El presidente de la Fundación Ricardo Rojas, Dr. Juan Manuel Casella, elaboró un documento para el debate interno del radicalismo, que contiene las bases y propuestas para un programa de gobierno.

En su mensaje a los radicales, Casella expresa:

En Gualeguaychú (2015)  la Convención Nacional de la UCR decidió integrar la coalición hoy denominada “Juntos por el Cambio”, de la que también forman parte el PRO y la Coalición Cívica.

El primer objetivo invocado para fundamentar esa decisión consistió en impedir la continuidad del kirchnerismo, que había enunciado su propósito de “ir por todo”, convirtiendo al gobierno nacional en una especie de dinastía familiar sin límites legales. El otro propósito era impulsar la alternancia en el gobierno como elemento central del modelo democrático.

En su discurso de apoyo a esa decisión, el entonces presidente del Comité Nacional describió el papel central que el radicalismo desempeñaría cuando la Coalición llegase al gobierno. Ese discurso puede ser repasado en “youtube”.

Efectivamente, la Coalición ganó las elecciones. A partir de ese momento, quedó en claro de manera expresa que el PRO se concebía como el ganador único, que “Juntos por el Cambio” funcionaría solo en el ámbito parlamentario y que la UCR quedaría reducida a un papel secundario, gráficamente descripto como “furgón de cola” del PRO. De hecho, el radicalismo nunca participó de las decisiones de un gobierno que en la practica fracasó, porque terminó devolviéndole el poder al kirchnerismo.

Además de esa ausencia –consentida y resignada- del ámbito de las decisiones de gobierno, la UCR sufrió consecuencias más profundas que modificaron su cultura, limitaron su funcionamiento, disminuyeron la calidad de su desempeño público y el nivel de su representatividad social. Una parte de su dirigencia asumió una actitud pragmática y calculadora que convirtió la acción política en mera competencia por candidaturas vacías de contenido.

Desapareció el debate interno. Las ideas pasaron a ser un elemento secundario, a veces entendidas como un mero adorno formal. Los organismos colegiados dejaron de funcionar regularmente y el voto directo dejó de ser la única manera de legitimar a dirigentes y candidatos, reemplazado por la decisión inconsulta y concentrada de un número reducido de personas. Por primera vez en la historia del radicalismo, el dinero pasó a ser un argumento importante. Algunos –no pocos- integrantes de la conducción partidaria se subordinaron al PRO porque interpretaron que allí estaba la posibilidad de alcanzar un cargo.

Hoy, Argentina afronta una elección en la que el radicalismo no tiene candidato presidencial ni a gobernador en varias de las provincias más importantes. Los tres competidores por la presidencia proponen políticas económico-sociales que van desde el centroderecha hasta el ultraliberalismo. La socialdemocracia con la que nos identificó Raúl Alfonsín no tiene representantes y muchos radicales sienten que no saben a quién votar, porque aún la candidatura de “Juntos por el Cambio” aparece desprotegida y devaluada desde el PRO, a partir de la premeditada ambigüedad de su principal dirigente, que no disimula –ni siquiera por razones de solidaridad elemental- su cercanía con el candidato ultraliberal.

En estas condiciones, los radicales debemos comprender que la distancia entre la intrascendencia y la inexistencia es de un solo paso. SI queremos seguir vivos, debemos reconstruir nuestra representatividad social recorriendo simultáneamente dos caminos: en principio, reivindicando las ideas como componente básico de toda acción política, que en el caso de la UCR, servirán para consolidar los valores de libertad e igualdad, entendidos en un mismo nivel jerárquico. Pero también restableciendo la dimensión moral que caracterizó a nuestros dirigentes, para quienes la honradez personal estaba implícita, ni siquiera era un tema.

La honestidad no necesita explicaciones. Aquí planteamos algunas ideas que ratificamos como forma de preservar nuestra identidad, esencial instrumento de defensa de la causa popular. Lo hacemos también como forma de reinstalar el debate olvidado y desvalorizado.

PROPUESTAS

1.- El programa de gobierno de la UCR asegurará la plena vigencia de la Constitución Nacional y del sistema republicano representativo federal diseñado como esquema básico del orden institucional argentino. La democracia y los derechos humanos serán el fundamento de la unión nacional.

2.- El Estado de Derecho, la división de poderes y la justicia independiente e idónea cuyas decisiones se apoyen exclusivamente en los principios de legalidad y equidad, garantizarán la convivencia pacífica.

3.- La República no se agota en los aspectos jurídico-institucionales, sino que exige la aplicación de políticas de crecimiento y distribución del ingreso que promuevan el mayor nivel de igualdad posible y la más alta calidad de vida material para todos, único camino para terminar con la pobreza que, además de injusta e inmoral, evidencia el fracaso de la política y por su sola presencia, debilita la democracia.

4.- Es preciso, programar y consensuar políticas de Estado cuyo contenido apruebe el Congreso Nacional, para así afrontar de manera sistemática la solución de los problemas estructurales que afectan a nuestra sociedad.

5.-  Las políticas públicas serán planificadas y ejecutadas por un Estado modernizado y tecnificado que alcance los niveles de transparencia y eficiencia necesarios para impulsarlas, solucionar los conflictos intersectoriales, proveer servicios de calidad con alcance universal, proteger el medio ambiente y diseñar esquemas demográficos y territoriales que prevengan y corrijan el proceso de urbanización anárquica.

6.- La política económica preservará los  equilibrios sociales básicos e impulsará la productividad y la competitividad, a partir del equilibrio fiscal, el tipo de cambio alto, el respeto por las normas económicas de aplicación universal, un sistema impositivo simplificado en el que la ley determine el concepto de ganancia y defina la imposición al patrimonio como base de la tributación, la integración al mundo, el crecimiento de las exportaciones y la estabilidad macroeconómica.

7.- El trabajo registrado y bien remunerado apoyado en un régimen laboral que favorezca el empleo sin desproteger. La enseñanza pública de excelencia, gratuita en los tres niveles y vinculada con la investigación básica y aplicada y con la producción. El gasto auditable en salud, que iguale la calidad de atención en todo el sistema y priorice la prevención. La inversión pública en infraestructura pesada e intermedia, así como la inversión privada desmonopolizada y el mercado competitivo sin privilegios sectoriales, funcionaran como instrumentos básicos de un sistema de crecimiento y eliminación definitiva de la inflación endémica y la pobreza.

8.- El programa otorgará prioridad a los niños y los adultos mayores. En especial asegurará sustentabilidad financiera a un sistema previsional cuya dimensión presupuestaria lo convierte en la más importante carga fiscal y condiciona la calidad de vida del grupo social que por razones de edad, afronta el mayor riesgo de desprotección. La eliminación del trabajo informal es un camino que necesariamente deberá transitarse para alcanzar esa sustentabilidad.

9.- La seguridad de las personas y los bienes públicos y privados, será responsabilidad de una organización policial eficiente, con personal instruido, entrenado y bien equipado, de una justicia penal rápida y sin complicidades y de un sistema penitenciario que supere el hacinamiento y evite actuar como ámbito de formación delictual. El combate al narcotráfico será el capítulo más urgente de la política de seguridad.

10.- En el plano internacional, priorizará la solidaridad con los países latinoamericanos, fortalecerá y ampliará el Mercosur, evitará los dogmatismos ideológicos, defenderá  los legítimos intereses nacionales, preservará la paz a partir del derecho y ratificará el carácter sagrado de las personas y los pueblos, que no deben ser objeto de subordinación, explotación o dominio.

Para que una propuesta de esta naturaleza se convierta en realidad concreta, la democracia argentina debe contar con un sistema de partidos sólido y socialmente representativo. Pero como a los partidos los dirigen las personas, también debe contar con una dirigencia política que actúe por vocación, no por interés personal. Que desprecie y sancione a quienes se enriquecen a costa del Estado. Que condene las actitudes corporativas, el nepotismo y las tendencias a la oligarquización. Que sepa que la política es naturalmente competitiva, pero coloque el bien público por encima de la competencia y evite que la competencia misma afecte la unidad nacional. Que acepte cierto grado de pragmatismo, porque las puras abstracciones lo alcanzan, pero que lea y estudie para que las soluciones prácticas se apoyen en ideas claras y bien fundadas. Que tenga conducta para alcanzar representatividad y respeto social. Que siempre diga la verdad.

A lo largo de su historia, el radicalismo contó con dirigentes así. Por eso, penetró en el alma popular, incluso en la de aquellos que nunca lo votaron.

Si queremos ser leales con nuestra historia, debemos revalorizar ese tipo de dirigente.