INÉS HALM
Miembro Fundadora del Observatorio de Seguridad Social.
Un llamado de atención a las legisladoras y dirigencias que omiten la desprotección económica en la vejez.
- El silencio cómplice sobre la vejez femenina.
Resulta inadmisible que, en el marco de una agenda pública que proclama la defensa de los Derechos Humanos y la igualdad de género, las dirigentes y legisladoras sostengan un silencio sistemático frente a una de las formas más cruentas de violencia económica: la brecha previsional.
Se habla con frecuencia de la brecha salarial activa o de la paridad en las listas electorales, pero se invisibiliza de manera alarmante que el sistema previsional contributivo funciona como un engranaje de amplificación de las desigualdades estructurales del mercado de trabajo. La violencia de género no termina al concluir la vida laboral activa; se profundiza y perpetúa al alcanzar la edad de retiro.
- La brecha previsional expresada en números: Una realidad ineludible
Las estadísticas vigentes revelan un panorama desolador que no puede continuar fuera de la agenda parlamentaria:
* Inalcanzabilidad del derecho jubilatorio: Solo 1 de cada 10 mujeres que cumplen 60 años reúne los 30 años de aportes mínimos requeridos por el régimen general.
* Dependencia de parches temporales: Cerca del 75% de los beneficios otorgados mediante moratorias previsionales corresponden a mujeres. Esto demuestra que no se trata de «moratorias regalo», sino de una vía de subsistencia frente a un mercado que las empujó a la informalidad o al trabajo doméstico no remunerado.
* Precarización y brecha de ingresos: En el haber medio jubilatorio existe una brecha histórica de entre el 15% y el 25% a favor de los varones. Además, la población femenina jubilada presenta una concentración alarmante en el haber mínimo (más del 70%).
* Informalidad estructural: Mientras que la informalidad general femenina roza el 36%, en sectores como el trabajo doméstico en casas particulares supera el 70%, condenando a millones de mujeres a la falta total de densidad contributiva.
III. Del trabajo no remunerado a la desprotección estatal
La falta de aportes formales en la mujer no es sinónimo de inactividad. Es el resultado directo de la sobrecarga no remunerada de tareas de cuidado (niños, personas con discapacidad, adultos mayores) y de la inserción en jornadas parciales o informales para sostener a sus familias.
Cuando el Estado exige 30 años continuos de aportes dentro de un régimen rígido, castiga la maternidad y el cuidado. Y cuando la única respuesta ofrecida como alternativa es postergar la edad jubilatoria hasta los 65 años a través de programas como la PUAM —otorgando apenas un 80% de un haber mínimo y despojando a la beneficiaria del derecho a pensión derivada— se incurre en una violencia institucional y económica manifiesta.
- Exigencia a la dirigencia política y legislativa
A las legisladoras y líderes que embanderan la causa del género les exigimos coherencia política y acción legislativa inmediata. Garantizar la equidad de género exige abordar de manera prioritaria las jubilaciones femeninas.
Demandamos la incorporación urgente en la agenda legislativa de los siguientes ejes institucionales:
* Reconocimiento permanente de las tareas de cuidado: Consolidar y ampliar la compensación de aportes por maternidad y cuidados dentro del régimen general, superando las medidas paliativas e insuficientes.
* Esquemas de proporcionalidad contributiva: Implementar jubilaciones proporcionales para quienes cuentan con 15 o 20 años de aportes efectivos, eliminando la trampa de «todo o nada» de los 30 años.
* Piso Básico Universal de Garantía: Establecer un sistema de protección garantizado que no condene a las mujeres a la indigencia o a la pérdida de derechos previsionales fundamentales por razones de edad o género.
«No existe justicia de género posible si la vejez de las mujeres sigue condenada a la pobreza, la dependencia y la invisibilización.»
