Restricciones para la formulación e implementación de políticas públicas por el Estado – Hacia una agenda pública, por Nicolás Teodosiu

 

La realidad histórica Argentina es un fiel reflejo de la dificultad de implementar políticas públicas a mediano y largo plazo, que sean resultado de un amplio consenso de los diferentes actores sociales en cuanto a los planes y los programas y que trasciendan períodos de gobierno de distintos signos políticos.

 

Se entiende por Política Pública un instrumento de trabajo mediante el cual se pretende alcanzar desde el Estado, en forma sistemática y coherente, ciertos objetivos de interés para el bienestar de toda la sociedad civil, y que son el resultado de negociaciones y acuerdos donde participan diferentes actores, compatibilizando intereses diversos.

 

El proceso de las políticas públicas en todas sus etapas es muy complejo y sus acciones están relacionadas por la calidad y eficiencia de las instituciones y funcionarios públicos que intervienen en el mismo. No es un dato menor anticipar que donde se priorizan y deciden las políticas públicas en Argentina es en nuestro disfuncional y ecléctico ámbito de partidos políticos.

 

Lo que no puede dejar de soslayarse, es que todo el proceso de elaboración y ejecución de políticas públicas debe estar conducido por la política como herramienta para direccionar el poder e intermediar entre los diferentes actores sociales. En ese sentido, la política no puede estar ausente en el proceso de diseño, negociación, aprobación y aplicación de las políticas, por lo que el proceso político se vuelve inseparable del proceso de formulación de políticas.

 

En el diseño de una política pública la primera fase es el de la formulación, que consiste en identificar adecuadamente el problema que se quiere solucionar, analizar las medidas que podrían lograrlo y asignar los instrumentos necesarios para ello; logrado esto, la autoridad debe tomar la decisión de adoptar esa política y, antes de ejecutarla, someterla a consulta, hacerle los ajustes del caso y, entonces, formular los programas que la harán realidad.

 

En esta etapa será valorada la capacidad del político para analizar todas las posibles aristas del problema, evaluar hipotéticos escenarios y analizar como buen estratega tanto los intereses como las relaciones de fuerza de los diferentes actores que intervienen en el proceso. Dejar solo el proceso de formulación de políticas en tecnócratas, implicará dejar al azar factores que son esenciales para su éxito.

 

Una agenda pública debe necesariamente convocar a todos los actores y todas las instituciones, sobre la base de resolver necesidades y demandas insatisfechas que tienen tanto el Estado como la población; en consecuencia, un punto ineludible a resolver es ¿cómo se detectan esas demandas y necesidades del Estado y de la sociedad civil que, posteriormente, dan origen a la agenda y consecuencialmente a la política pública?

 

En este punto existe el riego que el origen de las políticas públicas no esté en las necesidades o demandas de la sociedad civil ni del Estado. Existe el riesgo de divorcio entre quienes diseñan la política, respecto a quienes pueden ser beneficiarios. Al tenor de lo antes señalado, se puede entender que el origen de las políticas puede estar asociado al interés de grupos o partidos políticos, al ejecutivo con sus dependencias sectoriales, agrupaciones de intelectuales, asociaciones empresariales, etc.

 

En consecuencia, la formulación de la política pública se origina y diseña sobre la base del lobby o presión política, de las presiones de los medios de comunicación masivos, y del análisis de las tendencias globales.

 

En cuanto a la negociación de la política publica, existe consenso, en orden a que un elemento que puede garantizar el éxito de una política, es el compromiso que ésta genera en quienes serán participantes y/o beneficiarios de dicha política. Si no hay ese entendimiento, es indudable que la política tendrá un déficit importante.

 

La segunda fase es la ejecución, que consiste en implementar los programas que componen la política pública, administrar los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la misma.

 

Además de la falta de apoyo de los propios gobiernos (que se exacerba cuando se trata de una política formulada por un gobierno anterior de signo ideológico distinto), el fracaso en la ejecución de las políticas tiene que ver fundamentalmente con la poca capacitación de los recursos humanos intervinientes y con la ausencia de monitoreo que permita corregir desviaciones.

 

La tercera, es la fase de seguimiento, evaluación y fiscalización por parte de la sociedad y de los órganos de contralor. En Argentina, en cuanto al proceso de fiscalización, poseemos un proceso de control de políticas públicas disfuncional, el cual carece de contenido, a veces por las propias limitaciones de los organismos de control, y en la mayoría de las veces, por el desvío intencional de sus objetivos a los fines de tornarlos inocuos.

 

Las tareas de control sobre las políticas públicas tienen su razón de ser. Buscan transparentar la gestión de las mismas, implican para el ejecutor una exigencia o esfuerzo mayor y en definitiva mejoran su calidad. No entender esto, o peor aun, buscar cada vez más limitar las tareas de los organismos de control, no nos permitirán mejorar la calidad de las políticas públicas ejecutadas.

 

En definitiva, la tarea crucial es articular al Estado como aparato encargado de regular la actividad social, por tanto, el rol fundamental de la política pública es compatibilizar los intereses colectivos con el interés individual, sin perder de vista que su razón es alcanzar el bien común.

 

Esta relación, se enmarca en el mundo de las necesidades sociales y económicas de la población, también de las urgencias políticas, del cambio cultural permanente, de la revalorización de la información, de la importancia de los actores involucrados en la acción pública y de los efectos de la globalización.

 

Cualquier cambio de la realidad, demandas de un actor social, crisis económica,  dificultades en la coordinación de la acción pública, emergencia de conflictos coyunturales, presiones de los partidos políticos, ampliación o restricción de la base empresarial, etc., puede hacer cambiar sustancialmente el acercamiento entre el Estado y la sociedad civil, y el daño que se genera se puede expresar en que el Estado no alcanza sus objetivos de mediano y largo plazo, y la sociedad civil tampoco satisface sus necesidades.

 

Cuando la relación entre el Estado y la sociedad civil no es fluida y los problemas entre ambos no se resuelven, se genera, un divorcio entre los intereses que afectan el bien común y los intereses individuales.

 

La implementación de una agenda de políticas públicas es el resultado de acuerdos amplios, que requieren el consenso de los actores representativos de la vida social, política y económica. Esta instancia debe darse, la realidad política y social lo exige y la responsabilidad del gobierno es hacer la convocatoria para un acuerdo de políticas públicas sustentables en el tiempo.

 

Nicolás Teodosiu. Abogado. Diploma de honor UBA. Magister en Políticas Públicas y Gobierno. Presidente del Comité de Distrito de Lanús.