Aquel “nunca más” que Strassera proclamó como frase final de su acusación, sirvió para sintetizar uno de esos pactos implícitos que las sociedades alcanzan en algún momento de su historia
En el caso argentino, ese acuerdo consistió en la elección de la democracia, no ya como sistema de gobierno, sino como forma de vida. La condena a los integrantes de las juntas militares –que además incluyó a Firmenich y López Rega- otorgó el nivel de legitimidad imprescindible para terminar con cincuenta y tres años de tutela militar, consolidar la vigencia del Estado de Derecho, el pleno acceso a la convivencia en libertad y la posibilidad de alcanzar la calidad de vida material que nuestro suelo está en condiciones de proveer.
A lo largo de los últimos 24 años, ese pacto implícito perdió solidez. Porque para mucha gente, cada vez es menos cierto que con la democracia se coma, se cure y se eduque. Porque la dialéctica amigo-enemigo –la grieta- entendida como forma de acumular poder político y las deformaciones corporativas que nos aprisionan, impiden definir y aplicar las políticas de estado necesarias para impulsar las reformas estructurales que nos saquen de la decadencia.
Porque parte de la dirigencia –no sólo la política- perdió calidad, inteligencia e imaginación para proyectar el largo plazo. Porque los partidos dilapidaron identidad, coherencia y representatividad social en internas sin sentido. Porque el predominio de un pragmatismo avaro e individualista borronea las fronteras morales y destruye la confianza del pueblo.
Milei es el emergente de esta realidad. Su imagen, su capacidad para manejar pantallas y redes, su lenguaje descarnado y brutal, la pericia para incluir en el concepto de “casta” a los enemigos que dice odiar –aunque los ame cuando piensa utilizarlos, como el caso Bullrich- son las características exteriores de un fundamentalista de mercado de fondo autoritario que no cree en el pueblo gobernándose a sí mismo y prefiere un despotismo de economistas aliados al capital financiero que hoy representan la versión simplificadora y ventajera del “libertad civil para todos, libertad política para pocos” de Alberdi (Botana, “El orden conservador”, pág. 40 y sig.).
El presidente identifica libertad con libertad de comercio para la rentabilidad empresaria, desprecia la justicia social y concibe la igualdad como contraria a la naturaleza de las sociedades modernas. La invocación de la emergencia, la amenaza hiper inflacionaria, las facultades extraordinarias y los protocolos para el control de la calle son recursos con que quiere contar porque prevee y teme las consecuencias sociales del ajuste que constituye el centro de su política económica, que todavía no incluye un programa de estabilización antiinflacionaria.
En el orden institucional vigente, detrás de Milei está Victoria Villarroel.
La Vicepresidente es más inteligente, más paciente y mejor formada que el presidente. Además, sabe lo que quiere. Su propósito consiste en reivindicar la influencia política de las Fuerzas Armadas, reinstalarlas como factor de poder, no para un golpe de estado al estilo clásico, sino –en principio- como un punto de referencia frente al desorden social que puede derivar del ajuste en marcha. A propósito: la utilización de vestimentas militares en actos públicos por parte de un grupo de funcionarios civiles es una forma visible, aunque patéticamente caricaturesca, de repetir la amenaza verbal que implica la acusación genérica de coimeros a los legisladores que rechazan los proyectos oficiales.
En esa misma línea, la vicepresidente cuestiona el concepto de terrorismo de estado: ya difundió, en el país y fuera de él, párrafos claramente negacionistas. De esa manera, impugna los fundamentos del pacto implícito de consolidación democrática e intenta reabrir un debate definitivamente clausurado por la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
El propósito de reabrir ese debate es de imposible ejecución: la sentencia dictada por unanimidad, firme y ejecutoriada, tiene fundamentos de una solidez inconmovible. El objetivo de fondo no fue solo condenar a los responsables de los delitos, sino también en alcanzar “una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia sino en la justicia” (Strassera, alegato en la causa 13). Esa paz fundada en la justicia forma parte del patrimonio histórico de la Nación.
Es posible que para ciertos políticos y operadores financieros aliados con el gobierno, la vice constituya lo que suele denominarse “Plan B”. Nadie interprete que imputo deslealtad. Se trataría tan sólo, de una actitud sectorial de prudencia algo especulativa en el campo institucional, ante la eventualidad no querida ni buscada, de debilitamiento presidencial.
Frente al estado de ajuste permanente, hasta cierto punto necesario pero socialmente insoportable porque no incluye políticas públicas que garanticen un mínimo de equidad en la distribución del ingreso, la legitimidad de la democracia reconstruida por Alfonsín en el 83 puede convertirse en un argumento insuficiente, meramente formal, para quienes sufren el drama de la pobreza, de la creciente desigualdad, de la desesperanza y no están entre quienes pueden irse del país.
La responsabilidad der los dirigentes: identificados intelectual y moralmente con la democracia, es proporcional al riesgo que la acecha. En poco tiempo, deberán demostrar que tienen las ideas, la convicción, la honestidad y el compromiso necesario para preservarla en sus formas y en sus esencias.
Marzo de 2024
JUAN MANUEL CASELLA, presidente de la Fundación Ricardo Rojas
Nota publicada en el diario Perfil
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