El actual gobierno ha presentado como su objetivo primordial la eliminación de la inflación, usando para ello un violento ajuste fiscal con una reducción nunca vista del gasto y la inversión pública, y el atraso cambiario como ancla. Ha hecho explícita una estrategia de cambio de modelo económico, pasando de uno industrial con relativa protección del Estado a uno esencialmente extractivista con un rol mínimo del Estado.

Este modelo y esta política están fracasando: después de 33 meses, sus resultados han sido un deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores, con mayor pobreza multidimensional, un aumento del desempleo y el cierre de miles de empresas, sin siquiera haber logrado reducir la inflación al nivel del promedio de la región.

La gravedad de este cuadro no debe subestimarse. La Argentina se encuentra envuelta en una profunda crisis económica y social, cuyos efectos erosionan día a día la cohesión de la sociedad. De no revertirse esta situación, el creciente malestar puede derivar en una conflictividad capaz de alterar la paz social y poner en riesgo la convivencia democrática.

Por eso, un cambio de rumbo resulta urgente. Un desafío de esta magnitud no puede ser afrontado por una sola fuerza política: exige una tregua política y un amplio acuerdo nacional que sostenga un plan de gobierno más allá de un único período presidencial.

A continuación, se presenta un diagnóstico breve de la situación actual, complementado con las lecciones de la historia económica argentina, y una propuesta de cambio de modelo que permita iniciar la reconstrucción de la República y recomponer la justicia social.

La propuesta incluye sus pilares macroeconómicos, las reformas institucionales necesarias, una reivindicación de la soberanía y del desarrollo nacional y un plan de acción para el corto, mediano y largo plazo, inspirado siempre en los principios y valores de la Unión Cívica Radical.

La situación argentina actual

Breve diagnóstico

El giro descripto ha profundizado la crisis social y productiva del país. Sus principales efectos pueden agruparse en tres ejes.

Impacto social y productivo

• Aumento significativo de la pobreza multidimensional, que las mediciones basadas solo en ingresos no reflejan plenamente.

• Crecimiento del desempleo.

• Cierre masivo de empresas, especialmente pequeñas y medianas.

Educación, ciencia y competitividad

La pérdida de calidad de la educación pública y el deterioro del sistema científico y técnico agravan la falta de competitividad del país y limitan la creación de empleos de calidad.

Rol del Estado y políticas productivas

Las políticas de apoyo a la industria nacional y a la generación de empleo formal se han debilitado debido a:

• La reducción del rol del Estado nacional.

• La insuficiente articulación entre los distintos niveles de gobierno.

• La falta de regulaciones claras.

Como resultado, han aumentado la informalidad y la desigualdad.

Balance general

En su conjunto, el panorama revela una escasa diversificación productiva y una débil protección social, lo que evidencia un modelo económico poco sostenible y excluyente.

Lecciones de la historia económica argentina

Este deterioro contrasta con las enseñanzas de la propia historia económica argentina. Varios de los períodos de mayor crecimiento coincidieron con un tipo de cambio real (TCR) competitivo, un mayor dinamismo exportador y el aumento de la ocupación, mientras que otros se apoyaron en la estabilidad de precios o en programas de estabilización. Se destacan siete ejemplos, de distinto signo político e institucional, que se citan solo por sus resultados económicos y no implican una valoración de los gobiernos que los condujeron:

El período 1956–1973 confirma el papel del tipo de cambio: aun con déficit fiscal y alta inestabilidad política, un TCR alto se asoció a un crecimiento significativo del PBI global y del PBI per cápita. En contraste, los períodos de “dólar barato” (1978–1981, 1990–2001 y 2007–2008) desembocaron en crisis con alto desempleo y desindustrialización, acompañadas de alta inflación, como en 1981, o de deflación y recesión prolongada,ccomo entre 1998 y 2001.

Conclusión del diagnóstico

Tanto el diagnóstico como la experiencia histórica conducen a la misma conclusión: la combinación de un Estado mínimo y un dólar atrasado no ha traído la estabilidad prometida, sino mayor exclusión y un debilitamiento del aparato productivo. En cambio, varios de los períodos de mayor crecimiento del país se apoyaron en la producción, las exportaciones y el empleo. Superar esta crisis exigirá, como primer paso, medidas de emergencia en el corto plazo, para luego avanzar hacia el nuevo modelo que se desarrolla en la sección siguiente.

Propuesta de modelo económico bajo los principios de la UCR

La prioridad de esta propuesta es clara: dar respuesta a los problemas concretos de la gente. Detrás de cada indicador hay familias que no llegan a fin de mes, jóvenes que no encuentran empleo y pequeñas empresas que se ven obligadas a cerrar. El orden macroeconómico no es un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio del bienestar de los argentinos. Por eso, la Unión Cívica Radical sostiene que solo el retorno del crecimiento, la generación de empleo de calidad y una distribución justa del ingreso permitirán mejorar, de manera sostenida, la situación de los sectores más desfavorecidos.
Lograrlo exige, además, políticas que trasciendan a cada gobierno. En ese marco, esta propuesta plantea como objetivo nacional alcanzar, mediante una tregua política, un amplio acuerdo nacional entre las principales fuerzas políticas y sociales que promueva un plan de acción de gobierno sustentable, sostenido a lo largo de varios períodos presidenciales. Sobre esa convicción y ese compromiso se apoyan los cinco principios que se presentan a continuación.

1. Presencia estatal estratégica y equilibrada:

El Estado debe tomar un rol activo y coordinador para recuperar un desarrollo económico diversificado, instaurando reglas claras y transparencia que promuevan la competencia justa, mientras fomenta la inversión privada nacional y extranjera, evitando la captura regulatoria.

2. Prioridad a la generación de empleo formal y de calidad:

Fomentar la creación de empleos en una combinación de sectores (industrial-manufacturero, servicios especializados y economía verde), conectando las políticas productivas con la formación técnica y universitaria de calidad que se desarrolla en el principio siguiente.

3. Fortalecimiento del sistema educativo y científico-técnico:

Impulsar una reforma profunda de la educación pública que garantice acceso y calidad, así como una robusta inversión en ciencia, tecnología e innovación para mejorar competitividad y empleo.

4. Descentralización con coordinación nacional:

Otorgar a provincias y municipios mayor protagonismo en la gestión de problemas locales, garantizando alineación con el modelo nacional para fortalecer el desarrollo regional equilibrado.

5. Políticas sociales inclusivas pero sustentables:

Reforzar redes de protección social que no se limiten al asistencialismo puntual, sino que promuevan la inclusión mediante acceso a salud, educación, empleo y vivienda digna, recuperando la justicia social.

Estos principios solo pueden sostenerse sobre bases macroeconómicas sólidas, sobre un Estado transparente y eficiente y sobre la capacidad del país de decidir su propio destino.
Por eso, la propuesta se completa con los pilares macroeconómicos, las reformas institucionales y los compromisos de soberanía y desarrollo nacional que se detallan a continuación.

Pilares macroeconómicos: el debate por el desarrollo productivo

La propuesta se apoya en una estrategia de desarrollo basada en el crecimiento industrial y agropecuario, con un tipo de cambio real alto (dólar competitivo) que fomente las exportaciones y evite el estancamiento económico. Se trata de una política económica responsable que fortalezca la producción nacional y la demanda de empleo, para lo cual es necesario equilibrar los dos precios básicos de la macroeconomía, que guardan entre sí una relación inversa:

• Un tipo de cambio real alto y competitivo, que incentive las exportaciones de bienes transables con alto valor agregado y, en consecuencia, una mayor productividad agroindustrial y energética.

• Tasas de interés bajas, que impulsen el crédito y la inversión privada para producir más bienes transables exportables, aumentar la demanda laboral, elevar el ingreso per cápita y expandir el consumo.

Para lograr ese equilibrio deben cumplirse, previamente, dos condiciones (el superávit fiscal y la meritocracia en la función pública), y debe tenerse en cuenta el punto de partida desde el cual se aplicarán:

• Superávit fiscal, alcanzado no mediante el recorte del gasto y la inversión pública, como hace el actual gobierno, sino mediante la optimización de los recursos genuinos a través de una reforma y modernización del Estado. Esa reforma comenzará por la estructura tributaria y aduanera (con la lucha contra la evasión como primer paso y una reforma tributaria progresiva que se completará en el mediano plazo), la matriz energética y minera, el sistema educativo y la salud pública. Este objetivo debe compatibilizarse con el costo de las exenciones del plan de salvataje de PyMEs, con la reducción gradual de los impuestos sobre el consumo y con la mayor inversión en educación, ciencia y tecnología. Para ello resultan clave la reducción de la evasión, del contrabando y de la fuga de capitales, y una mayor contribución de quienes tienen mayor capacidad contributiva.

• Meritocracia en la función pública, con capacitación permanente y respeto por la carrera administrativa, a través de una Escuela Superior de Formación, Capacitación y Administración Pública obligatoria para agentes y futuros funcionarios, en dos niveles: profesional y técnico.

• Un punto de partida: la recesión actual, pese a su elevado costo social, ofrece el contexto en el que estas medidas pueden aplicarse como parte de un programa económico de crecimiento.

Esta estrategia se complementa con:

• Desarrollismo agroindustrial: incentivos equilibrados a la inversión en el sector agropecuario y en la industria (alimentos, siderurgia, petroquímica, bienes de capital, energía y minería) para lograr un crecimiento sostenible y permanente, con el agregado de valor en el país como criterio central, a diferencia de un modelo que se limita a extraer y exportar recursos sin procesar.

• Bancarización obligatoria de todos los habitantes, para reducir la evasión fiscal y la fuga de capitales.

• Debate público por un modelo productivo: una discusión sostenida contra la idea de que la apreciación cambiaria (el dólar “pisado” o atrasado) es beneficiosa, proponiendo en su lugar una política orientada a la producción, en línea con las experiencias argentinas de crecimiento con tipo de cambio competitivo.

Reforma del Estado, transparencia y lucha contra la corrupción

Un Estado más eficiente y equitativo requiere un sistema tributario más justo y un combate efectivo contra la corrupción y la impunidad, indispensable para generar un marco de certidumbre y confianza. Para ello se proponen las siguientes medidas:

• Modernización de la estructura fiscal: actualización de la legislación fiscal, reforma del sistema jubilatorio y previsional, y combate contra el contrabando, el narcotráfico y la evasión y elusión fiscal, cuya reducción permitirá financiar una reforma tributaria más equitativa sin comprometer las cuentas públicas.

• Reforma tributaria progresiva: un sistema impositivo en el que contribuya proporcionalmente más quien tiene mayor capacidad contributiva, que reduzca gradualmente el peso de los impuestos regresivos sobre el consumo, que hoy afectan en mayor medida a los sectores de menores ingresos, y que asegure una distribución del ingreso más justa. Esta reforma, que se completará en el mediano plazo, contribuirá a revertir el aumento de la desigualdad señalado en el diagnóstico.

• Fuero tributario y aduanero: disolución del Tribunal Fiscal de la Nación, ya que el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones judiciales según la Constitución Nacional, y creación de un fuero especial contencioso administrativo federal en la materia.

• Control administrativo-financiero: creación de un Tribunal General de Cuentas de la Nación (TGCN), con autarquía y autonomía funcional y dependiente del Congreso, a cargo de la auditoría previa. La Auditoría General de la Nación (AGN) mantendría la auditoría posterior y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) se limitaría a las empresas del Estado o con participación accionaria estatal mayoritaria. El TGCN estaría integrado por tres vocales con estabilidad hasta los 75 años, designados y removidos por dos tercios del Congreso, con formación en derecho, economía, ciencias actuariales o contabilidad, y sin antecedentes penales.

• Defensa de la competencia y del consumidor: actualización de la Ley de Defensa de la Competencia, creación de un Tribunal Federal de Defensa de la Competencia y de un Tribunal Federal de Consumo (Ley 24.240), e invitación a las provincias a crear sus propios tribunales.

• Reforma del Código Penal: triplicar las penas de prisión para los delitos contra el Estado y la Administración Pública, adecuar las multas correspondientes y declararlos imprescriptibles, con fundamento en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que considera un atentado contra el sistema democrático el grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento. Asimismo, restringir la excarcelación en estos delitos dentro de los límites que fija la Constitución, dado que la Corte Suprema ha declarado inconstitucional la prohibición legal automática de excarcelar.

• Integridad pública: leyes de Ficha Limpia, de incompatibilidades en la función pública y de extinción de dominio.

• Otras reformas: reforma judicial, reforma del Código de Minería y nueva legislación ambiental consensuada con las provincias.

• Revisión normativa: análisis del RIGI y del Súper RIGI, del Decreto 70/2023 y de la Ley Bases, con el objetivo de exigir a los grandes proyectos compromisos de agregado de valor, empleo y proveedores nacionales, y de restablecer los límites a la extranjerización de la tierra rural, según los criterios de soberanía que se desarrollan a continuación.

Soberanía y desarrollo nacional: la tradición radical

La defensa de lo nacional forma parte de la identidad de la Unión Cívica Radical desde sus orígenes. Hipólito Yrigoyen sostuvo la neutralidad argentina durante la Primera Guerra Mundial frente a las presiones de las potencias, y en 1922 creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), cuya conducción asumió poco después, durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, el general Enrique Mosconi, con la convicción de que el petróleo era un recurso estratégico que debía estar al servicio del desarrollo del país. Arturo Illia anuló los contratos petroleros que comprometían ese patrimonio e impulsó la Ley Oñativia de medicamentos, aun a costa de enfrentar a poderosos intereses externos. Raúl Alfonsín, por su parte, defendió la paz y la integración regional con el Tratado de Paz y Amistad con Chile y el acercamiento con Brasil que sentó las bases del Mercosur, sostuvo el reclamo por Malvinas por la vía diplomática y planteó con firmeza la cuestión de la deuda externa en los foros internacionales.

Esa tradición contrasta con la política extranjerizante del actual gobierno, que concibe al país como un mero proveedor de materias primas y cede, sin contrapartidas, instrumentos esenciales de decisión nacional. Así lo muestran un régimen de grandes inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por décadas con exigencias mínimas de agregado de valor, empleo y proveedores nacionales; la privatización de empresas públicas estratégicas; la derogación, mediante el Decreto 70/2023, de los límites a la extranjerización de la tierra rural; una apertura importadora indiscriminada que desplaza a la producción y al trabajo argentinos; la dependencia creciente del endeudamiento y del auxilio financiero externo; y una política exterior de alineamiento automático, con señales de ambigüedad frente a la causa Malvinas.

Para el radicalismo, la soberanía no significa aislamiento ni rechazo del capital extranjero, que es bienvenido, sino la capacidad del país de decidir su propio destino y de que la inversión, nacional o extranjera, se subordine al interés nacional y al bienestar de los argentinos. En ese sentido, se proponen los siguientes compromisos:

• Recursos naturales estratégicos: hidrocarburos, litio, minería, agua y pesca gestionados con criterio de largo plazo, respetando el dominio originario de las provincias, promoviendo su industrialización en origen y fortaleciendo a YPF como herramienta estratégica del desarrollo energético nacional.

• Inversión al servicio del país: en el marco de la revisión del RIGI, exigir a los grandes proyectos compromisos de integración de proveedores nacionales, transferencia tecnológica, empleo argentino y agregado de valor local.

• Tierra y territorio: restablecer los límites a la propiedad extranjera de la tierra rural y proteger las zonas de frontera y los recursos hídricos.

• Empresas y capacidades estratégicas: preservar bajo control nacional las áreas clave de energía, transporte, comunicaciones y conocimiento, y fortalecer instituciones como el CONICET, el INTA, el INTI, la CNEA, ARSAT e INVAP.

• Malvinas y Atlántico Sur: sostener el reclamo por la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por las vías pacíficas y diplomáticas, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, como establece la Constitución Nacional, y reforzar el control sobre los recursos pesqueros, el mar argentino y las vías navegables.

• Política exterior autónoma: relaciones con todos los países sin alineamientos automáticos, defensa del multilateralismo y fortalecimiento de la integración regional y del Mercosur.

• Endeudamiento responsable: deuda externa con aprobación del Congreso y destinada a la inversión productiva, nunca a financiar la fuga de capitales ni a sostener un dólar atrasado.

No hay desarrollo posible sin soberanía, ni soberanía real sin un proyecto productivo nacional que genere trabajo y bienestar para todos los argentinos. Así lo entendieron Yrigoyen, Illia y Alfonsín. Por eso, la apertura al mundo que propone este documento no es una entrega: salir a competir fronteras afuera exige, ante todo, un país dueño de sus decisiones.

Plan de acción

El siguiente plan de acciones concretas, orientado a recuperar la justicia social y el desarrollo inclusivo en línea con los valores de la Unión Cívica Radical, se organiza en dos partes: primero, las líneas de acción para cada uno de los cinco principios del modelo; luego, un cronograma de corto, mediano y largo plazo que integra los pilares macroeconómicos, las reformas propuestas y los compromisos de soberanía y desarrollo nacional.

1. Presencia estatal estratégica y equilibrada

• Establecer un marco regulatorio claro, previsible y transparente para inversiones nacionales y extranjeras, con organismos autónomos que eviten su captura política o empresarial.

• Crear incentivos fiscales y crediticios para sectores productivos que generen empleo formal y de calidad.

• Impulsar políticas industriales orientadas a la diversificación y el valor agregado.

• Fortalecer la supervisión y control de mercados para evitar abusos monopólicos.

2. Prioridad a la generación de empleo formal y de calidad

• Desarrollar programas de capacitación técnica y profesional en articulación con demandas sectoriales.

• Promover la formalización laboral mediante incentivos y simplificación administrativa para PYMEs.

• Fomentar la economía verde y tecnologías limpias a través de subsidios y transferencia tecnológica.

• Impulsar la creación de clusters regionales que integren producción, servicios e innovación.

3. Fortalecimiento del sistema educativo y científico-técnico

• Incrementar la inversión pública en educación primaria, secundaria y superior, priorizando infraestructura y formación docente.

• Modernizar los currículos educativos, incluyendo competencias digitales, idiomas y pensamiento crítico. Incorporar la educación económica desde al nivel medio.

• Aumentar el financiamiento a universidades y centros de investigación vinculados a sectores clave para el desarrollo productivo.

• Crear incentivos para la vinculación efectiva entre academia, industria y estado.

4. Descentralización con coordinación nacional

• Transferir recursos y competencias a provincias y municipios para atender problemas locales, con mecanismos de rendición de cuentas claros.

• Establecer consejos federales con participación de todos los niveles de gobierno para diseñar políticas regionales integradas.

• Fomentar planes de desarrollo territorial y económico con visión integral y sostenible.

• Facilitar la coordinación de inversiones en infraestructura para conectar mercados y regiones.

5. Políticas sociales inclusivas pero sustentables

• Implementar programas integrales de inclusión que articulen acceso a educación, salud, vivienda y empleo protegido.

• Fortalecer los sistemas de protección social, con un financiamiento sostenible basado en un sistema tributario progresivo, para evitar la pobreza multidimensional y no solo atender ingresos parciales.

• Diseñar políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, especialmente para jóvenes, mujeres y sectores vulnerables.

• Impulsar el desarrollo local comunitario y cooperativo como parte de un enfoque de economía social.

Estas líneas de acción se ordenan a continuación en un cronograma de corto, mediano y largo plazo, que comienza por las medidas más urgentes para restaurar el tejido social.

En el corto plazo,

• Corregir el atraso cambiario hacia un tipo de cambio real alto y competitivo y avanzar hacia tasas de interés bajas, de acuerdo con los pilares macroeconómicos de esta propuesta, para recuperar competitividad y construir una economía capaz de exportar más, con medidas que protejan los ingresos de los sectores más vulnerables durante la transición.

• Utilizar herramientas arancelarias y paraarancelarias, incluido el establecimiento de cupos en ciertos sectores claves para proteger el empleo y la producción nacional, defendiendo sectores estratégicos sin cerrar la economía.

Como medida de emergencia, también en el corto plazo, se propone un Plan de Salvataje de PyMEs a través de un Régimen de Emergencia y Fomento de Empresas PyME (REFEP), de carácter excepcional, que contemple:

• Alivio financiero: renegociación de las deudas preexistentes con bancos oficiales en 36 a 60 cuotas, y préstamos de bancos oficiales a 60 meses para refinanciar y suspender ejecuciones y embargos no fiscales, en ambos casos con tasas preferenciales.

• Alivio fiscal: suspensión de las ejecuciones fiscales preexistentes y refinanciación de las deudas impositivas en hasta 60 cuotas, con tasas preferenciales que fijarán ARCA y los demás organismos competentes.

• Libre importación: durante 60 meses, sin impuestos internos, aranceles ni tasas, de maquinarias, repuestos e insumos que no se produzcan en el país, así como de tecnología, equipos e insumos médicos sin producción local.

• Régimen de leasing: exención del 75 % del Impuesto a las Ganancias, aplicada como adelanto, para la adquisición de vehículos de trabajo (de carga, de transporte y utilitarios).

• Empleo: exención por 36 meses de los aportes patronales y personales para trabajadores de hasta 40 años con estabilidad laboral (LCT 20.744), con reconocimiento pleno de esos períodos a los fines previsionales y compensación del Tesoro al sistema de seguridad social, y exención impositiva total por 36 meses para la contratación de nuevos trabajadores menores de 30 años, con capacitación homologada de al menos 24 meses, ART obligatoria y certificados con validez en todo el país.

• Autoridad de aplicación: la Secretaría de Trabajo de la Nación y ARCA, que seleccionarán y calificarán en tres niveles a las empresas inscriptas en el REFEP según su actividad, capacidad y situación económico-financiera.

• Escala y mercados: integración de las PyMEs a las cadenas de valor y a la demanda externa, creación de un Sistema Nacional de Compre PyME (SINACOPy) e inclusión en las cámaras de comercio internacionales.

• Fortalecimiento institucional: restablecer la Secretaría de Comercio Interior, con subsecretarías de PyMEs y de Comercio, y recuperar las capacidades de ARCA.

Para el mediano plazo,

• Una verdadera reforma laboral, construida a través del diálogo social entre trabajadores, empresarios, emprendedores y PyMEs, que son los actores centrales de la economía real, y no diseñada exclusivamente a la medida de los intereses de las grandes empresas. Esta reforma, que formará parte del amplio acuerdo nacional que impulsa esta propuesta, dará continuidad a las medidas de empleo y formalización del plan de salvataje de PyMEs.

• Una reforma tributaria profunda y progresiva, en los términos planteados en la reforma del Estado, que complete la modernización de la estructura fiscal, simplifique el sistema, contribuya a reducir los costos de producir en el país y asegure una distribución del ingreso más justa. El objetivo final de la reforma es dejar solo unos 6 o 7 impuestos principales vigentes.

• Una reforma financiera que garantice la estabilidad del sistema equilibrando el rol de la banca privada y la pública y que incentive el crédito productivo por encima de la especulación y el carry trade.

• Un proyecto productivo nacional impulsado por el Estado, que genere las condiciones para que sea el sector privado el que invierta, produzca, innove y genere empleo.

• Una política de soberanía sobre los recursos estratégicos que restablezca los límites a la extranjerización de la tierra rural, condicione los beneficios del RIGI al agregado de valor, el empleo y los proveedores nacionales, y fortalezca a YPF y a los organismos científico-tecnológicos del Estado.

Para el largo plazo,

• Un gran proyecto de infraestructura nacional que involucre energía, especialmente renovable; rutas, ferrocarriles, puertos y vías navegables; y una verdadera red logística que permita conectar la producción con el mercado interno y, fundamentalmente, con el mundo.

• Un sistema de construcción y financiamiento de la infraestructura de transporte mediante licitación internacional y concesiones a 30 o 40 años, en el que el Estado nacional conserve la titularidad de las obras y cumpla su rol coordinador planificando, controlando y fiscalizando su ejecución sin invertir directamente (modelo europeo), comenzando por la recuperación de la red de rutas nacionales y de los ramales ferroviarios. Las concesiones deberán incluir exigencias de proveedores, empleo y tecnología nacionales, en línea con los compromisos de soberanía de esta propuesta. Este esquema permite concentrar la inversión pública directa en educación, ciencia y tecnología.

• Obras prioritarias: un puerto de aguas profundas en Samborombón o Mar del Plata (con estudios de factibilidad ya aprobados); la Red Federal de Autopistas, con colectoras; un corredor ferroviario entre el puerto de aguas profundas argentino y uno en Chile; y la canalización del Paraná (terminación), del río Negro y del Bermejo, entre otros.

Todo este plan responde a una idea central, ya anticipada al tratar la soberanía: es necesario dejar de pensar la Argentina solamente fronteras adentro y empezar a pensarla fronteras afuera. El país debe producir más, pero sobre todo producir con valor agregado, generar marcas, desarrollar tecnología, conquistar mercados y construir una verdadera Marca País.

Ese camino no podrá recorrerse en un solo mandato. Por eso, la Unión Cívica Radical convoca a las fuerzas políticas y sociales a una tregua política y a un amplio acuerdo nacional que permita sostener este plan de acción a lo largo de varios períodos presidenciales, más allá de quién gobierne.

En definitiva, se trata de pasar de una Argentina que ni siquiera alcanza a administrar sus problemas a una Argentina que los ha superado: una Argentina soberana y con justicia social, que produce, agrega valor y sale a competir en el mundo.

Comisión de Economía de la Fundación Ricardo Rojas