plan debe apuntar a la salida por vía del crecimiento, porque sólo es posible una justa distribución del ingreso a partir de una economía altamente productiva.
La alusión a “una ejecución coordinada” tiene que ver con las dos últimas experiencias –la del gobierno anterior y la del actual- que en ambos casos, exhibieron una conducción económica dispersa y casi incomunicada. Además, la profundidad de la crisis requiere que el gobierno convoque y constituya un comité de expertos que agregue certeza al diagnóstico y densidad técnica a la propuesta.
· La salida por vía del crecimiento impone una reforma tributaria. Los impuestos regresivos, que representan el porcentaje más importante de los ingresos fiscales, tienden a profundizar las desigualdades, porque gravan con las mismas tasas a ingresos y patrimonios muy diferentes ( IVA, impuestos al cheque, Ingresos Brutos). En esta materia, más allá de la facilidad recaudatoria, debemos tomar en cuenta que además de financiar el presupuesto público en los tres niveles, el impuesto cumple una función redistributiva que debe promover el mayor nivel de igualdad posible. El proyecto Delleville/ Conesa/ Zunino es un buen punto de partida para abordar la reforma.
· El sector externo. A partir de la crisis del 30, funcionó como un limitante que condiciona a una sociedad que no ha logrado completar el proceso de inserción en los mercados mundiales y que después de la Segunda Guerra, otorgó prioridad al mercado interno, sin tener en cuenta los profundos cambios de dimensión y naturaleza en el comercio internacional. La política arancelaria y el tipo de cambio deben diseñarse a partir de la necesidad de eliminar ese cuello de botella que además, limita nuestra perspectiva de desarrollo industrial porque dificulta el acceso a los bienes de capital y a los componentes que debemos importar sin alternativas. La elección de los sectores en los que contamos con ventajas competitivas sustentables –es decir, que no aparezcan solo con la variación del tipo de cambio- es un capítulo básico en la tarea de profundizar nuestra inserción en el comercio internacional.
La fractura social. Podemos parecer reiterativos, pero es necesario insistir: el treinta y cinco por ciento de pobreza y exclusión constituye una situación inmoral, absolutamente injusta y peligrosa desde el punto de vista de la convivencia pacífica. Las reflexiones que siguen tienen el propósito de aproximarnos a una respuesta coherente al respecto.
· La desocupación estructural, que desde los noventa es un componente constante de nuestra realidad social, obedece básica aunque no exclusivamente, a dos causas: en primer lugar, a la falta de crecimiento. Luego, a la evolución tecnológica-robótica, inteligencia artificial, internet de las cosas- que convierte en innecesario el trabajo humano. La experiencia comparada demuestra – Alemania, Estados Unidos- que en sociedades que invierten en el cambio tecnológico como rutina habitual, el crecimiento impulsa la aparición de nuevas actividades que compensan la desaparición de otras.
Para producir el crecimiento y la creación de nuevos empleos, hace falta la convergencia de dos elementos: la inversión en la economía real y la capacitación para el manejo de nueva tecnología. A partir de esos componentes, el trabajo registrado pasará a ser el primer factor de igualación social.
· La dimensión del trabajo informal alcanza al cuarenta por ciento de la masa laboral. Es obvio que la lucha contra la informalidad es un capítulo básico en el camino hacia la igualdad, porque los trabajadores en negro viven en la desprotección, perciben ingresos inferiores y desfinancian al sistema previsional y a las Obras Sociales públicas ( PAMI, IOMA).
La lucha contra la informalidad está directamente vinculada con la reforma impositiva y el acceso al crédito, porque con la carga impositiva actual y las tasas de interés vigentes, el trabajo en negro es el único recurso que permite la subsistencia de muchas PYMES.
· El modelo sindical argentino opera, en los hechos, en base al trabajo registrado, que habilita la afiliación sindical y la representación gremial. No se trata de que la dirigencia se despreocupe de la informalidad, pero desde el punto de vista del funcionamiento legal del sindicato, los trabajadores informales y los desocupados aparecen como un componente no previsto. Es necesario introducir reformas en la ley sindical que permitan algún tipo de representación de esos sectores, de forma tal que su defensa esté regulada y constituya un factor de integración.
· Desde el punto de vista del mundo del trabajo, la escuela pública debe retomar su histórica función de promover la integración social.
Hoy, la escuela actúa, en los hechos y por lo menos en cierta medida, profundizando las diferencias sociales, porque en los grandes centros urbanos es el refugio de los más carenciados, que por necesidad y mas allá de su voluntad, buscan asistencia alimentaria por encima de la instrucción cultural básica. Así, la escuela se convierte más en un espacio de contención que de formación.
La posibilidad de conseguir trabajo formal y bien remunerado depende cada vez mas del nivel de capacitación. Sin educación primaria y secundaria esa búsqueda –ya limitada por la falta de crecimiento- se convertirá en tarea imposible. Por eso, la recuperación de la escuela pública pasa a ser un factor esencial en la lucha por la justicia social.
La universidad deberá operar como un impulsor del crecimiento en la medida que promueva las carreras técnicas y profundice las áreas de investigación y desarrollo, en fuerte vinculación con las necesidades del aparato reproductivo.
· El subsidio estatal es imprescindible ante la magnitud de la brecha social. Pero la solución de fondos es el crecimiento y el trabajo registrado, no la continuidad indefinida del subsidio. Lo es para el buen funcionamiento de una economía que aproveche en plenitud los recursos humanos de que dispone, pero básicamente por razones de dignidad personal. El subsidio favorece la dependencia política, el negocio punteril, reduce la autonomía de decisión personal, condena a la impotencia. Salva del hambre, es cierto y para eso hay que usarlo. Pero a costa de alejarnos de la igualdad.
CONCLUSION: La pandemia que nos angustia genera el efecto negativo de poner en riesgo la salud, pero también el efecto positivo de demostrar el acierto de nuestras definiciones permanentes: la defensa de los desposeídos, porque acá y en el mundo son quienes padecen en mayor grado los daños que provoca el virus; el valor de los servicios públicos básicos, como salud educación y seguridad, la jerarquía moral de las personas por encima de los intereses económicos; la ética de la solidaridad como forma superior de respeto por el otro.
La construcción de una sociedad libre, abierta e igualitaria es el objetivo de todos los que adherimos a una divisa histórica, la Unión Cívica Radical, que más allá de errores, contradicciones y claudicaciones, ha sido un factor positivo para la efectiva vigencia de la democracia argentina. Las ideas que aquí exponemos, pocas y ya conocidas, sirven para ratificar, en un momento en el que el sistema político exhibe escasa jerarquía, nuestro permanente compromiso con la causa popular.
La estricta actualidad
La descripción que antecede es válida para los tiempos normales de un país que, paradójicamente, se acostumbró a vivir casi anormalmente. Pero aún computando el grado de anormalidad al que estamos habituados, el COVD 19 ha producido un impacto extraordinario y desequilibrante que nos obliga a modificar nuestra prioridades.
Hoy, el objetivo consiste en preservar la salud y en ciertos casos, la vida . Frente a esa exigencia superior, las ideas transcriptas pueden padecer extemporáneas, fuera de contexto, propias de otro momento.
Pero sin embargo, vale la pena difundir este trabajo. En primer lugar, para aprovechar el tiempo muerto de la cuarentena. Luego, porque en algún momento, la emergencia terminará y entonces será bueno que hayamos agregado alguna claridad a las cuestiones que nos preocupan cuando habitamos nuestro mundo normal, aunque lo que agreguemos consista nada más que en cierto orden temático.
Por supuesto, el propósito consiste en abrir el debate para sumar alguna claridad conceptual a nuestra marcha. Nada más.
Avellaneda, abril 15 de 2020.- JUAN MANUEL CASELLA
NOTA: El título de este trabajo no me pertenece. Es la adaptación de una frase de Norberto Bobbio, incluída en su notable análisis del pensamiento de Thomas Hobbes.-