CRISTINA VESCO
Ex Directora Nacional de Enseñanza Media y ex Subsecretaria de Educación de CABA,
brindó una síntesis sobre la actual situación educativa.
(Segunda de tres notas)
Parece ser que la voluntad del gobierno nacional es abrir un espacio para la adopción de decisiones esté en manos de los padres y de la comunidad local, relegando a docentes y a autoridades educativas en general. Esta perspectiva no es solo técnica sino fundamentalmente política.
El Gobierno quiere distanciarse de las tradiciones históricas en materia de orientación filosófica, administración y organización escolar que fueron siempre responsabilidad del Estado. El debate debe darse en términos de:
✓ Debilitamiento del Estado Nacional
✓ Invisibilidad de la Escuela como institución educadora – (Se las denomina “instituciones – espacios – proyectos diversos”)
✓ Anomia pedagógica – Anarquía – Autonomía Curricular
✓ Atomización del Sistema Educativo Argentino (Artículos 1,3,5,37)
Se suprime al Estado como el responsable de orientar los destinos filosóficos del país. Y este no es un tema menor. Así por ejemplo, en 1972 la “Comisión Internacional sobre el desarrollo de la educación” de la UNESCO señalaba que “a partir de la Segunda Guerra Mundial la educación constituye un componente esencial de todo esfuerzo de desarrollo y de progreso humano y ocupa un lugar cada vez más importante en la elaboración de las políticas nacionales e internacionales, misión que los Estados Nacionales no pueden ni deben delegar … El nivel de educación de los ciudadanos condiciona el nivel de desarrollo económico y se proyecta conscientemente en preparar al hombre para un tipo de sociedad que todavía no existe”. (Faure, E. 1972).
Los organismos internacionales insisten en la necesidad de preservar la unidad de los sistemas educativos, aunque con criterios flexibles que permitan captar y adaptarse a los matices regionales en toda su diversidad. Se trata de un difícil equilibrio entre favorecer una verdadera autonomía de las escuelas y la necesidad de una regulación general del sistema educativo.
De manera general, “la experiencia internacional demuestra que en los casos en que tiene éxito la descentralización, ésta se produce a partir de una administración central sólida. De ello se deduce la necesidad de una regulación global y de definir claramente la función que los poderes públicos deben desempeñar en esa regulación… Son muchos los ejemplos, particularmente en América latina, que muestran que la descentralización puede agravar la desigualdad ya existente entre las regiones y entre los grupos sociales; en tales casos el debilitamiento del papel del Estado central no permite la implantación de mecanismos compensatorios” (Delors, J. 1997).
La polarización Estado versus mercado atraviesa entrelíneas el Proyecto de Ley de Educación de LLA. con evidente inclinación por el debilitamiento del Estado. En síntesis, ambas posturas podrían definirse de la siguiente manera:
• El Estado debe asumir una serie de responsabilidades para con la sociedad civil en la medida en que la educación constituye un bien de carácter colectivo que no puede someterse a una simple regulación por el mercado. Se trata de crear un consenso nacional sobre la educación, establecer una coherencia general y proponer una visión de igualdad de oportunidades a largo plazo.
• Con otra perspectiva, enfoques económicos y políticos de inspiración “neoliberal” entienden que las decisiones educativas no pueden someterse a procesos de concertación de prioridades sociopolíticas, sino que deben ser dejadas – como el resto de las decisiones de distribución de bienes y servicios – a los mecanismos del mercado, supeditando la calidad educativa a las posibilidades económicas.
Apelar a la concertación implica resguardar la esfera de la política en la toma de decisiones, ya que obliga a cada actor social a discutir y negociar públicamente sus opciones educativas. El mercado, en cambio, suprime la política y permite que las voluntades individuales se expresen en función de intereses particulares y de corto plazo.
Faure, E., & de Castro, C. P. (1973). Aprender a ser. Alianza editorial. UNESCO.
Delors, J., Amagi, I., Carneiro, R., Chung, F., Geremek, B., Gorham, W., … & Nanzhao, Z. (1997). La educación encierra un tesoro: informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo Veintiuno. UNESCO.
Cristina Vesco
Lic. En Pedagogía; Ex Directora Nacional de Enseñanza Media; Ex Subsecretaria de Educación de CABA
A continuación, transcribimos parcialmente los artículos pertinentes a estos comentarios del Proyecto de Ley de Educación de LLA
Art.1 -… La familia es el agente natural y primario de la educación de los hijos; la sociedad civil es el ámbito en el que se organiza y se desarrolla a través de instituciones, espacios y proyectos diversos; el Estado tiene la obligación de garantizar la accesibilidad, establecer contenidos y condiciones mínimas comunes, y reconocer la validez de las titulaciones de la educación formal.
Art. 3 –El Sistema Nacional de Educación se organiza conforme a los siguientes principios: a) Libertad educativa, entendido como el derecho de toda persona por sí o asociada con otras, a enseñar o aprender conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos, con sujeción al orden jurídico y al respeto de los derechos fundamentales;
Art. 5 – El ejercicio de la libertad educativa se encuentra limitado únicamente por el respeto a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de jerarquía constitucional, la preservación del orden público democrático y la garantía de la dignidad y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
En la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta ley y de la normativa que de ella derive, deberá prevalecer la solución más favorable al ejercicio de la libertad de enseñar y aprender.
Las autoridades competentes, en la organización y funcionamiento del Sistema Educativo Nacional, deberán actuar conforme a los principios de necesidad, subsidiaridad, razonabilidad, y proporcionalidad, garantizando que toda medida regulatoria se encuentre debidamente fundada y guarde adecuada relación con los fines de la acción estatal establecidos en el presente título.
Toda restricción al ejercicio de la libertad educativa debe tener fundamento legal expreso, ser idónea, necesaria y proporcional para la consecución de fines constitucionalmente legítimos, sin afectar la esencia del derecho reconocido en este artículo.
Art. 37- Las instituciones de Educación Básica poseen autonomía institucional y pedagógica que comprende la facultad de definir su régimen de gobierno interno, elaborar planes de estudio propios conforme a lo establecido en el Capítulo IV del presente título, diseñar e implementar estrategias didácticas y organizativas propias, establecer sus reglamentos de funcionamiento, determinar su régimen de personal, administrar sus recursos y decidir sobre sus políticas de admisión, permanencia y disciplina.
En el caso de las instituciones educativas estatales, cada jurisdicción establece, mediante la normativa correspondiente, el alcance de dicha autonomía, así como los mecanismos y etapas necesarios para garantizar una transición progresiva hacia un esquema de gestión institucional autónoma sin desnaturalizar el objetivo definido en esta ley
