El camino para promover, impulsar o corregir las orientaciones fundamentales en el desarrollo de una sociedad, pasa por la aplicación de políticas públicas activas. Este concepto es siempre válido, pero particularmente vigente en sociedades como la Argentina actual, adherida a un sistema de libre competencia de funcionamiento imperfecto, en el que el mercado sólo es eficiente para la producción de bienes transables y tiende a la concentración. En esas condiciones, para conservar el equilibrio social y más aún para recuperarlo, es imprescindible la intervención del Estado.
En ese tema, el triunfo cultural de la derecha fue rotundo. Porque apoyándose en la visión muchas veces acrítica y superficial con que se maneja la opinión pública, aprovechando la brutal ineficiencia operativa del aparato estatal o, más sutilmente, incentivando las expectativas, logró convencer a mucha gente de que el Estado es malo por definición, costoso, ineficiente, burocrático, corrupto y que la mejor calidad de vida se alcanza por la menor interferencia posible del poder político y el pleno ejercicio privado de las libertades económicas.
Pero ese discurso no es sólo retórica vacía: se apoya en la realidad objetiva de una organización estatal que exhibe carencias intelectuales, funcionales y operativas de tal magnitud, que habilitan su fácil utilización para contrabandear ideología y torpedear cualquier intervención pública que pretenda modificar la relación de fuerzas planteada dentro de la sociedad. Los problemas de orden institucional y las visibles limitaciones para ejercer el gobierno, neutralizan al Estado en la búsqueda del nivel de equilibrio socio-político necesario para garantizar la convivencia democrática y asegurar su calidad.
1.- El orden institucional es un salto cualitativo en el camino hacia la desmaterialización del poder. Desde los poderes de hecho fundados exclusivamente en la fuerza, las sociedades evolucionaron hacia un tipo de organización en la que el gobierno se ejerce mediante funciones, facultades y límites articulados de manera armónica, que encuentra en la ley su instrumento esencial y convierte la fuerza en un recurso residual y de emergencia cuya utilización queda exclusivamente en manos de aquellos a quienes la norma autoriza de manera expresa. Cuanto más abierto y participativo es el procedimiento de sanción de las leyes, más democrática es la sociedad; cuanto mejor institucionalizado está el poder, más civilizada es.
Cuando el sistema se desarticula, cuando pierde equilibrio interno, hay un retorno hacia el primitivismo político basado en la coacción .
Hoy, el Estado argentino funciona fuera del marco institucional previsto por la Constitución porque además de la falta de representatividad y la desconfianza ética que lo afectan, acumula deformaciones derivadas del desajuste en la relación entre los poderes del Estado. La utilización combinada de los decretos de necesidad y urgencia, la delegación legislativa y el veto parcial, otorgaron al Ejecutivo un poder desquiciante que el Congreso parece no poder o no querer controlar. La mayoría automática instalada en la Corte Suprema y en muchos de los Juzgados Federales acentuó la dependencia de un poder judicial ya trabajado por la morosidad, la ineficiencia y el atraso tecnológico. La tradición federal, reconocida y valorada por la Constitución y clave para la organización nacional, aparece desmentida en los hechos por la subordinación financiera de los Estados provinciales. La tendencia ancestral al incumplimiento de la ley se convirtió en impunidad favorecida desde el gobierno, de manera tal que el sistema de premios y castigos implícito en el orden jurídico total, se desmoronó penosamente. La carencia actual de un partido de oposición que posea las tres condiciones básicas: un perfil doctrinario definido, una organización bien desarrollada desde el punto de vista institucional y territorial y un equipo dirigencial que alcance el número y la calidad necesarios, impide o mediatiza el ejercicio del control democrático y compromete el futuro por falta de propuestas y alternativas de poder.
El desorden institucional contribuyó a difundir la sensación pública de sociedad anarquizada, imprevisible e inestable que tantas veces sirvió para describir a la Argentina. En términos de convivencia, los efectos son deletéreos, especialmente para los sectores medios y bajos, que más necesitan la protección de la ley y la acción equilibrada de un Estado eficiente y activo. La vigencia de una estructura legal de origen parlamentario, aplicada de manera efectiva por una justicia independiente, es la garantía final del sistema de libertades individuales y derechos humanos, a punto tal que allí se ubica el concepto real de «seguridad jurídica». El retroceso institucional es, en definitiva, una derrota de la libertad.
2.- El análisis del esquema institucional apunta a determinar como se organiza el poder. Hay que completarlo, verificando cómo funciona esa organización en términos concretos. Es decir: como afronta los problemas y cómo los resuelve.
En el caso argentino los desequilibrios de orden institucional están agravados por un desempeño ineficiente, insuficiente y deformado del Estado en tanto poder político y administrativo, a punto tal que algunas de sus funciones básicas han colapsado o están al borde de hacerlo.
a) El Estado parece incapaz de diseñar, planificar y ejecutar políticas públicas.
Eso significa que no puede prevenir y organizar el mediano y largo plazo, tarea siempre imprescindible y particularmente importante cuando hace falta redistribuir el ingreso.
b) Hacia el interior de la sociedad, no monopoliza el uso de la fuerza, por razones de ineficiencia o de lisa y llana complicidad con el delito. La reaparición de la violencia privada como forma de protección personal o grupal, es un riesgo inminente.
c) Cuando existen intereses legítimos contradictorios, el Estado debe arbitrar entre los particulares, para defender el interés público y encauzar los conflictos. Esa función arbitral no es posible en medio del desprestigio ético -que siempre sugiere complicidades con uno u otro interés- y de la incapacidad operativa.
d) Los organismos de control fueron penetrados y colonizados por los intereses privados, especialmente en el área de servicios esenciales. Los principios de legalidad y objetividad en las decisiones administrativas ceden frente a la influencia de los monopolios privatizados, profundizando la sensación de desprotección provocada por el delito.
e) Las funciones básicas -seguridad, salud, vivienda popular, educación y justicia- muestran carencias catastróficas. La situación del PAMI es el ejemplo más claro, en el que convergen complicidades políticas, empresariales y administrativas de todo signo. La claudicación de la enseñanza pública ensancha la brecha social, compromete el desarrollo y limita la producción de bienes.
f) La corrupción enquistada en el Estado causa un efecto demoledor en la convivencia y produce más contagios que anticuerpos. Ese proceso es muy visible en el nivel municipal de los grandes centros urbanos y favorece la formación de corporaciones delictuales que manejan las decisiones . Además, tiene un costo económico sustancial que afecta el gasto público, la inversión y la competitividad empresaria.
El subsistema de partidos políticos parece no tener objetivos de interés general y transmite la sensación de que solo se mueve para autosatisfacerse. Al comportarse -o aparentar comportase- de esa manera, no funciona como instrumento de articulación entre el Estado y la sociedad, ni de transmisor de las demandas sociales.
La función política del Estado democrático es irremplazable. El gobierno es una relación de mando y obediencia que sólo adquiere legitimidad a través del consentimiento expreso del hombre común. Esa legitimidad queda erosionada hasta desaparecer cuando el Estado la ejerce de manera ineficiente, arbitraria o irracional. Pero además, la democracia es sustentable cuando se apoya en un nivel adecuado de igualdad, porque de otra manera, el sistema se desintegra o deriva hacia el autoritarismo. La vieja contradicción entre libertad y orden se resuelve cuando la acción pública garantiza la seguridad individual y consolida la igualdad mediante la distribución equitativa de los bienes. Así, cumple una función integradora que provoca adhesión a sistema, limita el conflicto y pacifica la sociedad. Por eso, la democracia no soporta por mucho tiempo la crisis en el funcionamiento del Estado.
