La volatilidad del momento político español
Por Gustavo Suárez Pertierra (*) Exclusivo para la Fundación Ricardo Rojas
Los españoles asistimos desde hace unos cuantos meses, entre perplejos y preocupados, a una situación política complicada y, sobre todo, novedosa en el panorama público del país.
Para entender las dificultades y especialmente el grado de novedad, conviene situar las cosas en su contexto. Las bases de nuestro sistema de convivencia vienen de la transición política de la dictadura a la democracia, que tiene como hito fundamental la Constitución de 1978. Aunque desde hace algunos años soplan vientos de cambio (no en vano han pasado casi cuatro décadas desde aquella fecha histórica), prácticamente todo el mundo reconoce que la Constitución tuvo el mérito de resolver, a veces con propuestas alambicadas fruto del consenso político y hasta con soluciones de alcance que hoy parecen transitorias, los grandes problemas históricos de nuestra sociedad. Así sucedió con la cuestión territorial, para la que se diseña un modelo nuevo y, al menos en aquel momento, razonable: el Estado de las Autonomías. Por otra parte y según el espíritu de la transición, se elaboró un régimen electoral que primaba las grandes formaciones políticas para garantizar la gobernabilidad del Estado. Así ha venido funcionando el sistema. Los grandes partidos, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), han venido alternándose en el ejercicio del poder con mayorías más o menos holgadas o apoyándose en las minorías nacionalistas (partidos catalán y vasco) presentes en el Parlamento nacional, con incorporaciones puntuales del partido Izquierda Unida (IU), que recoge un conjunto de formaciones de izquierda, entre ellas el antiguo Partido Comunista.
En 2011 se produce un vuelco electoral a causa fundamentalmente del impacto de la crisis global económico – financiera. El PP, partido de la derecha, consigue una cómoda mayoría absoluta a la que suma el gobierno de la mayor parte de las Comunidades Autónomas y de las más importantes ciudades. Nunca hubo en España tan grande concentración de poder en una sola formación política. Al tiempo, el PSOE obtiene los peores resultados de su historia con un apoyo social situado en torno al 20% de los votos.
Le legislatura que se abre en ese momento fue todo menos sencilla. La crisis global abierta un cierto tiempo antes se llevó por delante el gran sector inmobiliario español, que vivía en una cómoda burbuja económica; el desempleo llegó a varios dígitos por encima del 20% y los casos de corrupción en el sector público y en la banca alcanzaron caracteres estructurales en el sistema.
Por su parte, en el magma político de un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en la legislatura anterior y recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional, el partido nacionalista burgués de Convergencia y Unió, junto con otras fuerzas soberanistas de izquierda de signo republicano, promueven el apoyo a la independencia de la región, que se incrementa progresivamente.
Ante esta realidad tan compleja, el Gobierno dedica su atención preferente a la economía en la línea de aplicación de las fuertes medidas de austeridad que propone la Unión Europea (UE), que suponen un enorme esfuerzo para la sociedad española y que producen el exasperante efecto de profundizar en la desigualdad social. En cuanto a la cuestión territorial, percibida por la ciudadanía como el primero de los problemas, excluido el desempleo, se rompen prácticamente todos los puentes de diálogo con las fuerzas nacionalistas al tiempo que va subiendo de tono la reivindicación independentista. Al final del período (septiembre de 2015), las elecciones regionales catalanas arrojan un resultado que, aún sin mayoría electoral suficiente a favor del independentismo, permite formar in extremis un gobierno nacionalista entre la nueva Convergencia, Esquerra Republicana y un conglomerado de fuerzas antisistema, la Candidatura de Unidad Popular (CUP), que inicia el ya comprometido y, por supuesto, inconstitucional proceso de separación del Estado español.
El PSOE, por su parte, se ve obligado a concentrar su atención en la resolución de los problemas internos. Después de la débacle electoral y sin liderazgo ampliamente aceptado, unas elecciones primarias internas dan como resultado la figura emergente de un joven Pedro Sánchez que, sin embargo, no cuenta con el apoyo incondicional de algunos de los líderes regionales más reconocidos del Partido, como la Presidenta del Gobierno de Andalucía, la región española más comprometida con el socialismo.
Toman fuerza social ciertos movimientos reivindicativos
Mientras tanto, por primera vez van tomando fuerza social ciertos movimientos reivindicativos al amparo de los indeseables efectos de las políticas de austeridad (desahucios, cortes de suministro de energía por impago, recortes en sanidad y en educación, escasez de un mercado social de vivienda digna) y con la plataformas de la lucha contra la corrupción y contra las palmarias desigualdades sociales que se han instalado en España con efecto de las medidas anticrisis.
Tales movimientos, al principio de índole asamblearia y sin una articulación política suficiente, se constituyen en partidos políticos de alcance regional o nacional en el contexto de las elecciones al Parlamento europeo, así como para las elecciones regionales convocadas entre la primavera y el verano del pasado año. Los favorables resultados que obtienen estas formaciones, agrupadas bajo la denominación de “Podemos”, con un grupo de jóvenes académicos al frente bajo el liderazgo de Pablo Iglesias, constituyen la primera llamada de atención para quienes no estuvieran convencidos todavía de la fuerza social de los nuevos movimientos. Entre otras significativas situaciones, la nueva formación gobierna, con otros apoyos, los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, este último con una líder emergente de previsible futuro político: la alcaldesa Ada Colau.
Por lo demás, un emergente centro derecha con ropaje moderno, hasta entonces limitado al ámbito catalán sólo con relativo éxito, irrumpe en las elecciones regionales en el resto de España. Con el nombre de “Ciudadanos” y también con un líder joven y moderno, Albert Rivera, consigue un éxito inesperado ocupando el espacio político de otras formaciones menores y atrayendo parte del electorado de centro hasta entonces inclinado a los grandes partidos.
Instalado en su cómoda mayoría, al Gobierno del PP no le preocupa conseguir apoyos parlamentarios para la aprobación de las leyes más polémicas, como la reforma educativa, al tiempo que practica una política de exasperante inacción con respecto del problema catalán, sin propuestas políticas y si acaso colocando en sede judicial algunos de los pasos adelantados por el Gobierno separatista. Interesado en agotar la legislatura para aprovechar los datos económicos más favorables que se anuncian para el último trimestre del año, deja, incluso, aprobados los Presupuestos Generales para 2016 cuando se convocan elecciones para el pasado mes de diciembre.
Con los precedentes citados, las encuestas más fiables que se publican antes de las elecciones generales del 20 de diciembre ya presentan un nuevo panorama que se caracteriza por dos factores principales: por un lado, el fin del bipartidismo, porque ahora van a ser no ya dos, sino cuatro partidos en juego, dos clásicos con sus respectivas crisis internas y el desgaste propio del ejercicio del gobierno por parte del PP, y dos emergentes que concurren sin complejos a la disputa del espacio político de aquéllos. El segundo factor a tener en cuenta es la fragmentación que previsiblemente va a ser resultado de la confrontación electoral, con la añadida dificultad para la generación de mayorías que permitan la formación de un gobierno estable.
Esto es más o menos lo que sucedió en las pasadas elecciones. El PP, el Partido del Gobierno, obtiene 123 diputados, muy lejos de la mayoría requerida para formar gobierno en solitario; pierde, además, más de 60 escaños, aunque mantiene su mayoría absoluta en el Senado. El PSOE, aunque con sensación de haber salvado el obstáculo, pues sigue siendo la segunda fuerza, obtiene 90 diputados, que de nuevo es el peor resultado de su historia. Podemos es la tercera fuerza, con 69 escaños, aunque parte de ellos pertenecen a las llamadas confluencias, es decir, coaliciones regionales de Cataluña, Galicia y Valencia que, aunque integradas en la candidatura general, mantienen su propia personalidad, que ya ha comenzado a plantear problemas internos. El nuevo partido Ciudadanos obtiene 40 diputados, lejos de sus previsiones, pero que le colocan en una situación bien relevante para condicionar la formación de gobierno. Los partidos catalanes (antigua Convergencia y Esquerra Republicana, que concurren por separado) y el Partido Nacionalista Vasco obtienen también representación menos relevante y, finalmente, IU, integrada en el Grupo Mixto del Congreso junto con representaciones muy minoritarias de otros partidos, mantiene tan sólo dos escaños en el nuevo Parlamento nacional.
Es muy difícil la conformación de una mayoría suficiente
Con estos resultados se plantea muy difícil la conformación de una mayoría suficiente. El sistema español prevé que el proceso comience con la propuesta de un candidato por parte del Jefe del Estado. Aunque el Rey no está constreñido directamente por los resultados electorales y aunque puede ofrecer un candidato fuera de los partidos, es usual que la propuesta recaiga en el líder del Partido más votado. No hay plazo para ello. La verdadera hoja de ruta comienza con la primera votación del debate de investidura, para la que se requiere mayoría absoluta, a la que seguirán otras votaciones, si fuera el caso, ya con mayoría relativa, que podrán prolongarse por espacio de dos meses. Concluido este plazo sin Presidente investido, se convocarán forzosamente elecciones generales.
El problema es que, como ya se ha adelantado, no hay manera sencilla de obtener respaldo mayoritario, siquiera ya para la segunda votación. El debilitado Presidente del Gobierno promueve una gran coalición, inédita en España, con PSOE y Ciudadanos. Mientras que este último está dispuesto a ello en principio, el PSOE se ha negado a prestar su apoyo al PP, incluso con su abstención, aún si el candidato no fuera Mariano Rajoy, en base a dos razones principales: las políticas económicas caracterizadas por los recortes al estado del bienestar y su consecuencia sobre la desigualdad y los casos de corrupción en que se ve inmerso el PP, en este momento, por cierto, imputado ante los tribunales como tal Partido político y, entre otros casos, con todos los miembros del anterior equipo de gobierno de la ciudad de Valencia (excepto la alcaldesa, aforada como actual senadora) acusados de prácticas irregulares. Precisamente, acaba de dimitir la Presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, alegando responsabilidades políticas por causa de una investigación dirigida por la Guardia Civil contra el PP de la capital.
La otra fuerza política que podría alcanzar una mayoría exigua es el PSOE. Pero también aquí los problemas se multiplican. Correspondientemente, el PP niega su apoyo en los mismos términos. El partido Ciudadanos, que en este momento ya no se sitúa al lado del PP como no fuera para explorar la coalición mencionada, está dispuesto a pactar con el PSOE con el límite del protagonismo que Podemos vaya a adquirir en una posible nueva mayoría inclinada a la izquierda. Pedro Sánchez mira al partido de la izquierda, pero con dos dificultades expresas: las líneas rojas de Podemos para el pacto, concretadas en primer lugar en el compromiso de realizar un referendum sobre la independencia de Cataluña, que el candidato y su Partido no aceptan, y los fuertes condicionamientos para el pacto que ha fijado a su Secretario General el Consejo federal del PSOE, sometido a las tensiones internas ya indicadas.
Así las cosas, el proceso de conversaciones del Jefe del Estado con los partidos ofrece una inaudita novedad: Mariano Rajoy, líder de la fuerza más votada, declina su candidatura sobre la base de las dificultades para formar mayoría y, según algunos analistas, en la esperanza de que se encuentre alguna fórmula (difícilmente constitucional) para pasar directamente a la convocatoria de nuevas elecciones sin necesidad de acudir a un debate de investidura perdido de antemano. Pero el Rey, en el ejercicio democrático de sus funciones, decide entonces encargar al líder del PSOE la formación de Gobierno.
Y en estas estamos cuanto se escriben estas páginas. Pedro Sánchez se ha aplicado a la labor con extraordinario esfuerzo. Mientras que a fecha de 12 de febrero y como era previsible no ha alcanzado ningún puerto una breve conversación con el líder del PP, han comenzado con buen pie las negociaciones con Ciudadanos. Podemos, por su parte, se ha negado a entablar contacto formal con el PSOE mientras esta formación no decida excluir a Ciudadanos de la negociación, al tiempo que ha puesto sobre la mesa un Gobierno de coalición con la exigencia de la Vicepresidencia y varios significativos ministerios. Al parecer, prepara una propuesta de diálogo para el candidato, que se hará pública en las próximas fechas. Por lo demás, ni siquiera la unión con alguna fórmula posible de estas tres fuerzas podría constituir suficiente mayoría frente al prometido voto en contra del PP. Se requerirían otros apoyos, como el probablemente más favorable del Partido vasco y, sin duda, el de IU. Pero, aún así, sería necesario el concurso de las fuerzas separatistas catalanas (con las que el candidato, por lo anteriormente indicado, no tiene permitido negociar), quizá con la fórmula de una abstención no pactada o con la simple ausencia de la votación. En cualquier caso, Pedro Sánchez ha comprometido una consulta a las bases del Partido para la aprobación del pacto al que pudiera llegarse.
Finalmente, el Presidente del Gobierno ha declarado su condición disponible para el caso de que el candidato designado no pudiera alcanzar la investidura. Pero, sin perjuicio de su debilitada imagen y como ya se ha indicado, con el único apoyo de Ciudadanos, ya muy dudoso, no podría obtener en ningún caso la nominación.
¿Unas nuevas elecciones serían capaces de aclarar el panorama?
Así pues, las cosas no están fáciles y se justifica la sensación de perplejidad y preocupación que se ha instalado en la sociedad española. Descartada la opción de que el PP pueda formar gobierno, como creo, la única posibilidad es que, con las dificultades mencionadas, que no son pocas, el PSOE pueda armar una mayoría probablemente frágil que desplazaría de alguna manera el problema, hipotéticamente ganada la investidura, a la labor diaria de un gobierno de estabilidad. Un Gobierno que tendría como prioridades fundamentales, ni más ni menos, la lucha contra el desempleo, la renegociación de las condiciones de crecimiento y déficit con Bruselas en un régimen de respeto a las condiciones básicas del estado del bienestar, la regeneración de la vida democrática y la resolución del problema de Cataluña. Para esto último, por cierto, la propuesta del PSOE ha sido enmarcar el modelo territorial en una reforma constitucional de envergadura, para lo cual indefectiblemente se precisa el apoyo del PP.
Si no fuera así, nos esperan en España nuevas elecciones. El Presidente del Congreso de los Diputados, el socialista y antiguo Presidente del Gobierno vasco Patxi López, ha sugerido la fecha del primer debate de investidura para la primera semana de marzo, sin que, en uso de su exclusiva prerrogativa, se haya fijado aún una fecha en firme. Según se ha indicado, el plazo para la investidura expira a los dos meses de la primera votación de no haberse producido resultado favorable. A partir de ahí, se convocarían elecciones generales, que exigen a su vez un plazo de 54 días para su celebración. Esto quiere decir que la fecha electoral podría recaer, llegado el caso y como mínimo, en torno a los últimos días de junio.
Y, por cierto, ¿unas nuevas elecciones serían capaces de aclarar el panorama? Una incierta previsión sujeta hoy a los amplios márgenes de la desacreditada profecía política, sugiere, en mi opinión, un peor resultado para el PP por causa de la gestión postelectoral, con fuerte problema de liderazgo y con un cierto desplazamiento de votos hacia Ciudadanos. Permite pensar también que, si los problemas internos de discusión de liderazgo en el PSOE no interfieren, el mismo candidato, Pedro Sánchez, se enfrentaría en mejores condiciones a la nueva convocatoria electoral. ¿Estará Podemos en condiciones de producir el sorpasso y situarse como segunda fuerza política? No resulta ya fácil, entiendo, por lo dicho en relación con el PSOE y porque será más difícil para el nuevo Partido mantener su conexión con las confluencias, a pesar de la previsible coalición electoral con IU. Pero, con este panorama, ¿no estaríamos aún en condiciones complicadas para conformar un gobierno de mayoría?
Y ello a pesar del avance del independentismo en Cataluña al amparo de un Gobierno en funciones, de posibles problemas con el crecimiento económico, el consumo y la inversión exterior, del Brexit en el reino Unido, de los nubarrones que anuncian agoreros una nueva crisis de alcance global, de la ausencia real de España de los foros internacionales en los que se están debatiendo los más importantes problemas que tiene planteados hoy la humanidad y, por supuesto, del cansancio de los españoles y españolas ante este impasse provocado en buena medida por la falta de adaptación de un exitoso modelo de convivencia que requiere una profunda puesta al día para adaptarse a los formidables cambios que vertiginosamente se están produciendo en el mundo.
Madrid, febrero de 2016
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y Doctor por la Universidad de Valladolid. Desde julio de 1993 formó parte del Gobierno español como Ministro de Educación y Ciencia y dos años más tarde como Ministro de Defensa, cargo que desempeñó hasta mayo de 1996. Es Profesor visitante de diversas universidades españolas y extranjeras, así como miembro de sociedades académicas y pertenece a diversos comités científicos y fundaciones. Es autor de varias decenas de estudios sobre su especialidad.
Nota especial para la Fundación Ricardo Rojas
