Una respuesta inmediata frente a una crisis que no admite demoras
La Argentina atraviesa una emergencia económica, social, sanitaria, educativa y productiva más grave de lo que muestran los indicadores generales. La caída de la actividad ya configura, según las estimaciones disponibles, un escenario de recesión técnica; al mismo tiempo, se deterioran el salario real y la calidad del empleo, disminuyen las oportunidades laborales y se profundiza la fragilidad de miles de pequeñas y medianas empresas. Esta crisis golpea con mayor fuerza a quienes viven de su trabajo, a los jubilados, a las familias de menores ingresos y a las economías regionales.
La emergencia también se expresa en el sistema de salud. Los hospitales públicos reciben una demanda creciente mientras enfrentan restricciones de recursos, faltantes y pérdida de personal. A la vez, numerosas obras sociales atraviesan dificultades financieras que amenazan la continuidad y la calidad de las prestaciones. Cuando el ingreso familiar cae, la atención privada se vuelve inaccesible y la cobertura solidaria se debilita, la salud pública se convierte en la última red de protección de millones de argentinos.
El sistema educativo también atraviesa un deterioro que compromete el presente y el futuro del país. La pérdida de días y horas de clase, el retroceso de los aprendizajes, la deserción, las brechas territoriales y sociales, el deterioro de la infraestructura y de los ingresos del personal docente y no docente, y las restricciones que afectan a la educación inicial, primaria, secundaria, técnica, especial y superior (universitaria y no universitaria) debilitan la igualdad de oportunidades, la ciudadanía y las capacidades productivas nacionales.
Frente a esta situación, no alcanza con anunciar reformas cuyos resultados llegarán dentro de varios años. La población necesita alivio, protección y señales concretas de recuperación en un plazo máximo de doce meses. Este documento presenta un programa autónomo de emergencia, compatible con una estrategia nacional de desarrollo de más largo alcance, pero concentrado exclusivamente en decisiones que pueden ponerse en marcha de inmediato y producir resultados verificables durante el primer año. Durante la emergencia, la prioridad fiscal será preservar el equilibrio de las cuentas públicas; consolidada la recuperación, el programa convergerá al objetivo estructural de superávit fiscal real establecido en esta propuesta.
Este Plan de Emergencia constituye la primera etapa de ejecución de la estrategia general desarrollada en el documento “Un modelo para la Argentina en línea con los valores de la UCR». Sus medidas extraordinarias no sustituyen las reformas estructurales de mediano y largo plazo, sino que crean las condiciones económicas y sociales necesarias para implementarlas.
Objetivos para los primeros doce meses
• Detener el deterioro de la atención sanitaria y garantizar medicamentos, insumos y prestaciones esenciales.
1• Sostener a las obras sociales y ordenar su situación financiera sin trasladar el costo a los afiliados.
• Detener el deterioro educativo, recuperar aprendizajes y garantizar condiciones adecuadas de enseñanza en todos los niveles.
• Proteger el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y transferencias sociales.
• Frenar el deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones y garantizar la continuidad de las prestaciones previsionales, con alivio inmediato y focalizado para los pasivos de menores ingresos mediante refuerzos de haberes, acceso a medicamentos y tarifas sociales, con financiamiento presupuestario explícito.
• Frenar la destrucción de empleo y crear incentivos inmediatos para nuevas contrataciones formales.
• Evitar nuevos cierres de PyMEs, recuperar su capital de trabajo y reactivar la producción.
• Revertir la recesión mediante el impulso simultáneo de la demanda, el crédito productivo y las exportaciones.
• Preservar el equilibrio fiscal mediante una reasignación de prioridades, mayor recaudación sobre evasión y privilegios, y transparencia en cada partida de emergencia.
1. Emergencia sanitaria y recuperación de la atención pública
• Fondo Federal de Emergencia Sanitaria: refuerzo inmediato y transparente para hospitales nacionales, provinciales y municipales, distribuido según población, demanda efectiva, complejidad y vulnerabilidad social.
• Abastecimiento en 90 días: compra coordinada de medicamentos esenciales, vacunas, reactivos, prótesis e insumos críticos, con publicación de precios y entregas.
• Protección del personal: recomposición prioritaria de los ingresos más bajos, cobertura de vacantes críticas y régimen transitorio de retención para guardias, enfermería, salud mental y especialidades con escasez.
• Medicamentos accesibles: ampliación de la provisión gratuita o subsidiada para jubilados, personas con discapacidad, pacientes crónicos y hogares sin cobertura suficiente.
• Atención primaria: extensión de horarios, operativos territoriales y recuperación de centros de salud para reducir demoras y evitar la saturación hospitalaria.
• Tablero público: seguimiento mensual de guardias, turnos, cirugías postergadas, abastecimiento y ejecución presupuestaria.
2. Rescate y ordenamiento de las obras sociales
• Auditoría y asistencia condicionada: diagnóstico financiero en los primeros 60 días y apoyo transitorio únicamente a entidades que mantengan prestaciones, presenten planes de saneamiento y abran sus cuentas al control público.
• Pago de deudas verificadas: cronograma extraordinario para prestaciones de alto costo, discapacidad y tratamientos crónicos, con control para impedir dobles pagos y sobrefacturación.
2• Fondo compensador: fortalecimiento del mecanismo solidario para equilibrar riesgos entre obras sociales y evitar que la edad o la enfermedad se conviertan en barreras de acceso.
• Continuidad de cobertura: prohibición de interrupciones arbitrarias durante la emergencia y canal rápido de reclamos con resolución obligatoria.
• Compras conjuntas: negociación coordinada de medicamentos y tecnologías de alto costo para reducir precios sin disminuir prestaciones.
3. Emergencia educativa y recuperación de los aprendizajes
• Fondo Federal de Emergencia Educativa: refuerzo inmediato y transparente para la educación inicial, primaria, secundaria, técnica, especial y superior (universitaria y no universitaria), distribuido según matrícula, vulnerabilidad, ruralidad y déficits de infraestructura.
• Continuidad y tiempo escolar: garantía de días y horas de clase, recuperación de jornadas perdidas y extensión focalizada del tiempo escolar en las comunidades con mayores rezagos.
• Plan nacional de aprendizajes: diagnóstico temprano y tutorías intensivas en alfabetización, matemática y comprensión lectora, con prioridad en los primeros años y en estudiantes próximos al egreso.
• Protección de docentes y no docentes: recomposición prioritaria de los ingresos más bajos, formación continua y cobertura de cargos críticos para frenar la pérdida de personal calificado.
• Infraestructura y conectividad: reparación urgente de las instituciones de todos los niveles educativos; provisión de agua, calefacción, electricidad, conectividad, materiales y equipamiento, con prioridad para los establecimientos en riesgo.
• Permanencia y reinserción: becas, alimentación, transporte y acompañamiento para evitar el abandono y reincorporar a quienes dejaron la escuela o sus estudios superiores.
• Universidades, institutos y formación técnica: garantía de funcionamiento, actualización de partidas esenciales y fortalecimiento de la vinculación con el trabajo, la ciencia y las necesidades productivas regionales.
4. Ingresos, salarios y protección de los hogares
• Acuerdo de emergencia por los ingresos: convocatoria inmediata a trabajadores, empleadores, PyMEs, cooperativas, provincias y consumidores para concertar una recuperación escalonada del salario real y sostener el empleo.
• Piso de protección: actualización mensual y automática, durante doce meses, de jubilaciones mínimas, asignaciones y transferencias destinadas a hogares vulnerables, acompañada por refuerzos extraordinarios mientras persista la emergencia.
• Alivio a jubilados y pensionados de menores ingresos: refuerzos extraordinarios y focalizados de haberes, complementarios a la actualización mensual, junto con acceso gratuito o subsidiado a medicamentos esenciales y tarifas sociales. Garantizar la continuidad y puntualidad de los pagos, con criterios transparentes de elegibilidad y financiamiento presupuestario explícito, sin esperar los resultados de la reforma previsional de largo plazo.
3• Paritarias libres: garantía de negociación sin topes, con revisión frecuente cuando la inflación supere los aumentos acordados.
• Canasta básica: monitoreo federal de alimentos, medicamentos, transporte y servicios esenciales; sanción de abusos y promoción de mercados de cercanía y compras directas a productores.
• Tarifas con criterio social: protección efectiva para hogares de bajos ingresos, clubes, cooperativas, instituciones sanitarias y pequeñas unidades productivas.
5. Empleo inmediato y protección del trabajo
• Régimen de Primer Empleo y Reinserción: reducción temporal de contribuciones para nuevas contrataciones de jóvenes, mayores de 45 años y desocupados de larga duración, sin afectar derechos ni financiamiento previsional.
• Condición de empleo neto: los beneficios solo alcanzarán a empresas que incrementen su dotación y la mantengan; no financiarán sustituciones ni despidos.
• Formalización simplificada: ventanilla única, costos iniciales reducidos y acompañamiento para microempresas, trabajadores independientes y cooperativas.
• Capacitación remunerada: programas breves vinculados con vacantes reales, con certificación nacional y participación de escuelas técnicas, universidades, sindicatos y empresas.
• Obra pública intensiva en empleo: ejecución rápida de mantenimiento escolar y hospitalario, agua, saneamiento, vivienda, caminos y mejora urbana mediante proyectos preparados y controlados.
6. Salvataje productivo de PyMEs
• REFEP de aplicación inmediata: declaración de un Régimen de Emergencia y Fomento de Empresas PyME por doce meses, prorrogable por ley y sujeto a evaluación pública.
• Moratoria y freno de ejecuciones: refinanciación de deudas impositivas y con bancos públicos en 36 a 60 cuotas, con suspensión temporal de embargos y ejecuciones para empresas viables.
• Crédito para capital de trabajo: líneas de bancos públicos con tasas preferenciales, garantías recíprocas y prioridad para firmas que sostengan empleo, exporten o sustituyan importaciones.
• Compre PyME: preferencia transparente para proveedores nacionales en compras del Estado y articulación con grandes empresas y cadenas de valor.
• Importación productiva: reducción o exención temporal de aranceles, de hasta 60 meses, para maquinaria, repuestos, insumos y equipamiento sanitario sin producción nacional, con control de destino.
• Protección inteligente: herramientas arancelarias, paraarancelarias y salvaguardias compatibles con los compromisos internacionales frente a importaciones que destruyan empleo o impliquen competencia desleal.
7. Programa macroeconómico para salir de la recesión sin agravar la crisis social
• Estabilidad con crecimiento: coordinación fiscal, monetaria, cambiaria y productiva para reducir la inflación sin profundizar la caída de la actividad.
• Corrección cambiaria administrada: eliminación gradual del atraso cambiario, con protección directa de ingresos vulnerables y prevención de saltos desordenados de precios.
• Regulación de servicios privatizados: control inmediato del cumplimiento de contratos, tarifas e inversiones de las empresas privatizadas y concesionarias, con información pública, protección de los usuarios y sanciones ante incumplimientos, para evitar abusos y trasladar costos a los hogares y a las PyMEs.
• Crédito productivo: orientación de una parte creciente del financiamiento hacia inversión, exportaciones, vivienda y capital de trabajo, reduciendo el incentivo a la especulación de corto plazo.
• Impulso exportador: devolución rápida de créditos fiscales, simplificación aduanera y asistencia comercial a PyMEs y economías regionales.
• Equilibrio fiscal con prioridades: preservar salud, educación, ciencia, protección social e inversión de rápida ejecución; revisar gastos ineficientes, beneficios injustificados, evasión, contrabando y elusión.
Financiamiento de la emergencia: recursos, prioridades y límites
Las medidas se financiarán mediante un presupuesto extraordinario de emergencia aprobado por el Congreso, con vigencia de doce meses, programación mensual de caja y convenios de ejecución federal. Se distinguirán las partidas ya disponibles, las reasignaciones legalmente autorizadas y los ingresos nuevos que requieren una ley o cuya recaudación todavía es incierta. Este plan no acredita aún un costo total ni suficiencia de recursos: ambos deberán determinarse antes de autorizar obligaciones, con cantidades de beneficiarios, costos unitarios, montos de prestaciones y cobertura territorial.
• Recursos iniciales para los primeros 30 días: utilizar los créditos y disponibilidades de caja efectivamente comprobados y reasignar partidas de menor prioridad, contratos postergables y beneficios presupuestarios injustificados. La autoridad económica presentará el detalle de origen y destino; no se presumirá que una partida no ejecutada está libre de compromisos. Si estos recursos son insuficientes para el piso sanitario, educativo y de ingresos, se remitirá junto con la emergencia una modificación presupuestaria y su fuente tributaria compensatoria.
• Ingresos adicionales durante el año: revisar por ley beneficios fiscales sin fundamento productivo o social y, si la brecha de financiamiento lo requiere, establecer una contribución extraordinaria progresiva sobre altas rentas o patrimonios, con base, umbral, alícuota y vencimiento definidos por el Congreso. Su recaudación se estimará de forma prudente y se distinguirá la porción que corresponde a otras jurisdicciones. La recuperación por evasión, elusión y contrabando se incorporará a la caja solo cuando se cobre; no sostendrá compromisos anticipados.
• Salud pública y educación: financiar los fondos federales, insumos, becas, tutorías, cargos críticos y mantenimiento urgente con transferencias presupuestarias identificadas, recursos propios de las jurisdicciones y acuerdos de cofinanciamiento. El aporte nacional compensará la menor capacidad fiscal provincial. Las compras coordinadas deberán disminuir costos, pero ningún ahorro se contabilizará antes de verificarlo. Los cargos y mejoras salariales que continúen después de la emergencia requerirán financiamiento recurrente en el presupuesto siguiente.
• Obras sociales: aplicar primero sus recursos propios y los mecanismos solidarios legalmente disponibles, sin desviar fondos de jubilaciones ni de otros destinos protegidos. La asistencia extraordinaria del Tesoro se presupuestará por entidad y necesidad auditada, con desembolsos por cumplimiento, continuidad de prestaciones y prohibición de duplicar pagos. Se distinguirá el subsidio no reintegrable del eventual adelanto recuperable, sin contar recuperos futuros como recursos actuales.
• Ingresos de los hogares: cubrir refuerzos jubilatorios, asignaciones, transferencias y tarifas sociales con partidas explícitas de ANSES y de los organismos competentes respaldadas por recursos tributarios y del Tesoro. La recuperación salarial del sector privado se concertará en paritarias y no se confundirá con gasto público; las recomposiciones del sector público sí tendrán costo presupuestado. La actualización automática y cualquier refuerzo se costearán conjuntamente para evitar omisiones.
• Empleo y PyMEs: aportar capital de trabajo mediante bancos públicos y privados, con controles de viabilidad y límites de riesgo. El presupuesto cubrirá subsidios de tasa, garantías y compensaciones previsionales por reducciones de contribuciones. La moratoria se registrará como diferimiento de ingresos, no como recaudación adicional inmediata, y sus cuotas se computarán solo conforme al cobro previsto prudentemente. La suspensión de ejecuciones tampoco se tratará como una fuente de fondos. Las exenciones arancelarias y tributarias tendrán un cupo de costo fiscal y vencimiento, respetando los compromisos asumidos.
• Obras de rápida ejecución: priorizar proyectos con preparación técnica suficiente y financiar mantenimiento escolar y hospitalario, agua, saneamiento y mejoras locales mediante partidas de inversión y convenios federales. Podrán utilizarse préstamos de desarrollo para proyectos elegibles, sujetos a autorización, disponibilidad real y evaluación de repago; no serán la fuente de los refuerzos sociales ni de salarios permanentes. Se contabilizarán contrapartidas locales y gastos posteriores de operación y mantenimiento.
Regla de cierre fiscal: el costo incremental de transferencias, salarios públicos, compras, obras, subsidios financieros y compensaciones previsionales, junto con los menores ingresos por exenciones y moratorias, deberá quedar cubierto por recursos adicionales netos y reasignaciones verificadas, preservando el equilibrio fiscal comprometido. No se contabilizará dos veces una misma partida, ni se confundirán créditos presupuestarios con caja, préstamos con ingresos tributarios o refinanciación de deuda con nuevos recursos. El plan no descansará en emisión monetaria para cubrir un déficit permanente, en liquidar reservas previsionales ni en supuestos ingresos futuros del crecimiento.
Prioridad y contingencia: garantizar primero medicamentos y prestaciones esenciales, funcionamiento educativo, alimentación y protección de los ingresos más bajos. Si la recaudación o el financiamiento se demoran, reprogramar la expansión de incentivos y las obras no críticas, publicar el faltante y someter al Congreso la corrección presupuestaria correspondiente. La protección esencial no dependerá de que una reforma tributaria o previsional produzca ahorros durante el primer año.
Documento fiscal obligatorio: antes del primer desembolso de cada instrumento, publicar su costo mensual y anual, población cubierta, fuente legal y disponibilidad de caja, organismo ejecutor, vencimiento y riesgos. La autoridad económica consolidará el cuadro y solicitará evaluación técnica de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Los informes mensuales confrontarán recursos cobrados, compromisos y pagos; los trimestrales incorporarán costo fiscal de exenciones, garantías, deuda y obligaciones que continúen después del mes doce. El trabajo preparatorio de la reforma previsional se financiará con una partida identificada para estudios y coordinación técnica, priorizando capacidades públicas existentes y sin depender de eventuales ahorros de la propia reforma.
Cronograma de ejecución
Primeros 30 días
• Declarar las emergencias sanitaria, educativa, laboral y PyME con alcance y controles definidos.
• Constituir el gabinete federal de emergencia y convocar al acuerdo de ingresos y empleo.
• Reforzar las partidas críticas de salud y lanzar la compra coordinada de medicamentos e insumos.
• Reforzar las partidas críticas de educación y relevar infraestructura, cargos vacantes, abandono y pérdida de aprendizajes en todos los niveles.
• Suspender ejecuciones para PyMEs elegibles y abrir la inscripción al REFEP.
• Disponer refuerzos focalizados para jubilaciones mínimas y hogares vulnerables.
• Presentar al Congreso el presupuesto extraordinario, el costo de las medidas, las fuentes verificadas y el cronograma de caja; suscribir los convenios federales necesarios.
• Convocar una mesa técnica y federal para el diseño previsional, con participación de trabajadores, jubilados, empleadores y especialistas, y acordar su agenda, información necesaria y calendario de trabajo.
Días 31 a 100
• Desembolsar capital de trabajo y poner en marcha la moratoria PyME.
• Implementar el régimen de nuevas contrataciones y los programas de capacitación remunerada.
• Finalizar la auditoría de obras sociales y ejecutar los planes de asistencia condicionada.
• Extender horarios de atención primaria y normalizar el abastecimiento sanitario crítico.
• Iniciar tutorías de recuperación, obras educativas urgentes y programas de becas, alimentación, transporte y reinserción educativa.
• Iniciar obras de rápida ejecución con alto impacto laboral y social.
• Relevar el cumplimiento de contratos, tarifas e inversiones de las empresas privatizadas y reforzar a los entes reguladores con recursos, autonomía y transparencia.
• Publicar el primer balance de recursos cobrados, gasto ejecutado, costo de exenciones y exposición por garantías; ajustar los desembolsos a la disponibilidad efectiva.
• Iniciar el diagnóstico de aportantes, prestaciones, regímenes y fuentes de financiamiento previsional, y definir los escenarios demográficos, laborales y fiscales para evaluar las alternativas de reforma.
Meses 4 a 12
• Consolidar la recuperación del salario real, el empleo formal y la actividad productiva.
• Ampliar el Compre PyME, las exportaciones y la integración de proveedores nacionales.
• Reducir listas de espera y normalizar prestaciones sanitarias y de obras sociales.
• Recuperar días de clase y aprendizajes prioritarios, reducir el abandono y normalizar el funcionamiento de las instituciones de todos los niveles educativos.
• Evaluar cada beneficio y eliminar los que no produzcan empleo, inversión o alivio social comprobable.
• Definir qué prestaciones e instrumentos continuarán después de la emergencia y asegurar sus fuentes recurrentes en el presupuesto siguiente, sin prórrogas automáticas de beneficios transitorios.
• Presentar al Congreso el balance del primer año y las reformas estructurales que deban continuar.
• Presentar al Congreso y a la sociedad un documento de bases para la reforma previsional, con alternativas de diseño, evaluación actuarial, costo de transición y fuentes de financiamiento; abrir el debate público sin anticipar recortes ni cambios obligatorios durante la emergencia.
Metas verificables y rendición de cuentas
El programa será evaluado mensualmente mediante indicadores públicos: nivel de actividad; empleo registrado y desempleo; salario real e ingresos jubilatorios; cantidad de PyMEs activas; crédito productivo; tiempos de espera, provisión de insumos y dotación sanitaria; continuidad de prestaciones de obras sociales; días y horas de clase, asistencia y abandono, resultados de aprendizaje, cargos docentes y no docentes cubiertos, becas e infraestructura educativa; pobreza e indigencia; exportaciones y situación fiscal. Cada organismo responsable deberá publicar objetivos, ejecución presupuestaria, beneficiarios y resultados. El Congreso, las provincias y los órganos de control recibirán informes trimestrales. Los informes incorporarán también recursos efectivamente cobrados, pagos, compromisos pendientes, costo de beneficios tributarios y exposición por garantías, conforme al apartado de financiamiento de la emergencia. El avance del diseño previsional se verificará mediante la constitución de la mesa técnica y federal, la publicación del diagnóstico y la presentación del documento de bases con evaluación actuarial y financiamiento de la transición antes de finalizar el primer año.
Un compromiso democrático para actuar ahora
La urgencia exige decisión, capacidad de gestión y acuerdos básicos. Este plan no reemplaza la transformación productiva, educativa, institucional y federal que la Argentina necesita; establece las condiciones mínimas para que esa transformación sea socialmente posible. Durante los primeros doce meses, la prioridad debe ser inequívoca: cuidar la salud, recuperar la educación y los aprendizajes, recomponer ingresos, defender el trabajo, sostener a las PyMEs y volver a poner en marcha la economía.
La sociedad no puede esperar años para percibir un cambio de rumbo. En un año deben verse resultados concretos: hospitales con capacidad de respuesta, obras sociales que cumplan, instituciones de todos los niveles educativos en funcionamiento, con menor abandono y aprendizajes en recuperación, ingresos que dejen de deteriorarse, más empleo formal, menos cierres de empresas y una economía que abandone la recesión. Ese es el primer compromiso de una alternativa nacional, democrática, productiva y solidaria.
Comisión de Economía de la Fundación Ricardo Rojas
Ing. Miguel Ponce (Coordinador Comisión Economía): Ing. Patricio Castro, Lic. Mauro Del Barrio, Lic. Marcelo Di Ciano, CPN Susana Feito, Lic. Cristina López, Lic. Juan Manuel Magliano, Dr. Luis Alberto Rey, Dr. Humberto José Kelo Vignoli, Dr. Derecho Penal y Economía, Gustavo Zunino.
