El sistema científico y tecnológico de la República Argentina está constituido por una variedad de instituciones nacionales y provinciales que, a lo largo de sus trayectorias, generan conocimientos científicos y tecnológicos en múltiples disciplinas, a la vez de ser formadoras de recursos humanos altamente calificados.
Entre las que están financiadas por el estado nacional se pueden mencionar: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Comisión de Energía Atómica (CNEA) e INVAP (que desarrollan satélites como los ARSAT, reactores nucleares con fines pacíficos, sistemas para defensa y seguridad, radioisótopos para medicina, etc.), entre otras, y múltiples universidades estatales.
Sus proyectos son financiados por medio de distintas modalidades, que comprenden desde las estatales, convenios con empresas y préstamos de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras. En sus diversas modalidades es imprescindible que el Estado fije las políticas de financiamiento y el correspondiente seguimiento de sus ejecuciones, con el objetivo de consolidar un plan estratégico que sustente:
El desarrollo integral de las investigaciones científicas, tecnológicas y de innovación, que atienda las necesidades de las distintas disciplinas y la contribución de las mismas a la solución de problemas regionales, con desarrollos innovadores que promuevan también la integración federal.
La vinculación con el medio socio-productivo, promoviendo actividades de transferencia de conocimiento e innovación.
El incentivo a la protección de la propiedad intelectual a nivel nacional e internacional.
El fortalecimiento de la investigación básica en todas sus áreas, como único motor generador de conocimiento innovador, que en definitiva sustenta y retroalimenta a la investigación aplicada que es la base para la generación de empresas nacionales de base científico-tecnológica.
Denunciamos que se está ahogando al sistema científico. De la misma manera que se están desfinanciando las Universidades, se está condicionando a la ciencia según las reglas del mercado.
Al haber paralizado el funcionamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), mediante la anulación de una convocatoria de proyectos aprobados y cuyos dictámenes no se dieron a conocer (PICT 2022) y la cancelación de la convocatoria abierta (PICT 2023), se desactiva el sistema científico y tecnológico del país.
Esta desintegración del sistema científico y tecnológico, que requirió años de inversión estatal para su construcción, conduce a la expulsión del sistema de personal altamente calificado y a la discontinuidad de líneas de investigación básica y aplicada que llevó mucho tiempo desarrollar, cuyos resultados a largo plazo nunca se concretarán en beneficios para la sociedad.
En su lugar, se va a financiar sólo ciencia aplicada a beneficio de empresas mediante un sistema de convenios de corta duración que excluye a la mayoría de los grupos de investigación de universidades, laboratorios, centros e institutos.
Desde esta concepción de la política científica, el desarrollo del conocimiento estará dirigido y financiado bajo criterios de rentabilidad a corto plazo, cuya selección va a estar a cargo de economistas del gobierno que nada saben de cómo y qué se produce en investigación y su impacto en diferentes áreas ajenas a la de su conocimiento. Menos aún saben de la importancia de la ciencia básica que nutre y se retroalimenta con la ciencia aplicada.
Es necesario pensar en una política científica integral, que valore la ciencia tanto básica como aplicada ya que se potencian mutuamente, y oponernos rotundamente a la mercantilización del conocimiento, que direcciona el saber y deja fuera del sistema a personal altamente calificado y en los cuales se invirtieron muchos recursos para su formación y consolidación, como investigadores, becarios de doctorado, posdoctorado y maestrías, personal técnico de apoyo a la investigación, junto con el desguace de líneas de investigación, equipamiento e infraestructura de altos costos y sofisticación por falta de renovación, mantenimiento e insumos.
Está demostrado que el conocimiento conduce al desarrollo y al crecimiento de las naciones y eso se alcanza con políticas científicas a largo plazo, diseñadas con una visión federal junto con un plan estratégico que contemple las diversas problemáticas y las necesidades de innovación.
La destrucción del sistema científico y tecnológico argentino invalida su optimización y eso va en detrimento de la gestión virtuosa y eficiente de los recursos, tanto humanos como económicos, nuestro país no puede permitir este avasallamiento y retroceso.
#NO A LA MERCANTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
14 de diciembre de 2025
Marina T. Isla Larrain y María Andrea Carranza
