Autor: Luis Podio
La libertad de prensa constituye uno de los pilares fundamentales de toda república democrática. Sin periodismo libre, plural y no condicionado por el poder, resulta imposible garantizar el control ciudadano sobre los actos de gobierno, la transparencia institucional y el debate público informado.
En este marco, es preocupante la creación de la ❞𝙊𝙛𝙞𝙘𝙞𝙣𝙖 𝙙𝙚 𝙍𝙚𝙨𝙥𝙪𝙚𝙨𝙩𝙖𝙨 𝙊𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙍𝙚𝙥𝙪́𝙗𝙡𝙞𝙘𝙖 𝘼𝙧𝙜𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙖❞ destinadas a combatir la desinformación y desmentir operaciones que el gobierno de Milei adjudica a medios periodísticos y periodistas, en tanto dichas estructuras pueden derivar en mecanismos de presión, amedrentamiento o estigmatización hacia quienes ejercen la labor de informar.
La experiencia histórica y los estándares internacionales en materia de derechos humanos advierten que el Estado no debe erigirse en árbitro de la verdad ni fiscal del periodismo, sino garantizar las condiciones para que exista diversidad de voces, crítica libre y circulación irrestricta de información.
La libertad de expresión no se protege mediante la confrontación desde el poder, sino a través del respeto institucional, la tolerancia a la crítica y el fortalecimiento de canales formales de acceso a la información pública, conforme a la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes.
Cualquier iniciativa que, directa o indirectamente, desaliente el trabajo periodístico, promueva la descalificación sistemática de la prensa o genere un clima intimidatorio, afecta no solo a los medios de comunicación, sino al derecho de la sociedad en su conjunto a estar informada.
Por todo ello, es imprescindible que se deje sin efecto esta decisión, se priorice el diálogo democrático y se reafirme el compromiso irrestricto con la libertad de prensa, la libertad de expresión y el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas.
La defensa del periodismo libre no es una causa sectorial: es una condición indispensable para la democracia.
