Declaración económica de la UCR durante el golpe militar de 1976

 

El 14 de Abril de 1976, apenas veinte días después del golpe de Estado que ocurrió el 24 de Marzo de ese mismo año, el grupo de economistas más importante que tuvo la UCR a lo largo de su historia, produjo la declaración que a continuación transcribiremos.

Nos parece importante reproducirla ahora, 43 años después de emitida, por dos razones: en primer lugar, por su contenido concreto que en muchos párrafos y con lenguaje claro y coherente, transmite ideas aplicables a la actualidad y sustenta valores que en materia social, han sido permanentes en la historia del radicalismo. En segundo lugar, porque la declaración emitida poco después del golpe de Estado, e inmediatamente después de emitido el discurso del Ministro de Economía de los golpistas, José Martínez de Hoz, muestra a un partido prohibido y perseguido que aún en esas condiciones se esfuerza por comunicarse con el pueblo, difundir sus ideas y preservar y consolidar sus principios constantes. En ese sentido, ésta declaración sirve para subrayar el silencio, la falta de opinión y de crítica y la resignación de la conducción del radicalismo de hoy.

 

Juan Manuel Casella


 

 

Declaración económica abril 1976

La situación económica argentina y el nuevo programa

 

La opinión pública en sus distintas manifestaciones, había descalificado, nuevamente, la gestión del gobierno peronista. Lo hizo en 1955 y lo reiteró ahora, en 1976. Pero el pueblo argentino, ahora y antes, quedó decididamente adscripto a una política de firme progreso nacional y de enérgica defensa de postulados nacionalistas y populares. descalificó en dos oportunidades el populismo venal, corruptor e ineficiente, pero reafirmó, tantas veces como pudo, utilizando los recursos cívicos a su alcance, políticas transformadoras que rechazaran por igual las postulaciones de la extrema izquierda y la extrema derecha.

 

Nadie puede dudar de que el pueblo ha sido defraudado por el populismo, pero también es cierto que tiene aptitud y fuerza para respaldar una propuesta política de centro izquierda.

 

Acepta los sacrificios que se requieran, pero necesita tener conciencia de que el planteo de los problemas argentinos y las soluciones que se proyectan no lo son en beneficio de determinados estamentos sociales o económicos y en perjuicio de los trabajadores y la clase media.

 

La Junta Militar ha declarado que su intervención responde al propósito de evitar la disgregación del país a la que conducía “el desgobierno”, la corrupción y la complacencia. Ha afirmado, asimismo, su decisión de “promover” el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior restauración de una democracia republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del pueblo argentino”. Ha señalado la necesidad de la “concreción de una situación socio-económica que asegure la capacidad de decisión nacional y la plena realización del hombre argentino; en donde, el Estado mantenga el control sobre las áreas vitales que hacen a la seguridad y al desarrollo…” Ha destacado que se ha tomado “una decisión por la patria y no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni factor social alguno”. Ha puntualizado que “no será un gobierno patrimonio de sectores, ni para sector alguno”. Se propone la “obtención del bienestar general a través del trabajo fecundo con igualdad de oportunidades y un adecuado sentido de justicia social”.

 

Las decisiones del actual gobierno deben responder fielmente, tanto al cumplimiento de los objetivos enunciados cuanto al respeto a las consignas y definiciones que el pueblo ha hecho suyas al cabo de un largo proceso político.

 

La confianza y la comprensión que se requiere de la ciudadanía, depende así del propio gobierno.

 

En el plano político puede advertirse como un síntoma positivo el deseo de restaurar una democracia representativa, republicana y federal y el compromiso de que no habrá discriminaciones contra ninguna militancia política. No obstante, se ha dispuesto silenciar la opinión de las agrupaciones políticas. Es menester señalar con precisión cual es el modo y tiempo en que comenzara la acción de estas agrupaciones, así como el marco y normas a las que deberán ajustar su acción y militancia.

 

En el plano gremial tampoco tienen cabida las expresiones de los trabajadores, en tanto son interlocutores válidos los empresarios. Los trabajadores consienten -pueden aplaudir- la eliminación de los privilegios de sus dirigentes y de los fueros especiales que ellos mismos se asignaron, pero aspiran a que se respeten sus conquistas legítimas. Quieren que se modifique la Ley de Asociaciones Profesionales, pero para que exista una auténtica democracia sindical, base cierta de sindicatos fuertes, independientes del Estado, de los empresarios y de los partidos políticos.

 

En el plano de la enseñanza, el plan vigente para los próximos seis meses, esta muy lejos de suscitar esperanzas en torno a la acción que se encarará. Por lo contrario, existe la impresión de que la reorganización de la enseñanza no respetara el tradicional espíritu liberal que sostienen, desde hace muchos anos, los  mas amplios sectores de la opinión pública nacional.

 

En lo que se refiere a la economía, el análisis de un programa puede hacerse desde distintos puntos de vista, desde el exclusivamente técnico de la idoneidad de las medidas, para resolver a corto o mediano plazo, los problemas existentes y sin preocupación por las repercusiones políticas y sociales, o predominantemente desde estos últimos puntos de vista.

 

En la situación actual, con gravísimos problemas causados en gran parte por la inoperancia y errores del pasado gobierno y en otra menor por la inflación y recesión mundiales, que encarecieron las importaciones y redujeron, en algunos casos, los mercados de exportaciones, no puede dejar de preguntarse, si las medidas que integran el programa enunciado, en el discurso del Ministro de Economía, del 2 del corriente, son las técnicamente adecuadas. Pero la especial coyuntura política, que hace al éxito y posiblemente a la existencia misma del gobierno actual, hace imposible prescindir de la consideración de las repercusiones políticas y sociales.

 

Para poder cubrir razonablemente ambos objetivos, en una extensión aceptable, ha sido necesaria una selección de temas, dejando de lado otros, que también tienen importancia desde el; punto de vista de la política económica y de la organización administrativa. Las principales cuestiones se desarrollan en los títulos que siguen.

 

La transferencia de ingresos y sus efectos

 

El plan enunciado contiene elementos que implican una fuerte e injusta transferencia de ingresos entre distintos sectores de la población. Ellos están sustancialmente referidos al tipo de cambio, la reforma impositiva, los precios de los bienes de consumo y la política de remuneraciones.

 

La combinación de estos cuatro factores, tal como han sido instrumentados en el plan, producirá una traslación de recursos de los sectores trabajadores y la clase media a los sectores de altos ingresos. Paralelamente, la traslación se efectuará de toda la población, a través de sus consumos, hacia los sectores agropecuarios.

La traslación de recursos hacia los sectores de mayores ingresos produce a través de la regresividad de la reforma impositiva, de la liberación abrupta del sistema de precios y el simultáneo control de los salarios.

 

La transferencia hacia el sector agropecuario se lleva a cabo mediante una modificación desequilibrada de los tipos de cambio.

Las modificaciones impositivas implantadas liberaran fondos de los titulares de elevados ingresos y reducirán las rentas de los sectores de ingresos fijos, a través del traslado a los precios de los gravámenes que recaen sobre las empresas.

 

Salir del minucioso y arbitrario sistema de control de precios, que indudablemente afectó muy desfavorablemente a la inversión reproductiva, no implicaba la necesidad de hacerlo tan bruscamente, sobre todo cuando no están dadas las condiciones de una oferta fluida.

En estas condiciones los precios se fijan a elevados niveles, los que no guardan relación con los costos de producción y que responden, en cambio a expectativas de futuros aumentos de costos Será muy difícil que ellos se reduzcan, dada la poca flexibilidad hacia abajo que caracteriza, históricamente, a los precios en la Argentina.

 

Mucho más prudente hubiera sido enunciar el objetivo tendiente a fijar los precios por la ley del mercado, llegando a ello, en lo posible, mediante pasos sucesivos en la liberación de controles.

 

La fijación del tipo de cambio, por encima de su paridad, cuando ello se combina con precios agropecuarios altos en el mercado mundial, conduce a una disminución de los recursos de la población consumidora. Ello por dos efectos. Por una parte, por la incidencia directa del tipo de cambio sobre las materias primas importadas y la incidencia indirecta sobre las de origen nacional, y, por otra parte, al estimularse las exportaciones tradicionales, se elevan los precios  internos de consumos imprescindibles tales como el pan, la harina y la carne.

 

La consecuencia final del plan del actual gobierno lleva, irrevocablemente, a una reducción de la capacidad de compra de los consumidores, que por su intensidad producirá, en el futuro próximo, trastornos de suma gravedad en la evolución económica y social.

 

Desde el punto de vista económico, el menor consumo originado por la disminución de los salarios reales, reducirá la demanda de bienes y consecuentemente, la actividad productora de esos bienes. Ello implicará desocupación de hombres y equipos productivos.

 

En otro sentido, corresponde destacar que es un agravio que el estado obtenga gran parte de sus recursos del impuesto indirecto, que resulta del alto tipo de cambio, al tiempo que elimina la escala progresiva, para los contribuyentes de altos ingresos, a los que en el caso del sector agropecuario favorece decididamente con la política cambiaria y suprime el impuesto sucesorio en lugar de efectivizar su aplicación.

Tipos de cambio y mercado libre

 

Tan peligroso como mantener tipos de cambio sobrevaluados -como los existentes e el país desde fines de 1974 a mediados de 1975- es establecer una subvaluación del peso como la que existe en este momento.

 

Sabrevaluar la moneda nacional, implica desestimular las exportaciones, incentivar las importaciones y provocar salidas de capital por innumerables procedimientos, que el país conoce sobradamente.

 

Subvaluar el peso, en cambio produce una redistribución negativa de ingresos y constituye un factor importante de aumento de los precios, lo que se evidenció en ocasión de las reiteradas desvalorizaciones masivas producidas en el país.

 

La paridad del tipo de cambio es aquella que permite la salida sin inconvenientes de las exportaciones tradicionales, logrando que los productores agropecuarios obtengan retribuciones adecuadas.

 

Cuando un tipo de cambio está por encima de su paridad -como ocurre ahora- y se da su equivalente en pesos a los productores agropecuarios, se trasladan recursos a este sector restándolos al resto de la población. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en octubre de 1955, diciembre de 1958 y marzo de 1962. En esas ocasiones tales transferencias de ingresos produjeron recesiones en la economía y paradójicamente, no influyeron en el volumen de producción del agro. Esta probado que el incremento de la producción rural, no se obtiene automáticamente por el aumento de los precios. En el caso argentino, la causa mas eficiente del aumento de la producción de cereales, desde fines de la década del 50, fue la mecanización.

 

Del mensaje del actual ministro de economía surge claramente el propósito de llevar una mayor proporción de la negociación de divisas al mercado libre, con el objeto de aumentar los precios agropecuarios.

Ello sería un gran error, en cuanto tal transferencia se haga innecesariamente, pues obraría como acelerante del proceso de recesión e inflación.

 

Tanto el ministro de economía como el presidente del Banco Central se han referido a la conveniencia de establecer un mercado completamente libre de cambio. A la luz de la experiencia argentina consideramos que tal afirmación busca un efecto psicológico, pues sería sumamente peligroso llevar a la práctica tal idea. Es conocido que en todos los países y principalmente en los industriales, la técnica cambiaria consiste en dar la sensación de libertad, lo que se logra con adecuadas reservas de divisas, pero al mismo tiempo se mantiene una prudente vigilancia y control de los mercados de cambio para evitar las perturbaciones a que puedan dar lugar las grandes sumas de recursos que se trasladan de un país a otro. Dichas manifestaciones, despiertan muy serias preocupaciones por los desastres que los mercados libres originaron en el país entre 1962 y 1967. En esas oportunidades se dejaron sin efecto los mecanismos de defensa del mercado de cambios, para hacer más atractivo el ingreso de capitales. Los inconvenientes de tal actitud no se advirtieron en tanto el peso se mantuvo devaluado y no se produjeron episodios extraeconómicos que alteraron las condiciones de normalidad interna. Cuando estos episodios se produjeron, ocurrieron grandes éxodos de capitales extranjeros que, a su vez, arrastraron consigo importantes masas de capitales nacionales. Esto derivó en una grave crisis del sector externo que repercutió seriamente en la actividad interna.

 

Sería lamentable que se reiterara en el error de crear un mercado libre de cambios sin las debidas defensas, que convierten al país en una atracción para capitales exclusivamente especulativos. Estos capitales crean inicialmente un clima de expectativa favorable que se desvanece al primer inconveniente, pues entonces se retiran.

 

Resulta indispensable comprender el papel de servicio público que tienen las actividades de exportación e importación y la necesidad de tomar todas las medidas de vigilancia y control que aseguren la genuinidad de las operaciones, sin perjuicio de procurar que el ingreso y egreso de fondos se hagan con la mayor fluidez posibles.

 

Reforma impositiva

 

En la reforma impositiva implantada se introducen algunos ajustes que facilitan la determinación de los gravámenes. Pero al propio tiempo se producen modificaciones que implican sustanciales retrocesos desde el punto de vista de la equidad, no sólo con respecto a la reforma de 1973, sino también al régimen existente en la década del 30, cuando se modernizó el sistema impositivo argentino.

 

En el año 1975, más del 50% del déficit fiscal se financió mediante la simple emisión de dinero y otra proporción mediante la emisión de valores indexados. Ambas formas de financiación tienen fuerte carácter regresivo, como se explica seguidamente.

 

La extraordinaria emisión a que da lugar el déficit es otra cauda fundamental del alza de precios, como consecuencia de la excesiva demanda monetaria. Se trata de un impuesto implícito que recae sobre los precios de los bienes y, por lo tanto, absorbe una elevada proporción de los ingresos fijos. Por otra parte, los únicos que quedan a cubierto de los efectos de esta inflación, son los propietarios de bienes fijos, naturalmente los sectores más pudientes. No quedan a cubierto los que poseen ahorros monetarios y aquellos que dependen de ingresos fijos, que son los grupos de menores ingresos y que constituyen la mayoría de la población.

 

En cuanto a la financiación por medio de valores ajustables, de alta rentabilidad relativa, también es un modo de trasladar recursos a los sectores de mayores ingresos, pues son los que adquieren preponderantemente estos valores, cuyos ajustes deben abonarse por toda la población.

 

Las circunstancias anotadas hacen indispensable que el sistema impositivo trate de impedir su carga en proporción a la capacidad de pago de los distintos sectores sociales, para compensar en parte los efectos negativos que se han señalado. Es sabido, sin embargo, que la mayor parte de la recaudación impositiva proviene de impuestos indirectos que se trasladan a los consumidores finales, con lo cual también la carga impositiva recae en este caso con mayor peso sobre los sectores de menores ingresos. El propósito de hacer mas progresivo el sistema impositivo, fue uno de los objetivos perseguidos por la reforma de 1973, aun cuando debe admitirse que algunas de sus disposiciones  eran de compleja aplicación, lo que hubiera podido simplificarse sin mayores inconvenientes.

 

Ahora, con la reforma llevada a cabo, se eliminan los pocos elementos progresivos existentes, que procuraban hacer recaer una parte del peso tributario sobre los contribuyentes más pudientes. A eso se llega en esta reforma, mediante el procedimiento de aplicar el impuesto a las ganancias sobre las empresas con un porcentaje único y no sobre los accionistas, con lo que se elimina la aplicación de las tasas progresivas.

 

Además, es sabido que la empresa traslada la mayor parte de los impuestos directos (impuestos a las ganancias y al capital) a los precios, cosa que no pueden hacer los accionistas.

 

Los dividendos en efectivo o en acciones, quedan en esta reforma, fuera del gravamen a las ganancias. En otras palabras ello equivale a decidir que los grandes contribuyentes no paguen impuestos a las ganancias. Lo abonarán, eso sí, las sociedades que pagan esos dividendos y que, como se ha señalado, computaran el gravamen como un factor del costo y lo recuperaran vía precios. En cambio, los contribuyentes cuyos ingresos provengan de sueldos y otras rentas, pagarán este impuesto y no podrán trasladarlo a los precios.

 

Procedimiento similar se sigue con el impuesto al capital o patrimonio. En el caso de las sociedades, serán ellas las pagadoras del impuesto, pero los accionistas no incluirán las acciones en el impuesto al patrimonio de las personas físicas.

 

Como se advierte el procedimiento adoptado permite trasladar el impuesto al precio de los productos y no incidirá sobre los grandes contribuyentes que son accionistas de las sociedades anónimas.

 

La tendencia a facilitar la acumulación de fortunas personales, a que tiende el régimen impositivo establecido por el actual gobierno, se robustece con la eliminación del impuesto a la herencia, gravamen aceptado universalmente, como un medio de procurar una más justa distribución de los bienes.

 

La recreación del impuesto a las Actividades Lucrativas, mantenida por el actual gobierno, en las juridicciones provinciales y en la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, agregada a las tasas de las municipalidades provinciales calculadas con la misma técnica, con la actualización de la base imponible y con una tasa mínima del 1,67 % incidirá en forma múltiple sobre el precio de los artículos de consumo popular. Ello grava la injusticia del sistema.

 

Las exportaciones tradicionales

 

La derogación del monopolio de exportaciones por parte de las Juntas se concreta en el programa diciendo “Con respecto a la comercialización de las carnes y granos, las mismas deberán volver a encontrarse a cargo del sector privado y de las cooperativas…”

 

Se propone como medida importante, la privatización del comercio exterior de granos, ignorando que la opinión pública argentina identifica este concepto con la principal empresa exportadora privada, cuyos directivos de la filial en Estados Unidos están procesados por prácticas comerciales delictivas (circunstancias también de amplia difusión periodística).

 

Aunque más adelante se habla de las facultades tradicionales de defensa de la producción, y de fiscalización y control del comercio exterior, no se dice como serán ejercidas, lo que merece un comentario detenido, por la importancia que tiene el asegurar los ingresos externos correspondientes a las principales actividades exportadoras, tanto para la economía nacional como para los productores.

 

En efecto, esas facultades no pueden ejercerse realmente sin una intervención real de las Juntas en el mercado. Ella es necesaria por los siguientes motivos:

 

1) Sólo participando en operaciones de exportación es posible conocer los precios reales de comercialización externa, y asegurar así el ingreso de las divisas. Las operaciones de exportadores privados, con importadores también privados de otros países, se prestan a disimular los precios reales y radicar en el exterior parte del precio en divisas. Al respecto es interesante señalar que esos ingresos en el exterior, por retención de parte del precio de las exportaciones, permitieron que una firma exportadora de granos se convirtiera en una empresa multinacional, con numerosas inversiones en otros países;

 

2) La función reguladora en defensa de la producción tampoco puede ejercerse si no se tiene conocimiento de los verdaderos precios que rigen en el mercado internacional, para poder así establecer los precios sostén. En la práctica, cuando la exportación ha estado en manos privadas, la táctica de comercialización ha sido el aparecer con precios bajos en el mercado internacional durante el período en que se realizan las compras de los exportadores a los productores. Cuando la mayoría de la cosecha esta en manos de los primeros, entonces se hacen sentir los precios más favorables;

 

3) Razones de política comercial hacen necesario también que las Juntas tengan capacidad de comercializar, para mantener ciertos mercados. Por ejemplo, para competir con las exportaciones de excedentes americanos, el gobierno de Estados Unidos reconoce el principio de respetar a los proveedores habituales, lo que hace necesario estar permanentemente presente en ciertos mercados, aunque el interés de los exportadores privados les haga preferir otros más favorables. Por ejemplo, en varios casos, firmas exportadoras argentinas intentaron entrar en el mercado chileno con trigos de otras procedencias porque les era más beneficiosa, y sólo la intervención de la Junta de Granos, en negociaciones con el gobierno chileno, permitió a la Argentina mantener su condición de abastecedor habitual. Estas razones se extienden también al caso de las exportaciones de algunos países socialistas, que se están convirtiendo en importadores permanentes (en 1964/65 fue la Junta de Granos la que logró colocar en el mercado chino los excedentes de una cosecha excepcional, que de otra manera hubiera tenido que almacenarse con pérdida de precios).

 

Todo lo dicho en favor de una participación activa de las Juntas en la comercialización no debe interpretarse como una defensa del monopolio ineficiente anterior, en el que no existía un número suficiente de representaciones en el exterior para asegurar una verdadera comercialización, y muchas operaciones consistieron en ventas a exportadores tradicionales en puerto argentino. La medida adecuada es un intervención permanente como exportadores significativos, aunque no tengan el monopolio.

 

Aunque todo esto se ha referido principalmente a granos, argumentos del  mismo tipo tienen también validez para las carnes, aunque las condiciones de operación son distintas. Actualmente se asiste a una transformación profunda del mercado de carnes, que evolucionó primero de las medias reses a los cortes, y ahora hacia la diversificación de mercados fuera de los tradicionales que, como en el caso de Europa, han establecido restricciones. Este cambio de características ha favorecido la participación de frigoríficos pequeños, capaces de atender órdenes de compra reducidas de cortes especiales. Lo que se requiere es una acción eficaz de penetración en los distintos mercados, creando redes de distribución y asociándose con los importadores, como intentó hacerse con Italia, aunque con poco éxito.

 

 

 

Política energética y de petróleo

 

La lectura de este capítulo del programa económico deja impresiones encontradas. Por un lado, la de superficialidad y desconocimiento de la situación existente. Por otra, la de una intención definida de lograr ciertos objetivos concretos en forma inmediata, aunque sin aclarar suficientemente los medios.

 

La primera resulta de la parte en que se enuncian los objetivos generales y los suministros eléctricos. Parece ignorarse en ambas secciones que existe un gran número de proyectos, muchos en ejecución, cuya concreción implicaría, por una parte, la interconexión de los principales mercados eléctricos del país, y por otra, un decidido cambio en las fuentes de generación, desplazando el petróleo por la energía hidroeléctrica, lo que indica en conjunto una situación mucho más favorable que la que ha predominado en la mayor parte de los últimos treinta años, en los que generalmente ocurría que faltaban proyectos y eran necesarias soluciones de emergencia.

 

Los problemas consisten, precisamente, en el exceso de proyectos, la proyección de demandas de consumo exageradas y la falta de una análisis adecuado de la financiación (de llevarse adelante todos los proyectos contenidos en el memorandum de la Secretaría de Energía y Combustibles, entregado al Banco Mundial en septiembre de 1975, se comprometerían recursos de inversión demasiado elevados y se aumentaría la capacidad de generación a un ritmo excesivamente alto). También las dificultades se presentan en la distribución, aunque se ignoran en el programa.

 

Asimismo, parece ignorarse la necesidad de revisar el contrato entre Segba y la Compañía Italo que garantiza a ésta última el aprovechamiento pleno de sus generadores por interconexión con la primera, pero Segba queda obligada a abastecer los déficits de generación de la primera, o sea, a mantener capacidades ociosas.

 

En la parte de petróleo, es correcta la afirmación sobre la necesidad de intensificar la recuperación secundaria y el desarrollo de los yacimientos ya ubicados, para contrarrestar la tendencia decreciente del abastecimiento.

 

Lo que importa aquí son los medios. Los contratos de obra, bajo una adecuada supervisión del organismo estatal, no presentan inconvenientes, pero su realización efectiva requiere un fortalecimiento técnico de YPF, extremadamente debilitado por los sucesivos cambios de dirección, algunos con diferencias de pocos meses y la consecuente inestabilidad de políticas, inestabilidad que se extiende a los funcionarios técnicos de jerarquía elevada.

 

La observación no es de importancia secundaria, como resulta de lo que ocurrió con el contrato de obra para el desarrollo del Flanco Sur, en el que una inadecuada fiscalización por parte de YPF, y el interés de la empresa contratista de elevar la extracción a corto plazo para aumentar sus beneficios, generaron una explotación que hizo perder presión al yacimiento y disminuir sus reservas directamente extraíbles, para aumentar la parte necesaria de recuperación secundaria más costosa.

 

En cuanto a los contratos de exploración, el programa es ambiguo. Por una parte, habla de mantener a YPF como responsable de la política petrolera, y por otra, habla de asegurar la compensación por los riesgos en que incurrirían los contratistas.

 

Cabe destacar que la política de dejar librada la exploración a la iniciativa privada no garantiza el descubrimiento de nuevos yacimientos. En la Argentina, la casi totalidad de los yacimientos han sido descubiertos por YPF, y cuando se licitaron áreas para exploración, la actividad privada fue exigua. Es cierto que entonces las condiciones eran más favorables para la exploración en otros países, como Arabia Saudita, en los que ahora las condiciones de las empresas privadas han cambiado radicalmente, pero aunque actualmente haya mayor interés en nuestros yacimientos, se presenta la cuestión importante del control sobre los recursos naturales, desde el punto de vista de la soberanía económica y la defensa nacional.

 

Si, como señala el general Mosconi en sus memorias, la necesidad de garantizar el abastecimiento de combustibles a la fuerza aérea, que negaban las compañías distribuidoras, fue una de las razones que determinaron que se consagrara a la actividad de dirección de YPF, el hecho de que hasta la seguridad de Estados Unidos se haya visto comprometida como consecuencia de la acción de las compañías privadas en pos de su mayor beneficio, pues debilitaron la proporción de abastecimiento nacional y aumentaron su dependencia de las importaciones de otros países, hasta hacer posible que el boycot se transformara enun arma efectiva, indica la gravedad del problema y la necesidad de que esta parte del programa, tan poco específica en comparación con otras, sea debidamente aclarada.

Conclusión

Como corolario de los comentarios que se han realizado, se puede afirmar que se ha partido de la concepción de que favoreciendo los intereses empresarios y creándoles un ambiente de seguridad y libertad, sin interferencias del Estado, se puede lograr una recuperación de la economía argentina, por el solo juego de las fuerzas del mercado y el incentivo de ganancia de los empresarios.

 

De este juego resultarán más favorecidos los intereses particulares que los generales, aumentará la desocupación y, consecuentemente, la inestabilidad económica y social del país.

 

La opinión pública llegará a la conclusión de que este gobierno ha tenido por finalidad la protección de intereses de grupos, lo que configura una verdadera agresión de clase que, con el transcurso del tiempo revalorizará al gobierno pasado y facilitará la promoción de las ideologías extremistas, que vienen luchando por infiltrarse en el pueblo e instituciones argentinas.

 

Habrá perdido así el gobierno su justificación histórica, y adquirido una responsabilidad tremenda, pues no podrá alegar falta de experiencia. En efecto, iguales razones condujeron al fracaso dela Revolución Libertadora y a la revalorización del peronismo, que en septiembre de 1955, estaba desprestigiado en sus propias bases.

 

No serán de tal modo, cumplidos los objetivos enunciados por la Junta Militar.

 

Por lo contrario, desde ya puede afirmarse que:

 

NO se promoverá el desarrollo económico basado en el equilibrio y la participación responsable de los distintos sectores;

 

NO se logrará la concreción de una situación socio-económica que asegure la capacidad de decisión nacional;

 

NO mantendrá el Estado el control sobre las áreas vitales que hacen a la seguridad y el desarrollo;

 

NO se obtendrá el bienestar general a través del trabajo fecundo;

 

NO habrá un adecuado sentido de justicia social;

 

SI habrá discriminaciones;

 

SI será un gobierno de sectores, y para mantenerlo

 

NO se respetarán las garantías individuales y

 

NO se trabajará para la recreación de una democracia efectiva, imaginativa y fuerte que asegure su carácter representativo, republicano y federal.

 

Buenos Aires, 14 de abril de 1976.-

Carranza, Roque G.

Concepción, Alfredo J. J.

Delconte, Juan Carlos

Elizalde, F élix Gilberto

García Vázquez, Enrique

Grinspun, Bernardo

López, Germán