El actual gobierno ha presentado como su objetivo primordial la eliminación de la inflación, usando para ello un violento ajuste fiscal con una reducción nunca vista del gasto y la inversión pública, y el atraso cambiario como ancla. Ha hecho explícita una estrategia de cambio de modelo económico, pasando de uno industrial con relativa protección del Estado a uno esencialmente extractivista con un rol mínimo del Estado. Este modelo y esta política están fracasando: después de casi tres años, sus resultados han sido un deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores, con mayor pobreza multidimensional, un aumento del desempleo y el cierre de miles de empresas, sin siquiera haber logrado reducir la inflación al nivel del promedio de la región.

La gravedad de este cuadro no debe subestimarse. La Argentina se encuentra envuelta en una profunda crisis económica y social, cuyos efectos erosionan día a día la cohesión de la sociedad. De no revertirse esta situación, el creciente malestar puede derivar en una conflictividad capaz de alterar la paz social y poner en riesgo la convivencia democrática. Por eso, un cambio de rumbo resulta urgente. Un desafío de esta magnitud no puede ser afrontado por una sola fuerza política: exige una tregua política y un amplio acuerdo nacional que sostenga un plan de gobierno más allá de un único período presidencial.

A continuación, se presenta un diagnóstico breve de la situación actual, complementado con las lecciones de la historia económica argentina, y una propuesta de cambio de modelo que permita iniciar la reconstrucción de la República y recomponer la justicia social. La propuesta incluye sus pilares macroeconómicos, las reformas institucionales necesarias, una reforma previsional que articule sostenibilidad, cobertura y equidad, una reivindicación de la soberanía y del desarrollo nacional y un plan de acción para el corto, mediano y largo plazo, inspirado siempre en los principios y valores de la Unión Cívica Radical.

La situación argentina actual

Breve diagnóstico

El giro descripto ha profundizado la crisis social y productiva del país. Sus principales efectos pueden agruparse en tres ejes.

Impacto social y productivo

• Aumento significativo de la pobreza multidimensional, que las mediciones basadas solo en ingresos no reflejan plenamente.

• Crecimiento del desempleo.

• Cierre masivo de empresas, especialmente pequeñas y medianas.

Educación, ciencia y competitividad

La pérdida de calidad de la educación pública y el deterioro del sistema científico y técnico agravan la falta de competitividad del país y limitan la creación de empleos de calidad.

Rol del Estado y políticas productivas

Las políticas de apoyo a la industria nacional y a la generación de empleo formal se han debilitado debido a:

• La reducción del rol del Estado nacional.

• La insuficiente articulación entre los distintos niveles de gobierno.

• La falta de regulaciones claras.

Como resultado, han aumentado la informalidad y la desigualdad.

Balance general

En su conjunto, el panorama revela una escasa diversificación productiva y una débil protección social, lo que evidencia un modelo económico poco sostenible y excluyente.

Lecciones de la historia económica argentina

Este deterioro que ha llevado al país a esta crisis contrasta con las enseñanzas de la propia historia económica argentina. El apéndice 1 presenta un resumen de varios períodos claves en la historia de la economía argentina e intenta extraer conclusiones que ayuden a afrontar la crisis actual. De ese análisis se concluye que la mayoría de los períodos de mayor crecimiento coincidieron con un tipo de cambio real (TCR) competitivo, un mayor dinamismo exportador y el aumento de la ocupación, mientras que otros se apoyaron en la estabilidad de precios o en programas de estabilización.

Tanto el diagnóstico como la experiencia histórica conducen a la misma conclusión: la combinación de un Estado mínimo y un dólar atrasado no ha traído la estabilidad prometida, sino mayor exclusión y un debilitamiento del aparato productivo. En cambio, varios de los períodos de mayor crecimiento del país se apoyaron en la producción, las exportaciones y el empleo. Superar esta crisis exigirá, como primer paso, medidas de emergencia en el corto plazo, para luego avanzar hacia el nuevo modelo que se desarrolla en la sección siguiente.

Propuesta de modelo económico bajo los principios de la UCR

La prioridad de esta propuesta es clara: dar respuesta a los problemas concretos de la gente. Detrás de cada indicador negativo hay familias que no llegan a fin de mes, jóvenes que no encuentran empleo y pequeñas empresas que se ven obligadas a cerrar. El orden macroeconómico no es un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio del bienestar de los argentinos. Por eso, la Unión Cívica Radical sostiene que solo el retorno del crecimiento, la generación de empleo de calidad y una distribución justa del ingreso permitirán mejorar, de manera sostenida, la situación de los sectores más desfavorecidos.

Lograrlo exige, además, políticas que trasciendan a un período gubernamental. En ese marco, esta propuesta plantea como objetivo nacional alcanzar, mediante una tregua política, un amplio acuerdo nacional entre las principales fuerzas políticas y sociales que promueva un plan de acción de gobierno sustentable, sostenido a lo largo de varios períodos presidenciales. Sobre esa convicción y ese compromiso se apoyan los cinco principios que se presentan a continuación.

1. Presencia estatal estratégica y equilibrada:

El Estado debe tomar un rol activo y coordinador para recuperar un desarrollo económico diversificado, instaurando reglas claras y transparencia que promuevan la competencia justa, mientras fomenta la inversión privada nacional y extranjera, evitando la captura regulatoria.

2. Prioridad a la generación de empleo formal y de calidad:

Fomentar la creación de empleos en una combinación de sectores (industrial-manufacturero, servicios especializados y economía verde), conectando las políticas productivas con la formación técnica y universitaria de calidad que se desarrolla en el principio siguiente.

3. Fortalecimiento del sistema educativo y científico-técnico:

Impulsar una reforma profunda de la educación pública que garantice acceso y calidad, así como una robusta inversión en ciencia, tecnología e innovación para mejorar competitividad y empleo.

4. Descentralización con coordinación nacional:

Otorgar a provincias y municipios mayor protagonismo en la gestión de problemas locales, garantizando alineación con el modelo nacional para fortalecer el desarrollo regional equilibrado.

5. Políticas sociales inclusivas pero sustentables:

Reforzar redes de protección social que no se limiten al asistencialismo puntual, sino que promuevan la inclusión mediante acceso a salud, educación, empleo y vivienda digna, recuperando la justicia social. Una reforma previsional forma parte de este principio: debe garantizar protección en la vejez, reconocer los aportes y sostener la solidaridad entre generaciones con financiamiento estable.

Estos principios solo pueden sostenerse sobre bases macroeconómicas sólidas, sobre un Estado transparente y eficiente y sobre la capacidad del país de decidir su propio destino. Por eso, la propuesta se completa con los pilares macroeconómicos, las reformas institucionales y los compromisos de soberanía y desarrollo nacional que se detallan a continuación. En ese marco, la reforma previsional conecta y articula la protección social con los pilares del modelo: el crecimiento y el empleo formal amplían la base contributiva; el orden fiscal y la reforma tributaria respaldan la cobertura; y un Estado eficiente y transparente asegura la gestión y el control del sistema.

Pilares macroeconómicos: el debate por el desarrollo productivo

La propuesta se apoya en una estrategia de desarrollo basada en el crecimiento industrial y agropecuario, con un tipo de cambio real alto (dólar competitivo) que fomente las exportaciones y evite el estancamiento económico. Se trata de una política económica responsable que fortalezca la producción nacional y la demanda de empleo, para lo cual es necesario equilibrar los dos precios básicos de la macroeconomía, que guardan entre sí una relación inversa:

• Un tipo de cambio real alto y competitivo, que incentive las exportaciones de bienes transables con alto valor agregado y, en consecuencia, una mayor productividad agroindustrial y energética.

• Tasas de interés bajas, que impulsen el crédito y la inversión privada para producir más bienes transables exportables, aumentar la demanda laboral, elevar el ingreso per cápita y expandir el consumo.

Para lograr ese equilibrio deben cumplirse, previamente, dos condiciones (el superávit fiscal y la meritocracia en la función pública), y debe tenerse en cuenta el punto de partida desde el cual se aplicarán:

• Superávit fiscal, alcanzado sin recortar prestaciones esenciales ni la inversión pública prioritaria, mediante una reasignación del gasto y la optimización de los recursos genuinos a través de una reforma y modernización del Estado. Esa reforma comenzará por la estructura tributaria y aduanera (con la lucha contra la evasión como primer paso y una reforma tributaria progresiva que se completará en el mediano plazo), la matriz energética y minera, el sistema educativo y la salud pública. Este objetivo debe compatibilizarse con el costo de las exenciones del plan de salvataje de PyMEs, con la reducción gradual de los impuestos sobre el consumo y con la mayor inversión en educación, ciencia y tecnología. Para ello resultan clave la reducción de la evasión, del contrabando y de la fuga de capitales, y una mayor contribución de quienes tienen mayor capacidad contributiva. La sostenibilidad previsional será parte de este equilibrio: se programarán los recursos contributivos y tributarios y el costo de transición de la reforma, sin computar ahorros inmediatos ni financiar el orden fiscal mediante la pérdida de poder adquisitivo de los haberes.

• Meritocracia en la función pública, con capacitación permanente y respeto por la carrera administrativa, a través de una Escuela Superior de Formación, Capacitación y Administración Pública obligatoria para agentes y futuros funcionarios, en dos niveles: profesional y técnico.

• Un punto de partida: la recesión actual, pese a su elevado costo social, ofrece el contexto en el que estas medidas pueden aplicarse como parte de un programa económico de crecimiento.

Esta estrategia se complementa con:

• Desarrollismo agroindustrial: incentivos equilibrados a la inversión en el sector agropecuario y en la industria (alimentos, siderurgia, petroquímica, bienes de capital, energía y minería) para lograr un crecimiento sostenible y permanente, con el agregado de valor en el país como criterio central, a diferencia de un modelo que se limita a extraer y exportar recursos sin procesar.

• Bancarización obligatoria de todos los habitantes, para reducir la evasión fiscal  y la fuga de capitales.

• Debate público por un modelo productivo: una discusión sostenida contra la idea de que la apreciación cambiaria (el dólar “pisado” o atrasado) es beneficiosa, proponiendo en su lugar una política orientada a la producción, en línea con las experiencias argentinas de crecimiento con tipo de cambio competitivo.

Reforma del Estado, transparencia y lucha contra la corrupción

Un Estado más eficiente y equitativo requiere un sistema tributario más justo y un combate efectivo contra la corrupción y la impunidad, indispensable para generar un marco de certidumbre y confianza. Para ello se proponen las siguientes medidas:

• Modernización de la estructura fiscal: actualización de la legislación fiscal, reforma del sistema jubilatorio y previsional con sostenibilidad, cobertura y equidad, y combate contra el contrabando, el narcotráfico y la evasión y elusión fiscal, cuya reducción permitirá financiar una reforma tributaria más equitativa sin comprometer las cuentas públicas.

• Reforma tributaria progresiva: un sistema impositivo en el que aporte proporcionalmente más quien tiene mayor capacidad contributiva, que reduzca gradualmente el peso de los impuestos regresivos sobre el consumo, que hoy afectan en mayor medida a los sectores de menores ingresos, y que asegure una distribución más justa del ingreso. Esta reforma, que se completará en el mediano plazo, contribuirá a revertir el aumento de la desigualdad señalado en el diagnóstico.

• Fuero tributario y aduanero: disolución del Tribunal Fiscal de la Nación, ya que el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones judiciales según la Constitución Nacional, y creación de un fuero especial contencioso administrativo federal en la materia.

• Control administrativo-financiero: creación de un Tribunal General de Cuentas de la Nación (TGCN), con autarquía y autonomía funcional y dependiente del Congreso, a cargo de la auditoría previa. La Auditoría General de la Nación (AGN) mantendría la auditoría posterior y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) se limitaría a las empresas del Estado o con participación accionaria estatal mayoritaria. El TGCN estaría integrado por tres vocales con estabilidad hasta los 75 años, designados y removidos por dos tercios del Congreso, con formación en derecho, economía, ciencias actuariales o contabilidad, y sin antecedentes penales.

• Defensa de la competencia y del consumidor: actualización de la Ley de Defensa de la Competencia, creación de un Tribunal Federal de Defensa de la Competencia y de un Tribunal Federal de Consumo (Ley 24.240), e invitación a las provincias a crear sus propios tribunales.

• Regulación de empresas privatizadas: fortalecimiento de entes reguladores independientes, con directorios designados por concurso y control parlamentario, para que las empresas privatizadas o concesionadas cumplan sus contratos en materia de tarifas, calidad del servicio, inversiones comprometidas y acceso universal. Los procesos de privatización requerirán autorización legal, licitación pública, valuación independiente y marcos regulatorios previos, evitando monopolios privados y posiciones dominantes.

• Reforma del Código Penal: triplicar las penas de prisión para los delitos contra el Estado y la Administración Pública, adecuar las multas correspondientes y declararlos imprescriptibles, con fundamento en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que considera un atentado contra el sistema democrático el grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento. Asimismo, restringir la excarcelación en estos delitos dentro de los límites que fija la Constitución, dado que la Corte Suprema ha declarado inconstitucional la prohibición legal automática de excarcelar.

• Integridad pública: leyes de Ficha Limpia, de incompatibilidades en la función pública y de extinción de dominio.

• Otras reformas: reforma judicial, reforma del Código de Minería y nueva legislación ambiental consensuada con las provincias.

• Revisión normativa: análisis y adecuación del RIGI y del Súper RIGI, del Decreto 70/2023 y de la Ley Bases, con el objetivo de exigir a los grandes proyectos compromisos de agregado de valor, empleo y proveedores nacionales, y de restablecer los límites a la extranjerización de la tierra rural, según los criterios de soberanía que se desarrollan a continuación.

Reforma previsional: sostenibilidad con cobertura y equidad

Se propone una reforma integral del sistema público de reparto, solidario y federal. Su sostenibilidad no debe descansar en la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones ni en excluir a quienes tuvieron trayectorias laborales informales, sino en ampliar la base contributiva y ordenar las prestaciones, explicitando el financiamiento tributario. La reforma se debatirá dentro del acuerdo nacional y se aprobará por ley, con evaluación actuarial y protección de los derechos adquiridos.

La propuesta combina un piso de protección y una prestación vinculada a los aportes, tomando como referencia el enfoque de cobertura, equidad y sostenibilidad desarrollado en el estudio de CIPPEC sobre el reordenamiento previsional. Las reglas que siguen constituyen la propuesta de este documento, no una descripción de la legislación vigente.

• Dos componentes dentro del sistema público: una prestación básica de protección para toda persona que alcance la edad de acceso definida por ley, financiada con recursos tributarios y articulada con las prestaciones existentes para evitar duplicaciones; y un componente contributivo adicional proporcional a los años y remuneraciones efectivamente aportados. El componente básico y su eventual complemento focalizado deberán proteger especialmente a quienes no cuentan con otros ingresos suficientes. Su monto se fijará mediante una evaluación conjunta de suficiencia y capacidad fiscal.

• Reconocer todos los aportes: para los nuevos derechos bajo el régimen reformado, cada período cotizado generará una prestación proporcional, sin que un umbral de años borre el reconocimiento de las contribuciones anteriores. Se establecerá así una vía permanente de acceso para las trayectorias incompletas, en lugar de depender de moratorias sucesivas. Los períodos de cuidado reconocidos por ley tendrán financiamiento explícito del Tesoro y no se presentarán como aportes efectivamente ingresados.

• Más aportantes y mayor continuidad: simplificar la registración y el pago para microempresas e independientes, adecuar gradualmente las contribuciones de autónomos y monotributistas a su capacidad económica y controlar la evasión patronal. Toda reducción de aportes o contribuciones destinada a promover empleo deberá contar con una compensación presupuestaria explícita al sistema previsional. La formalización será una fuente de mejora gradual, no un ingreso inmediato garantizado.

• Movilidad previsible: establecer una actualización automática que preserve el poder adquisitivo frente a la inflación, con revisiones periódicas de suficiencia y mejoras reales ligadas a recursos permanentes. La recomposición de los haberes más bajos tendrá prioridad y un cronograma financiado; los refuerzos no sustituirán indefinidamente una movilidad adecuada.

• Revisión de regímenes y prestaciones: hacer converger gradualmente los regímenes de privilegio hacia reglas comunes. Las excepciones por tareas riesgosas, insalubres o con desgaste acreditado deberán justificarse técnicamente y contar con contribuciones diferenciales suficientes. Se revisarán las reglas de nuevas pensiones por fallecimiento, invalidez y acumulación de beneficios para corregir inequidades, con debido proceso, protección de dependientes y respeto de derechos adquiridos. Las cajas provinciales se coordinarán mediante acuerdos federales, sin desconocer sus competencias.

• Edad de retiro y transición: no aumentar de manera inmediata y generalizada la edad jubilatoria como respuesta a la emergencia. En el mediano plazo, evaluar un retiro flexible con incentivos al diferimiento voluntario y cualquier convergencia gradual de edades a partir de evidencia demográfica, sanitaria y laboral. Todo cambio obligatorio deberá aprobarse por ley, aplicarse prospectivamente con un calendario anunciado y proteger a quienes estén próximos al retiro, las tareas de mayor desgaste y las desigualdades vinculadas al cuidado.

• Cuentas y reservas transparentes: presentar por separado los ingresos contributivos, los impuestos afectados y las transferencias del Tesoro, y distinguir el costo de las prestaciones contributivas del de la protección no contributiva. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se preservará como reserva previsional, con reglas públicas de inversión, riesgo y uso; no se utilizará para cubrir de manera permanente gastos ajenos al sistema.

• Prueba de sostenibilidad: antes de aprobar la reforma, publicar proyecciones de ingresos, gastos, cobertura y suficiencia de haberes bajo escenarios alternativos de empleo formal, salarios, inflación y envejecimiento. El informe deberá identificar el costo de transición, la fuente de cada compromiso y el calendario de aplicación. Se actualizará anualmente y se someterá a revisión técnica y parlamentaria; si aparecen desvíos, se corregirán las fuentes y las reglas futuras sin recurrir a una licuación de haberes.

Soberanía y desarrollo nacional: la tradición radical

La defensa de lo nacional forma parte de la identidad de la Unión Cívica Radical desde sus orígenes. Hipólito Yrigoyen sostuvo la neutralidad argentina durante la Primera Guerra Mundial frente a las presiones de las potencias, y en 1922 creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), cuya conducción asumió poco después, durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, el general Enrique Mosconi, con la convicción de que el petróleo era un recurso estratégico que debía estar al servicio del desarrollo del país. Arturo Illia anuló los contratos petroleros que comprometían ese patrimonio e impulsó la Ley Oñativia de medicamentos, aun a costa de enfrentar a poderosos intereses externos. Raúl Alfonsín, por su parte, defendió la paz y la integración regional con el Tratado de Paz y Amistad con Chile y el acercamiento con Brasil que sentó las bases del Mercosur, sostuvo el reclamo por Malvinas por la vía diplomática y planteó con firmeza la cuestión de la deuda externa en los foros internacionales.

Esa tradición contrasta con la política extranjerizante del actual gobierno, que concibe al país como un mero proveedor de materias primas y cede, sin contrapartidas, instrumentos esenciales de decisión nacional. Así lo muestran un régimen de grandes inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por década con exigencias mínimas de agregado de valor, empleo y proveedores nacionales; la privatización de empresas públicas estratégicas; la derogación, mediante el Decreto 70/2023, de los límites a la extranjerización de la tierra rural; una apertura importadora indiscriminada que desplaza a la producción y al trabajo argentinos; la dependencia creciente del endeudamiento y del auxilio financiero externo; y una política exterior de alineamiento automático, con señales de ambigüedad frente a la causa Malvinas.

Para el radicalismo, la soberanía no significa aislamiento ni rechazo del capital extranjero, que es bienvenido, sino la capacidad del país de decidir su propio destino y de que la inversión, nacional o extranjera, se subordine al interés nacional y al bienestar de los argentinos. En ese sentido, se proponen los siguientes compromisos:

• Recursos naturales estratégicos: hidrocarburos, litio, minería, agua y pesca gestionados con criterio de largo plazo, respetando el dominio originario de las provincias, promoviendo su industrialización en origen y fortaleciendo a YPF como herramienta estratégica del desarrollo energético nacional.

• Inversión al servicio del país: en el marco de la revisión del RIGI, exigir a los grandes proyectos compromisos de integración de proveedores nacionales, transferencia tecnológica, empleo argentino y agregado de valor local.

• Tierra y territorio: restablecer los límites a la propiedad extranjera de la tierra rural y proteger las zonas de frontera y los recursos hídricos.

• Empresas y capacidades estratégicas: preservar bajo control nacional las áreas clave de energía, transporte, comunicaciones y conocimiento, y fortalecer instituciones como el CONICET, el INTA, el INTI, la CNEA, ARSAT e INVAP.

• Regulación de empresas privatizadas: las privatizaciones y concesiones deberán ir acompañadas de marcos regulatorios claros y de entes de control autónomos y con recursos, que garanticen el cumplimiento de contratos, tarifas justas, inversiones comprometidas y calidad de servicio, de modo que ningún monopolio privado reemplace al público ni se vulnere el interés nacional.

• Malvinas y Atlántico Sur: sostener el reclamo por la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por las vías pacíficas y diplomáticas, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, como establece la Constitución Nacional, y reforzar el control sobre los recursos pesqueros, el mar argentino y las vías navegables.

• Política exterior autónoma: relaciones con todos los países sin alineamientos automáticos, defensa del multilateralismo y fortalecimiento de la integración regional y del Mercosur.

• Endeudamiento responsable: deuda externa con aprobación del Congreso y destinada a la inversión productiva, nunca a financiar la fuga de capitales ni a sostener un dólar atrasado.

No hay desarrollo posible sin soberanía, ni soberanía real sin un proyecto productivo nacional que genere trabajo y bienestar para todos los argentinos. Así lo entendieron Yrigoyen, Illia y Alfonsín. Por eso, la apertura al mundo que propone este documento no es una entrega: salir a competir fronteras afuera exige, ante todo, un país dueño de sus decisiones.

Financiamiento del modelo en el mediano plazo

El modelo que se propone requiere un programa fiscal plurianual que diferencie gasto permanente, inversión, beneficios tributarios y crédito. Cada nueva obligación permanente deberá contar con ingresos permanentes; las reformas se aplicarán por etapas y sus costos de transición se incluirán en el presupuesto. Se mantendrá el objetivo de superávit fiscal real, explicitando además el pago de intereses y las necesidades de refinanciación de la deuda. No se considerarán financiadas las medidas solo porque se espere crecimiento o menor evasión.

• Base tributaria progresiva: revisar exenciones y tratamientos preferenciales sin justificación productiva o social, fortalecer la imposición efectiva sobre altas rentas y patrimonios y reducir oportunidades de elusión. Toda modificación requerirá la legislación correspondiente y una estimación de recaudación neta. La simplificación hacia unos 6 o 7 impuestos principales será gradual y coordinada con provincias y municipios; no se eliminarán recursos de la seguridad social ni de las jurisdicciones sin reemplazo equivalente.

• Menor evasión con resultados medibles: fortalecer las capacidades de ARCA, integrar información tributaria, aduanera y financiera con resguardo de datos personales, fiscalizar operaciones de mayor riesgo y perseguir el contrabando. El presupuesto utilizará estimaciones prudentes, separando recaudación recurrente de recuperos extraordinarios; las ampliaciones del gasto se autorizarán según resultados efectivos y no sobre el total teórico de la evasión.

• Reasignación y eficiencia: revisar compras, contrataciones, superposiciones administrativas, transferencias sin resultados y subsidios que beneficien a quienes no los necesitan. Cada ahorro deberá identificarse por partida, descontar sus costos de implementación y preservar salud, educación, ciencia y protección social. La reducción de impuestos regresivos sobre el consumo avanzará solo cuando los recursos sustitutivos se encuentren vigentes y verificados.

• Previsión, salud y educación: sostener estas obligaciones mediante recursos tributarios recurrentes, aportes y contribuciones según corresponda, y transferencias presupuestarias explícitas. La reforma previsional no se computará como una fuente de ahorro inmediato: se presupuestará su transición y se conservará el financiamiento necesario para las prestaciones. Los fondos federales tendrán criterios de distribución y compromisos de cofinanciamiento compatibles con la capacidad de cada provincia.

• Producción y empleo: las exenciones del REFEP y otros incentivos se registrarán como costo fiscal, con límites, vencimiento y evaluación. El capital de trabajo se financiará con líneas de bancos públicos y privados; el presupuesto cubrirá únicamente el subsidio de tasa, el costo de administración y las garantías que asuma el Estado. Las garantías tendrán límites de exposición y provisiones por pérdidas esperadas; no se confundirá el volumen de préstamos con gasto presupuestario ni se ignorará su riesgo.

• Infraestructura: combinar concesiones competitivas para proyectos con ingresos suficientes, reinversión de empresas públicas y financiamiento de largo plazo para inversiones elegibles. Las concesiones no equivalen a costo público nulo: deberán transparentar subsidios, garantías, tarifas, riesgos y obligaciones futuras. Los proyectos de alto valor social sin rentabilidad comercial podrán requerir inversión pública presupuestada. El endeudamiento para inversión productiva estará sujeto a autorización del Congreso, evaluación de capacidad de repago yriesgo cambiario; no financiará gasto corriente permanente ni fuga de capitales.

• Recursos estratégicos y coordinación federal: los eventuales mayores ingresos tributarios, dividendos y regalías se incorporarán solo cuando existan bases legales y cobros verificables. Las regalías y recursos provinciales no se tratarán como fondos libremente disponibles de la Nación; su participación en proyectos comunes se acordará con las jurisdicciones. Los ingresos extraordinarios o volátiles se destinarán preferentemente a inversión o reservas, no a compromisos permanentes.

Condición de ejecución: el presupuesto plurianual deberá incluir, por medida, costo bruto y neto, fuente legal, organismo responsable, fecha de disponibilidad, distribución federal y riesgos. Si los ingresos resultan inferiores a lo previsto, se preservarán las prestaciones esenciales y se reprogramarán primero nuevas exenciones, incentivos no eficaces e inversiones no prioritarias. El crecimiento mejorará la capacidad definanciamiento, pero no sustituirá esta programación.

La separación de aportes, contribuciones, impuestos afectados y transferencias presupuestarias toma como referencia la clasificación de las fuentes de financiamiento de ANSES; los mecanismos y prioridades anteriores son propuestas de este documento y deberán contar con estimación fiscal antes de su implementación.

Plan de acción

El siguiente plan de acciones concretas, orientado a recuperar la justicia social y el desarrollo inclusivo en línea con los valores de la Unión Cívica Radical, se organiza en dos partes: primero, las líneas de acción para cada uno de los cinco principios del modelo; luego, un cronograma de corto, mediano y largo plazo que integra los pilares macroeconómicos, las reformas propuestas y los compromisos de soberanía y desarrollo nacional.

1. Presencia estatal estratégica y equilibrada

• Establecer un marco regulatorio claro, previsible y transparente para inversiones nacionales y extranjeras, con organismos autónomos que eviten su captura política o empresarial.

• Crear incentivos fiscales y crediticios para sectores productivos que generen empleo formal y de calidad.

• Impulsar políticas industriales orientadas a la diversificación y el valor agregado.

• Fortalecer la supervisión y control de mercados para evitar abusos monopólicos.

• Garantizar la correcta regulación de las empresas privatizadas y concesionarias de servicios públicos, con entes autónomos, contratos transparentes, auditorías periódicas, sanciones efectivas y revisión de los incumplimientos, protegiendo a usuarios y consumidores.

2. Prioridad a la generación de empleo formal y de calidad

• Desarrollar programas de capacitación técnica y profesional en articulación con demandas sectoriales.

• Promover la formalización laboral mediante incentivos y simplificación administrativa para PyMEs.

• Fomentar la economía verde y tecnologías limpias a través de subsidios y transferencia tecnológica.

• Impulsar la creación de clusters regionales que integren producción, servicios e innovación.

3. Fortalecimiento del sistema educativo y científico-técnico

• Incrementar la inversión pública en educación primaria, secundaria y superior, priorizando infraestructura y formación docente.

• Modernizar los currículos educativos, incluyendo competencias digitales, idiomas y pensamiento crítico. Incorporar la educación económica desde el nivel medio.

• Aumentar el financiamiento a universidades y centros de investigación vinculados a sectores clave para el desarrollo productivo.

• Crear incentivos para la vinculación efectiva entre academia, industria y Estado.

4. Descentralización con coordinación nacional

• Transferir recursos y competencias a provincias y municipios para atender problemas locales, con mecanismos de rendición de cuentas claros.

• Establecer consejos federales con participación de todos los niveles de gobierno para diseñar políticas regionales integradas.

• Fomentar planes de desarrollo territorial y económico con visión integral y sostenible.

• Facilitar la coordinación de inversiones en infraestructura para conectar mercados y regiones.

5. Políticas sociales inclusivas pero sustentables

• Implementar programas integrales de inclusión que articulen acceso a educación, salud, vivienda y empleo protegido.

• Fortalecer los sistemas de protección social, con un financiamiento sostenible basado en un sistema tributario progresivo, para evitar la pobreza multidimensional y no solo atender ingresos parciales.

• Diseñar políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, especialmente para jóvenes, mujeres y sectores vulnerables.

• Impulsar el desarrollo local comunitario y cooperativo como parte de un enfoque de economía social.

• Impulsar una reforma previsional integral que garantice protección en la vejez, reconozca todos los aportes y combine cobertura, equidad y sostenibilidad financiera, con resguardo de los derechos adquiridos.

Estas líneas de acción se ordenan a continuación en un cronograma de corto, mediano y largo plazo, que comienza por las medidas más urgentes para restaurar el tejido social.

En el corto plazo

• Corregir gradualmente el atraso cambiario hacia un tipo de cambio real alto y competitivo y avanzar hacia tasas de interés bajas mediante una transición administrada, de acuerdo con los pilares macroeconómicos de esta propuesta, para recuperar competitividad y construir una economía capaz de exportar más, con medidas que protejan los ingresos de los sectores más vulnerables durante la transición.

• Utilizar herramientas arancelarias y paraarancelarias, incluido el establecimiento de cupos en ciertos sectores claves para proteger el empleo y la producción nacional, defendiendo sectores estratégicos sin cerrar la economía.

• Iniciar durante los primeros doce meses el diseño de la reforma previsional: convocar una mesa técnica y federal, relevar aportes y prestaciones y preparar las evaluaciones de cobertura, suficiencia y sostenibilidad. Esta etapa preparatoria no anticipará cambios en los requisitos de jubilación ni se contabilizará como ahorro para financiar la emergencia.

Como medida de emergencia, también en el corto plazo, se propone un Plan de  Salvataje de PyMEs a través de un Régimen de Emergencia y Fomento de Empresas PyME (REFEP), de carácter excepcional, que contemple:

• Alivio financiero: renegociación de las deudas preexistentes con bancos oficiales en 36 a 60 cuotas, y préstamos de bancos oficiales a 60 meses para refinanciar y suspender ejecuciones y embargos no fiscales, en ambos casos con tasas preferenciales.

• Alivio fiscal: suspensión de las ejecuciones fiscales preexistentes y refinanciación de las deudas impositivas en hasta 60 cuotas, con tasas preferenciales que fijarán ARCA y los demás organismos competentes.

• Importación productiva: durante 60 meses, reducción o exención de impuestos internos, aranceles y tasas para maquinarias, repuestos e insumos que no se produzcan en el país, así como para tecnología, equipos e insumos médicos sin producción local, con control de destino.

• Régimen de leasing: exención del 75 % del Impuesto a las Ganancias, aplicada como adelanto, para la adquisición de vehículos de trabajo (de carga, de transporte y utilitarios).

• Empleo: exención por 36 meses de los aportes patronales y personales para trabajadores de hasta 40 años con estabilidad laboral (LCT 20.744), con reconocimiento pleno de esos períodos a los fines previsionales y compensación del Tesoro al sistema de seguridad social, y exención impositiva total por 36 meses para la contratación de nuevos trabajadores menores de 30 años, con capacitación homologada de al menos 24 meses, ART obligatoria y certificados con validez en todo el país.

• Autoridad de aplicación: la Secretaría de Trabajo de la Nación y ARCA, que seleccionarán y calificarán en tres niveles a las empresas inscriptas en el REFEP según su actividad, capacidad y situación económico-financiera.

• Escala y mercados: integración de las PyMEs a las cadenas de valor y a la demanda externa, creación de un Sistema Nacional de Compre PyME (SINACOPy) e inclusión en las cámaras de comercio internacionales.

• Fortalecimiento institucional: restablecer la Secretaría de Comercio Interior, con subsecretarías de PyMEs y de Comercio, y recuperar las capacidades de ARCA.

El REFEP tendrá una vigencia inicial de doce meses para la incorporación y calificación de empresas, prorrogable por ley. Los beneficios otorgados durante su vigencia podrán extenderse por los plazos específicos previstos para cada instrumento, incluidos los programas de refinanciación y empleo.

Para el mediano plazo

• Una verdadera reforma laboral, construida a través del diálogo social entre trabajadores, empresarios, emprendedores y PyMEs, que son los actores centrales de la economía real, y no diseñada exclusivamente a la medida de los intereses de las grandes empresas. Esta reforma, que formará parte del amplio acuerdo nacional que impulsa esta propuesta, dará continuidad a las medidas de empleo y formalización del plan de salvataje de PyMEs.

• Una reforma previsional integral, con un piso de protección y un componente proporcional a todos los aportes, revisión de privilegios, movilidad previsible y transición financiada, conforme al apartado específico. Su aprobación requerirá un informe actuarial y un acuerdo federal. El diseño comenzará en el primer año; el debate y la aprobación se impulsarán en el mediano plazo, mientras que la transición y sus efectos estructurales se desarrollarán gradualmente en el largo plazo.

• Una reforma tributaria profunda y progresiva, en los términos planteados en la reforma del Estado, que complete la modernización de la estructura fiscal, simplifique el sistema, contribuya a reducir los costos de producir en el país y asegure una distribución del ingreso más justa. El objetivo final de la reforma es dejar solo unos 6 o 7 impuestos principales vigentes. Su aplicación respetará las etapas y condiciones de reemplazo de recursos previstas en el esquema de financiamiento.

• Una reforma financiera que garantice la estabilidad del sistema equilibrando el rol de la banca privada y la pública y que incentive el crédito productivo por encima de la especulación y el carry trade.

• Un proyecto productivo nacional impulsado por el Estado, que genere las condiciones para que sea el sector privado el que invierta, produzca, innove y genere empleo.

• Una política de soberanía sobre los recursos estratégicos que restablezca los límites a la extranjerización de la tierra rural, condicione los beneficios del RIGI al agregado de valor, el empleo y los proveedores nacionales, y fortalezca a YPF y a los organismos científico-tecnológicos del Estado.

Para el largo plazo

• Un gran proyecto de infraestructura nacional que involucre energía, especialmente renovable; rutas, ferrocarriles, puertos y vías navegables; y una verdadera red logística que permita conectar la producción con el mercado interno y, fundamentalmente, con el mundo.

• Un sistema de construcción y financiamiento de la infraestructura de transporte mediante licitación internacional y concesiones a 30 o 40 años, en el que el Estado nacional conserve la titularidad de las obras y cumpla su rol coordinador planificando, controlando y fiscalizando su ejecución sin asumir necesariamente la inversión directa en los proyectos comercialmente viables, con los límites y riesgos fiscales establecidos en el apartado de financiamiento, comenzando por la recuperación de la red de rutas nacionales y de los ramales ferroviarios. Las concesiones deberán incluir exigencias de proveedores, empleo y tecnología nacionales, en línea con los compromisos de soberanía de esta propuesta. Este esquema permite concentrar la inversión pública directa en educación, ciencia y tecnología.

• Obras prioritarias: un puerto de aguas profundas en Samborombón o Mar del Plata (con estudios de factibilidad ya aprobados); la Red Federal de Autopistas, con colectoras; un corredor ferroviario entre el puerto de aguas profundas argentino y uno en Chile; y la canalización del Paraná (terminación), del río Negro y del Bermejo, entre otros.

Todo este plan responde a una idea central, ya anticipada al tratar la soberanía: es necesario dejar de pensar la Argentina solamente fronteras adentro y empezar a pensarla fronteras afuera. El país debe producir más, pero sobre todo producir con valor agregado, generar marcas, desarrollar tecnología, conquistar mercados y construir una verdadera Marca País.

Ese camino no podrá recorrerse en un solo mandato. Por eso, la Unión Cívica Radical convoca a las fuerzas políticas y sociales a una tregua política y a un amplio acuerdo nacional que permita sostener este plan de acción a lo largo de varios períodos presidenciales, más allá de quién gobierne.

En definitiva, se trata de pasar de una Argentina que ni siquiera alcanza a administrar sus problemas a una Argentina que los ha superado: una Argentina soberana y con justicia social, que produce, agrega valor y sale a competir en el mundo.

Apéndice 1: Lecciones de la historia económica argentina

En el siguiente cuadro se analizan varios períodos significativos de la historia económica argentina, tratando de extraer enseñanzas de ella que puedan servir para enfrentar el deterioro de la situación vigente. Se puede observar que varios de los períodos de mayor crecimiento coincidieron con un tipo de cambio real (TCR) competitivo, un mayor dinamismo exportador y el aumento de la ocupación, mientras que otros se apoyaron en la estabilidad de precios o en programas de estabilización. Se destacan siete ejemplos, de distinto signo político e institucional, que se citan solo por sus resultados económicos y no implican una valoración de los gobiernos que los condujeron.

El período 1956–1973 confirma el papel del tipo de cambio: aun con déficit fiscal y alta inestabilidad política, un TCR alto se asoció a un crecimiento significativo del PBI global y del PBI per cápita. En contraste, los períodos de “dólar barato” (1978–1981, 1990–2001 y 2007–2015) terminaron en crisis o en estancamiento, con desempleo y desindustrialización: con alta inflación, como en 1981; con deflación y recesión prolongada, como entre 1998 y 2001; o con restricciones cambiarias, estancamiento y una fuerte devaluación, como en 2015.

Comisión de Economía de la Fundación Ricardo Rojas

Ing. Miguel Ponce (Coordinador Comisión Economía): Ing. Patricio Castro, Lic. Mauro Del Barrio, Lic. Marcelo Di Ciano, CPN Susana Feito, Lic. Cristina López, Lic. Juan Manuel Magliano, Dr. Luis Alberto Rey, Dr. Humberto José Kelo Vignoli, Dr. Derecho Penal y Economía, Gustavo Zunino.