Un “abusos de poder” del gobierno depuesto como justificación, ignorando el alcance, el significado y las consecuencias de remover a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la clausura del Congreso de la Nación, Legislaturas y Concejos Deliberantes; la intervención a Provincias y Municipios y la ilegalización de los partidos políticos y los sindicatos entre otras tempranas decisiones de la dictadura.
La excusa de la violencia reinante para justificar el alzamiento, escondía la decisión consciente de continuar con la multinacional del terror de matriz estatal iniciada durante el gobierno constitucional con la conocida.
Operación Cóndor; ignoraba la existencia de experiencias exitosas de luchar, con la ley en la mano, contra el terrorismo de grupos armados ultra izquierdistas, como se comprobó en Italia tras el secuestro de Aldo Moro por la Brigate Rosse y en Alemania, con la Fracción del Ejército Rojo y la Banda Baader Meinhof; y, además de desestimar la existencia de normas dictadas por el gobierno constitucional, evitaba considerar el dato de una insurgencia armada ya derrotada militarmente.
El tan anunciado golpe de marzo, esperado por muchos y saludado como el “triunfo de los moderados”, entre otros por la Embajada de los Estados Unidos de América en la Argentina y el Partido Comunista Argentino, puso en marcha una gestión “con objetivos y sin plazos”, dando inicio a la noche más larga, oscura y dolorosa de la historia argentina contemporánea.
Casi ocho años más tarde la pesadilla del PRN quedó atrás, pero sin la posibilidad de teclear “suprimir” para evaporar sus nocivos efectos, ni tampoco poder pulsar el comando “reiniciar” y volver a cero la dinámica social para evitar los gravosos efectos que tuvieron sus actos.
Los desastrosos resultados de esa nefasta experiencia pueden sintetizarse con los siguientes datos y consideraciones:
- El ingreso por habitante de 1983 era inferior al de 1975, la inflación anual era de tres dígitos y el desequilibrio fiscal alcanzaba el 15% en relación al PIB.
- Los intereses anuales devengados de la deuda externa, medida como porcentaje de las exportaciones anuales, era casi tres veces más alta que la impuesta a Alemania, por el Tratado de Versalles, por reparaciones de guerra, después de la Primera Guerra Mundial.
- Grave afectación de la reputación internacional de la Argentina por las consecuencias de la Guerra perdida con Gran Bretaña; por el desconocimiento de un laudo arbitral en el conflicto limítrofe con Chile, país fronterizo con el que casi entramos en guerra; por el involucramiento en un golpe de Estado en un país limítrofe, Bolivia, y por la presencia de oficiales del Ejército Argentino instruyendo fuerzas irregulares en países de Centroamérica con conflictos armados internos
- Devastadoras consecuencias sociales por el terrorismo de Estado y la represión ilegal, como lo demostró el informe de la Conadep que documento 340 campos de detención clandestinos y la comprobación de 8961 casos de desaparición de personas.
Hoy, a más de cuatro décadas de la instauración democrática de diciembre de 1983, la violencia política y la inestabilidad institucional que caracterizan el medio siglo previo al golpe de marzo de 1976, son parte de la historia.
El recurso al uso de las armas -ejemplificado en la consigna maoísta “el poder brota de la boca de un fusil”- y la glorificación de la guerra- promovida en la homilía de un obispo castrense cuando dijo que para los militares “cuando hay derramamiento de sangre, hay redención”-, son inimaginables en la Argentina de hoy, a pesar de la toxicidad de la polarización política que nos contamina con discursos violentos.
Ello fue posible por la realización del Juicio a las tres Primeras Juntas de Comandantes del PRN -tal vez uno de los pocos motivos de reputación internacional positiva en el plano internacional de las últimas décadas- y los procesos judiciales a los máximos líderes de las organizaciones políticas armadas.
Esas realizaciones fueron el resultado de una convicción política decisiva por parte del primer gobierno después del PRN, es decir el gobierno de Raúl Alfonsín: la consolidación democrática de nuestro país debía asentarse, esencialmente, en una ética de la responsabilidad que rechazaba por igual todo atisbo de revancha política, como también la claudicación que supondría una absurda pretensión de olvido sobre las consecuencias de la violencia.
Del mismo modo, las acciones positivas del gobierno democrático contribuyeron de manera decisiva al fin de las dictaduras en la región, un verdadero dominó inverso al de la década precedente.
Además del salto civilizatorio que implica el rechazo social a la violencia como recurso político socialmente admisible, la Argentina lleva, no sin dificultades y riesgos, más de 40 años de continuidad institucional, que debe compararse con las seis interrupciones registradas en el siglo pasado. Dispone de un sistema electoral sin cuestionamientos críticos, con resultados verificables. Solo en este siglo, cinco Presidentes terminaron su mandato y hay que remontarse al siglo XIX, con Bartolomé Mitre, Domingo F. Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Julio A. Roca para un dato comparable. Se reformó la Constitución Nacional y fue jurada por la unanimidad de los constituyentes, a diferencia de todas las otras del siglo pasado que fueron el resultado de la voluntad de una fracción victoriosa.
Seguramente, los constituyentes tuvimos en consideración las consecuencias de la última dictadura -cuyo inicio cumple hoy medio siglo- y por eso incluimos en su artículo 36 la norma que establece que la Constitución “mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos”.
Es una acertada validación del “patriotismo constitucional”, noción acuñada por el destacado filósofo alemán recientemente fallecido Jürgen Habermas, quien sostenía que el verdadero pacto de convivencia pacífica en una sociedad es la lealtad de los ciudadanos a los principios y valores democráticos consagrados en su Constitución. Ese pacto impera por sobre los antecedentes étnicos, culturales o históricos comunes y a la vez los contiene en su diversidad.
Jesús Rodriguez
Nota publicada en la página web Nuevos Papeles
