REVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

La crisis de la Seguridad Social, que es mundial, se manifiesta con diversas modalidades en los distintos países y continentes; en nuestro país tiene muchas situaciones agravantes, por lo que necesitamos hacer una revisión y reforma integral de todo ese mosaico, de disposiciones y de instrumentos que la sustentan; necesitamos estructurar las normas y optimizarlas.

El sistema ha incurrido en graves desviaciones, en excesos y mal aprovechamiento de recursos que no se aplican o se aprovechan en la forma inadecuada y también, desperdicio de los mismos que elevan los costos operativos. Uno de los problemas importantes, es que fue fundada sobre principios de solidaridad y en la justicia distributiva, de acuerdo al modelo económico vigente en el siglo XX, hoy, habiendo transcurrido 22 años del XXI, deben ser repensadas, actualizadas y analizar qué cobertura se puede prestar, de acuerdo a principios de derecho y económicos, compatibilizados, necesitamos lograr una armonía, no debemos caer en el facilismo de las moratorias. previsionales y tampoco en la dádiva de los planes sociales, que en nuestro país se transformó en clientelismo político.

Desde 2020, ANSES se ha transformado en un Banco de distribución de dinero, sin contraprestación alguna.

Operativamente, está sobredimensionado, adjuntamos organigrama del Organismo, mal administrado y superpoblado, tanto de prestaciones que no son contributivas, cómo de personal poco capacitado.

En ese orden, para reorganizar y disminuir plantilla, sin que signifique un gasto dinerario para la Seguridad Social, habrá que redistribuir las prestaciones no contributivas, a la órbita de origen, con el personal correspondiente.

Por supuesto, las prestaciones cómo: planes, de cualquier naturaleza y atento que el presupuesto debe ser asumido por rentas generales, deberán ser asistidos en la órbita del Ministerio de Trabajo y/o del que se disponga, nunca dentro del Organismo Previsional, cuyo fin es la gestión y otorgamiento de los beneficios contributivos, tanto en actividad, cómo en pasividad.

Es decir, clarificar manejo de cuentas.

Supervisar esos movimientos y optimizar recursos, por ej la gestión y pago de las Sentencias Judiciales.

Quizás, se deberán destinar uno o dos edificios en cada distrito, (de acuerdo a cantidad de habitantes), acá vaya otro patético ejemplo, hay Unidades de Atención instaladas en pueblos, cuya población no lo amerita. No es dejar a esos ciudadanos huérfanos, pero si gestionar a través de Unidades Móviles. Válido para prestaciones no contributivas, cómo contributivas.

Asimismo, hay que optimizar los horarios de atención: las Prestaciones Activas deben tener un horario inverso.

Reorganizar las áreas jurídicas del Organismo, evaluar las carteras de causas que tienen asignadas los profesionales y evaluar el desempeño de éstos, agilizar las liquidaciones y promover a aquellos que desempeñan tareas, por calidad y cantidad de casos resueltos, definitivamente. El estado no puede darse el lujo de pagar intereses durante años, por malas liquidaciones.

Asignar personal permanente a la atención on line de las solicitudes, que, en la actualidad, realizan los mismos empleados que atienden público, en presencia.

Poco sabemos hoy día, cómo está funcionando, un área, con poca informatización, Trámites Complejos, sin embargo, se le han incorporado las liquidaciones de beneficios del PJN, más las que ya abordaba, portuarios, docentes, etc.

El descontrol ha llevado a esta gestión, a tener miles de reclamos por la ley de Reparación Histórica, que desde este Observatorio no hemos compartido filosóficamente, no obstante y habiendo el HCN sancionado una Ley, es obligatorio cumplirla: insólitamente, un jubilado que percibía el monto asignado por ley, al fallecer su viuda no lo percibe!!!???? Hay un Derecho adquirido, es decir una litigiosidad promovida por esta Administración, que es artificial, que debe resolverse y por supuesto en el corto plazo.

FGS:

Respecto del Fondo de Garantía de sustentabilidad, hay opiniones diversas, la que compartimos con funcionarios que trabaja en el  área  y por lo tanto tiene un valor agregado: el día a día y la experiencia adquirida en los últimos años.

Nos sugiere dejarlo donde está, porque dependa de quien dependa siempre las inversiones se toman desde el PEN o desde el Ministerio de Economía, por lo que no cambiaría nada.

Si cambiaría la forma de inversión. Iría, paulatinamente migrando el casi 74% actual del fondo que hoy está en operaciones de crédito público de la nación (o sea papelitos de colores que impactan directamente en la rentabilidad del fondo ya que cada revés económico de los que recurrentemente afectan a nuestro país, los títulos en los que se ha invertido, pierden su valor), en acciones de sociedades anónimas públicas y privadas (con buenos rendimientos), en proyectos productivos, en construcción de viviendas (mediante el Banco Hipotecario para tener un reaseguro de cobro) y especialmente en energías renovables (eólica, solar, Biomasa, Biogás, Biocombustibles, Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, Geotermia, etc.).

Seguiría con los préstamos, pero SOLO a los beneficiarios del SIPA (personas que aportaron) y a los NO aportantes (PUAM, AUH, PM7H, Presos políticos, etc. Etc.), si le siguen dando prestamos, que sean de partidas del Ministerio de Desarrollo Social.

En definitiva, invertir en sectores estratégicos con el fin de fomentar la generación de empleo de calidad y el crecimiento económico, y que esta mayor flexibilidad en las inversiones le garantice al FGS diversificar su cartera, lo que se traduciría en el aumento de su rentabilidad y en un mayor respaldo para los beneficiarios del sistema argentino de la Seguridad Social.

Situación Impositiva y Propuesta de reforma de un Sistema

integral Monotributo – Autónomo

En el Régimen de Monotributo hay temas que inciden en forma negativa, como así también se ha desvirtuado su creación y función de  origen.

A título de ejemplo, como el tope de los alquileres como valor a tomar, en la última reforma, no se modificó el monto posible. Lo cual, con la inflación existente, incide negativamente. Con no más de dos unidades de alquiler, dando un valor de 43 mil pesos.

Otro aspecto es el Precio Máximo Unitario, que tampoco se modificó, con un anual de $252.565, para facturar, generando una disparidad con la realidad de la inflación. Esta alcanzara o superara un 100% anual, y estos valores se quedaron como el año pasado. Más evidente está en el caso de monotributo que venden bienes y servicios, que quedaron con un tope de 49 mil mensual.

En el caso de Autónomos, tienen reformas con algunas mejoras, como ser las deducciones a tomar esta vez será de 2 veces y media el monto de la ganancia mínima que el año pasado era un monto final de 505 mil y ahora quedo en 833 mil, representa una diferencia que toma algo de la realidad económica.

Se suma otra deducción especial para nuevos profesionales, en autónomos, antes era de una vez y media, y ahora quedo en tres veces más. Sube así al monto a un millón.

Estos valores se toman para el año 2022 como año a liquidar y calcular las deducciones, en las DDJJ del año próximo a realizar.

Siguen las deducciones generales, como ser: cuotas médicas hasta un cinco por ciento, prima del seguro con un tope anual de 24 mil, donaciones a deducir de ganancias, intereses de préstamos hipotecarios, gastos de sepelio y alquileres hasta un 40%.

Recategorización del régimen simplificado.

El plazo de dio con prorroga hasta el 29 de julio de este año. Con los nuevos cuadros de categorías, con los nuevos montos, sus aportes, y con beneficios a el contribuyente cumplidor, que durante una serie de cuotas no paga el componente impositivo. Diferenciando la cantidad de cuotas con este benéfico según la categoría, para la A y B son seis en total y en grado decreciente para el resto.

Sabemos que los tres componentes del monotributo son los siguientes: impositivo, aportes para la jubilación, y la obra social.

Los que tienen débitos automáticos en estos impuestos, son los bancos los que al realizar las liquidaciones, efectúan el reconocimiento de los beneficios dados por la normativa.

Hubo aumentos en los límites de la facturación para cada categoría, un incremento del 60 % para las categorías ABCD y el resto de las categorías, solo un 29,12%, lo que resulto ser igual a la movilidad previsional de estos primeros meses.

Una novedad es para Monotributo Unificado, para las categorías A y B, sin otros ingresos, se le genera una exención del componente impositivo, y que solo abonen la parte de jubilación y la obra social y esta última tuvo un ajuste en sus valores del 49%. Lo novedoso esta en que hay ya provincias que adhieren a darle a estas categorías exenciones en ingresos brutos, y tasas municipales. Generando asi unas 10 provincias, una reducción en los costos impositivos de estas categorías mas bajas. Entre otras se sumaron las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Salta, neuquen, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz.

Se estableció un cambio, en el modo que se pasa del régimen simplificado al sistema general que está gravado por el IVA, hasta fines del año 2021 era con solo pasarse de los límites permitidos de la facturación de monotributo. Y ahora se fijó un sistema que no es un cambio abrupto de lo que hay que pagar impositivamente, se irá incrementando paulatinamente, pero ya esto quedo como reforma definitiva para determinar el cambio de sistema. Se fija una escala del pago progresivo del componente impositivo, generando un beneficio para todas las categorías.

La AFIP controla los niveles de gatos de los contribuyentes, viendo sus movimientos en sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, a través de los regímenes de información. Y de este modo ve si un contribuyente esta inscripto en una categoría que se corresponde a sus niveles de gastos e ingresos por cuantas bancarias. Pudiendo realizar la recategorización de oficio a un contribuyente que no tiene coherencia y correlación entre lo declarado y los movimientos detectados.

Como la actividad tanto profesional y de comerciantes, está gravada impositivamente, por una doble imposición al sumar el costo de contribuir en el régimen simplificado y de autónomos para la mayor parte de los contribuyentes de las mayores categorías, se propone que se haga un solo gravamen impositivo de ambos sistemas para todos aquellos que estén ahora con esta doble imposición impositiva, terminando así con esta situación injusta y gravosa económicamente.

LA DISCAPACIDAD EN LA ARGENTINA

Situación actual y un programa tentativo de mejora

Un reciente documento de la UNESCO publicado con motivo de celebrarse el 3 de Diciembre el día internacional de las personas con discapacidad destaca desde su título y a lo largo del mismo que la Argentina encabeza el ranking de inclusión para personas con discapacidad en América Latina.

Abona dicho conclusión en el hecho que la República Argentina cuenta con un plexo normativo, que desde la Constitución Nacional al incorporar la CPCD a su texto, y desde ahí y hacia abajo, a través de leyes nacionales, decretos y resoluciones de todo tipo, legisla en materia de discapacidad abarcando los distintos aspectos de la vida de la persona, salud, enfermedad, educación, trabajo, vejez, etc, etc.

Sin perjuicio de ello, esta amplia legislación en la materia tendiente a  posibilitar el acceso a derechos que dé lugar a una vida social y económica integrada de las personas con discapacidad, colisiona con enormes dificultades en la practica, que conlleva a que un enorme porcentaje de la población discapacitada no pueda acceder a los requerimientos minimos necesarios para desarrollarse en sociedad en igualdad de condiciones que el resto de la población.

Nuestro país ha integrado a su plexo constitucional a través del art 75 de la CN a la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad a través de la ley 26.378, lo que obliga al Estado Nacional a su cumplimiento a través de acciones positivas en las distintas áreas que lo componen.

Si bien la Argentina posee una amplia legislación en materia de discapacidad, desde el acceso a las prestaciones de salud ( ley 24.901), en materia de educación (ley 26.206), en accesibilidad a la información ( ley 26.552) y en materia laboral ( ley 25.689), entre otras muchas que se pueden mencionar, la realidad muestra que las barreras actitudinales, la falta de presupuesto, la situación socio económica del país y la falta de inversión que permita hacer operativas la leyes en vigencia, hacen caer las buenas intenciones de la legislación.

Por estos días desde el PEN se promueve la modificación de la ley 22.431 dictada en el año 1981, cuando imperaba la mirada medica rehabilitadora, paradigma que se encuentra superado por una mirada social y de derechos humanos a partir de la CPCD a la que adhirió nuestro país, en ello debemos trabajar para desde la legislación ir derrumbando las barreras que el entorno pone a las personas con discapacidad.

Párrafo aparte merece el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, en este tema se requiere una amplia tarea de difusión desde los organismo públicos encargados de la administración de justicia y desde el Estado todo, de los derechos que le asisten al colectivo, como así también desde el interior de los organismos judiciales darse una capacitación acorde a los tiempos que permitan a las personas con discapacidad ser atendidas y entendidas en los tribunales a los que se dirijan para reclamar sus derechos.

Un programa mínimo debiera contener al menos las siguientes propuestas

• Eliminación de las Pensiones no contributivas y su sustitución por una Prestación Universal por Discapacidad a todas aquellas personas que acrediten tal condición a través del CUD, prestación a financiar con los recursos que actualmente se destinan a las PNC.
• Realización de un Censo Nacional de Discapacidad para actualizar la base de datos, conocer el real universo de personas en nuestro país y sus distintas discapacidades, como paso previo e ineludible para el trazado de una política en la materia.
• Puesta en marcha de un Observatorio Nacional de la Discapacidad, ajeno a la actual ANDIS, que dependa de una organización de control ( Por ej. AGN o Comisión Especial en el ámbito del Congreso Nacional ) , que monitoree el cumplimiento real y efectivo de las mandas que impone la CPCD.
• Readecuación del Consejo Federal de Discapacidad para hacerlo más democrático en su funcionamiento permitiendo la participación activa con vos y voto de las organizaciones de la sociedad civil.
• Ampliar la base de CUD dotando presupuestariamente al sistema para que haya más y mejores juntas evaluadoras, que abarquen la mayor parte de las distintas zonas del país, optimizando la labor de las mismas, con mas profesionales y acortando los actuales plazos de tramitación a través, donde ello sea posible del uso de las herramientas informaticas.
• Intervenir el funcionamiento, estructura y tiempos de resolución de los tramites que le llegan, de la SuperIntendencia de Salud, para que funcione en resguardo de los intereses de las personas con discapacidad y no como actualmente a favor de las prepagas y Obras Sociales.

Nuevas soluciones a los problemas de la Seguridad Social.

Necesitamos volver al principio que creó el Sistema de Seguridad Social en la Argentina, bajo los principios que le garanticen al trabajador, el llamado salario diferido que consiste en que, cuando llegue al término de su vida laboral, por sus condiciones físicas o de salud, entonces, sí debe dársele una jubilación suficiente y digna, que pueda mantener un nivel semejante de vida que tenía como trabajador. Eso debe ser el principio al que debemos volver. Si no lo logramos, no podremos resolver el problema de las pensiones.

El sistema pretende ir gradualmente, por pasos, primero hay que rescatar la viabilidad financiera de las instituciones actuales, pero también, establecer un sistema de transición que nos lleve en un futuro no lejano a un sistema de base común, que nos permita a todos tener una pensión básica suficiente, en cualquier institución a la que se esté afiliado, e independientemente de los complementos que se puedan dar en forma particular con nuestras aportaciones individuales o mediante los contratos colectivos, pero que haya una uniformidad de base de tipo nacional.

Esa transición no se va a lograr de inmediato, hay que ir gradualmente. Pero la proposición de la metodología que se propone, nos permitirá ir transitando a esa dimensión de lo que debe ser la seguridad social.

Proyecto Integral de la Ley de Jubilaciones y Pensiones, reforma de la ley 24241, con delimitación de los Recursos, y trabajar sobre jubilaciones proporcionales respetando cada actividad.

Asimismo, se debe trabajar sobre regímenes diferenciales, determinantes de vejez prematura y sus requisitos, además de sus cómputos. Incrementar cuota de sustitución, para que los mismos sean viables, de acuerdo a expectativa de vida de los beneficiarios.

Modificación del Baremos de la 24241, no actualizado desde el año 1997. Absolutamente se ha desactualizado y obliga a los afiliados a llegar a la Justicia, que ha tenido un paupérrimo desempeño desde la pandemia.

Se Adjunta a este informe y propuestas redactada por el Observatorio de la Seguridad Social de la Fundación R. Rojas la situación económica presupuestaria que nos enfrentaremos hacia el 2023. El mismo elaborado por el Economista Facundo Rodriguez.

A mismo tiempo se adjunta Organigrama Actual de ANSES.

OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL FUNDACION RICARDO ROJAS

Redactores:
Liliana Lagomarsino – Gustavo Lennard – Facundo Rodriguez – Roberto De Grossi – Ines Halm