Juan Vicente Sola. Profesor titular de Derecho Constitucional UBA. Director del Centro de Estudios de Derecho y Economía UBA. Acádemico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
El problema de Grecia no se limita a un debate de política económica ni a una crítica del mal humor teutónico hacia la originadora de la democracia. La cuestión es la fractura institucional del gobierno griego. Si bien Grecia es definida como una economía desarrollada, lo cual es cierto particularmente luego de las grandes inversiones de la Unión Europea a través de décadas, su estructura se asemeja a las economías populistas del llamado tercer mundo.
La cantidad de cuentapropistas en Grecia es el doble del que existe en el resto de Europa. Esta situación no es debida al deseo empresarial o de innovación que pudiera existir en Grecia, sino es una manera de asegurar la evasión tributaria. Los ingresos de este sector son 1.8 veces los ingresos denunciados ante la actividad tributaria. Esto no es debido a ninguna perversidad particular de los contribuyentes griegos, sino a la incompetencia y probable corrupción de los organismos recaudadores griegos.
Además de no cobrar impuestos, el gobierno griego gasta en lo que no debe. Por ejemplo paga jubilaciones a 120000 personas fallecidas.
Todo esto es lo habitual en Grecia, solo que en el pasado se resolvía con la devaluación sistemática de la dracma. Esto suponía una transferencia de los más pobres a los más ricos, pero como los pobres de una sociedad no están habitualmente organizados, sufren las consecuencias sin mayores protestas, y sufren los engaños de la ilusión monetaria. Es por este motivo que la incorporación de Grecia al euro fue muy popular, ya que evitaba la expropiación de sus salarios y sus jubilaciones por decisiones burocráticas.
El problema es que el gobierno no puede resolver la disfuncionalidad del gasto público, sumado al desordenado y distorsivo sistema tributario. En el pasado ocultaba su incompetencia a través de la emisión monetaria, con la llegada del Euro esa posibilidad. Al mismo tiempo al utilizar el Euro y gracias a la falta de regulación bancaria europea, el gobierno pudo endeudarse libremente ante los bancos privados europeos. No es que Grecia sea menos competitiva que otros Estados, Estados Unidos, la India y China tienen monedas comunes a pesar de enormes diferencias de desarrollo regional. Pero si los gobiernos de Detroit o Puerto Rico no cumplen con sus obligaciones financieras, deben sufrir las consecuencias. En Europa solo existen tratados para asegurar la eficacia fiscal. Hace seis años cuando Grecia estuvo en riesgo de no cumplir con sus deudas los gobiernos europeos y el FMI ayudaron a bancos, particularmente a los bancos alemanes. Es decir que los políticos alemanes impusieron la obligación a los griegos de salvar a los bancos alemanes que habían prestado imprudentemente a ese gobierno.
La situación es compleja al punto que un préstamo imponiendo condiciones más estrictas no es una solución, se requiere alguna reducción de la deuda. El pueblo griego deberá elegir entre la salida del euro y el regreso de la dracma con lo que podrán volver al ciclo de gasto público sin control y devaluaciones periódicas, o permanecer en el euro pero con un gobierno que realice las reformas estructurales en el sistema jubilatorio y tributario, al mismo tiempo que controle el gasto público caótico. Permanecer en una moneda común es una gran ventaja particularmente en sociedades con gobiernos con estructuras de gobierno corporativas y políticas populistas.
