PARA TERMINAR CON LOS PRIVILEGIOS

El día 29 de diciembre de 2020 el Dr. Edmundo Ezequiel Pérez Nami, Juez subrogante a cargo del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 10, dispuso la nulidad de la resolución dictada por el Ministerio de Desarrollo Social que suspendió el cobro por parte de la ex Presidenta de la Nación, de la asignación mensual vitalicia establecida por el art. 1 de la ley 24018, en razón de que la beneficiaria ya se encontraba percibiendo la pensión por fallecimiento de su esposo, también ex Presidente de la Nación.

Está claro que la decisión adoptada por el señor Juez subrogante significa, en la práctica, que Cristina Elizabeth Fernández recibirá simultáneamente los dos beneficios, sin perjuicio del salario que cobra como Vicepresidente en ejercicio.

La sentencia consolida un conjunto de privilegios a favor de la actora, que no solo contradice expresas disposiciones legales (art.5 ley 24018), sino que además afecta conceptos éticos elementales que siempre deben respetarse desde la función pública, profundiza las desigualdades que caracterizan a la Argentina de hoy y en razón de las sumas en juego, afecta la sustentabilidad financiera de un sistema previsional gravemente deficitario.

ANSES, que sistemáticamente apela todas las sentencias dictadas en cientos de miles de juicios previsionales en trámite, en este caso específico no sólo no apeló, sino que consintió cada una de las peticiones formuladas por la actora. La eximición del pago de ganancias ratifica que la sentencia constituye un ejemplo claro de una decisión destinada a beneficiar a quien –además de recibir muchísimo dinero- tiene la permanente vanidad de demostrar que está por encima de cualquier límite legal. Ese conjunto de privilegios es aún más agraviante porque se impuso en el mismo momento en que el oficialismo parlamentario votó un nuevo método de actualización de las jubilaciones ordinarias, que perjudica manifiestamente a los jubilados.

Por todos estos motivos, quienes firmamos esta declaración apoyamos el recurso de apelación promovido y redactado por el Dr. Federico Despoulis Netri, la Dra. Marcela Fernandez Cerone, y la Sra. Inés Halm-en su condición de integrantes del Observatorio de la Seguridad Social que opera en el ámbito de la Fundación Ricardo Rojas en estrecha colaboración con la Fundación Sergio Karacachoff- que de esta manera pretende corregir un conjunto de deformaciones legales, financieras y éticas promovidas en beneficio de quien utiliza su poder político para asegurar sus ventajas personales, olvidando que en una democracia, los funcionarios públicos –especialmente aquellos elegidos por el pueblo- están obligados a actuar sólo en función del bien común.

Febrero 4 de 2021

Jorge Alfredo AGUNDEZ. Lucia ALBERTI. Javier ARGOLO. Juan Fernando ARMAGNAGUE. María Angélica BADER. Roberto BERECIARTUA. José BIELICKI. Omar BRUZZO. Pedro CALVO. Marcelo CANAY. Emilio CAPUCCIO. Juan Manuel CASELLA. Jorge COBOS. Víctor DEMARTINO. Ernesto FIGUERAS. María Teresa FLORES. Rossanna GALASSI. Raúl GALVAN. Julio GINZO. María Elena GUERRERO. Héctor María GUTIERREZ. Luis MENUCCI. Miguel MIERES. Elvio Francisco MOLARDO. Juan Manuel MOURE. Guillermo MORENO HUEYO. Rafael PASCUAL. Carlos Alberto PEREZ GRESIA. Ricardo PEREZ VELEZ. Horacio PERNASETTI. Raúl PISTORIO. Luis PODIO. Miguel PONCE. Norberto RINALDI. Fabián ROGEL. Dante ROSSI. Carlos RUIZ. Ricardo SANCHEZ. Jorge SAPPIA. Elena Obdulia SILVA. Federico STORANI. Jorge TEODOSIU. Nicolás TEODOSIU. Francisco TORROBA. Selva VALDEZ. Cristina VESCO. Marcelo VIGNE.