A los señores Miembros del Comité Nacional, Convención Nacional, Gobernadores, Diputados y Senadores de la Nación por la Unión Cívica Radical:
Me dirijo a ustedes con la urgencia que la hora de la Patria nos demanda y con el peso de la historia sobre nuestros hombros. Nuestro partido está a punto de cumplir 135 años de vida orgánica. No somos una fuerza improvisada al calor de una coyuntura electoral, ni una franquicia oportunista: somos la Unión Cívica Radical, la columna vertebral de la república democrática en la República Argentina.
Nacimos para defender las instituciones, la división de poderes y la transparencia pública. Por eso, resulta intolerable asistir a las maniobras que hoy pretenden dilatar, mediante chicanas parlamentarias y silencios cómplices, una definición contundente del Congreso de la Nación sobre la situación del Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional.
Es imperioso recordar al Comité Nacional, a la Convención Nacional, a los Diputados y los Senadores Nacionales lo taxativamente establecido en nuestro Código de Ética partidario. Ninguna especulación de corto plazo puede estar por encima de los principios rectores que regulan nuestra conducta pública. Asimismo, exigimos a nuestros Gobernadores un comportamiento firmemente alineado con los valores históricos del radicalismo. La gestión de las realidades provinciales no puede, bajo ninguna circunstancia, ser moneda de cambio que condicione o debilite la postura doctrinaria del partido a nivel nacional.
Resulta de una hipocresía rendir homenajes a Arturo Illia», mientras con sus conductas convalidan la opacidad. Don Arturo Illia fue el mentor ético que impulsó la Ley 16.648, aquella norma histórica que incorporó el delito de enriquecimiento ilícito al Código Penal y estableció que, en el caso de los funcionarios públicos, se invierte la carga de la prueba: es el funcionario quien debe demostrar la legitimidad de su patrimonio, y no el Estado. Honrar a Illia es exigir transparencia absoluta y rendición de cuentas inmediata, no esconderse detrás de los plazos procesales para proteger sospechas.
La dilación en el Parlamento, además, genera un daño colateral gravísimo para la salud institucional.
El Poder Judicial, históricamente remolón y vacilante a la hora de investigar la corrupción del poder de turno, encuentra en la parálisis y la falta de definición del Congreso la excusa perfecta para paralizar y dormir las causas judiciales. Si la política no da el ejemplo de transparencia, le otorga impunidad a quienes deben rendir cuentas ante la ley.
A esto se suma un segundo efecto colateral, acaso más devastador para el sistema democrático: la profunda decepción de una sociedad que termina convencida de que ‘todos somos iguales’. Cuando el radicalismo arrastra los pies ante la falta de transparencia, destruye su propio patrimonio histórico-
El texto constitucional es claro respecto a las responsabilidades del Jefe de Gabinete ante el Poder Legislativo. La dilación no es estrategia; es claudicación. Cada día que el Congreso posterga su pronunciamiento o tolera la falta de respuestas claras, se debilita la calidad institucional que nuestro partido juró defender desde los tiempos de Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín.
Repudiamos enérgicamente cualquier intento —venga del oficialismo o de sectores dialoguistas desorientados— de postergar el debate o estirar los plazos.
La sociedad civil nos exige certezas, no laberintos burocráticos. Con los corruptos no se pacta, se los combate.
Exigimos a todos los estamentos de nuestro partido actuar con la firmeza y la cohesión que la identidad radical exige. No somos librepensadores aislados, sino los representantes de un partido histórico que tiene un mandato irrenunciable con la defensa de la República.
Los instamos a liderar la exigencia de una definición inmediata en el recinto. La República no espera, y la historia de la Unión Cívica Radical no perdonará la tibieza y menos aún la cobardía.
Con la convicción de siempre. Saluda atentamente,
Ensenada (PBA), 23 de junio de 2026
